España lleva a Canadá al Tribunal de La Haya y Bruselas advierte sobre posibles represalias

La presión política sobre Canadá, aunque insuficiente según el Gobierno español, está a punto de conseguir un desbloqueo de la negociación pesquera. España presentó ayerdemanda contra Canadá ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por violación del derecho internacional. La Comisión advirtió a Ottawa que, si sigue con sus agresiones, "las consecuencias sobre nuestras relaciones desbordarán el estricto marco de la pesca". Resultado: las conversaciones técnicas mantenidas ayer en Bruselas empezaban a perfilar la posibilidad de acuerdo, mientras la flota española faenaba en Terranova.

La demanda se basa en cuatro principios:-Violación del principio de competencia exclusiva del Estado del pabellón del buque en alta mar.

- Violación de la libertad de navegación en alta mar.

- Violación de la libertad de pesca en alta mar.

- Violación del convenio de cooperación multilateral NAFO de 1978.

Los tres primeros principios están recogidos en el Convenio de Alta Mar de 1952 y en el del derecho del Mar de 1982. Canadá no acepta la competencia del Tribunal de La Haya en materia de pesca. Y su ministro de Pesca, Brian Tobin, calificó ayer de "propaganda" la acción española. España, por su parte, pide además que Canadá satisfaga los daños originados por el conflicto y que La Haya rechace la legislación canadiense.

Las negociaciones se desarrollaron ayer en Bruselas "con un sentido positivo", según, fuentes canadienses. "En un clima mejor", según la Comisión. Continuarán hoy, para concretar un paquete de tres capítulos con cesiones mutuas.

Políticamente, Canadá reconsideraría su ley del 3 de marzo por la que se autorizaba a ejercer de policía más allá de las 200 millas de su costa. A cambio, la UE podría avenirse a que durante un período transitorio, el control se efectuase mediante inspectores a bordo, contra su pretensión inicial de que el control fuese vía satélite. Por último, Canadá reequilibraría su propuesta de cuotas: en lugar de pasar del 12% al 60% y de reducir la cuota europea desde el 75% al 12%, como propuso en febrero ante la NAFO (North Atlantic Fisheries Organization), se avendría a cuotas más equilibradas -quizá del 40% para cada parte- y sin parcelar las aguas.

Bases frágiles

Las bases de este paquete eran anoche aún muy frágiles, pero todo indicaba que las presiones habían obtenido algún resultado, siquiera no definitivo.

La advertencia comunitaria sobre las "consecuencias" fue realizada en la noche del lunes por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, en una conversación telefónica con el primer ministro canadiense, Jean Chrétien. Santer añadió que la UE estaba dispuesta a reanudar las negociaciones de alto nivel político siempre que no se reproduzcan las hostilidades contra los pesqueros europeos, y con el objetivo de una solución formal en el marco multilateral de la NAFO. En los mismos términos se expresó el presidente del Consejo en ejercicio, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, en una carta enviada a su homólogo canadiense, con quien se reunirá mañana en París.

Estas acciones diplomáticas, decididas el lunes en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes), perseguían aislar al radical Tobin, ejerciendo presión sobre sus colegas, supuestamente más proclives a cumplir la legalidad internacional.

Aunque Canadá sabe que no puede tensar mucho más la cuerda, también es consciente de que la solidaridad de su adversario, la UE, se rompería ante una decisión de imponerle sanciones comerciales. Ni todos los comisarios ni todos los Estados miembros siguen hasta sus últimas consecuencias la línea de firmeza propugnada por la comisaria Emma Bonino. Alemania, Holanda y Reino Unido mostraron sus reticencias a imponer sanciones comerciales a Canadá en la reunión del Coreper. Ayer, un alto funcionario británico aseguró que Londres "vetaría" una decisión de represalias comerciales porque violaría las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, el ministro británico de Agricultura, William Waldegrave, declaró una "buena dosis de simpatía" hacia Canadá aunque condenó el corte de redes y que no se aplique la legislación, informa desde Londres Lola Galán. Los pescadores del sur de Gran Bretaña colgaron en los mástiles de los barcos la bandera canadiense, en señal de apoyo a Canadá.

La solidaridad de los Quince con España existe, sí, pero limitada a lo diplomático. Lo más curioso es que Canadá amenazó hace algo más de un mes con sanciones comerciales a la UE -sobre las exportaciones europeas de vodka, cristal y calzado- como protesta por otro asunto: no haber recibido compensaciones por la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. Algo insólito, porque Canadá se beneficiará con unos cinco millones de ecus (800 millones de pesetas) anuales de la ampliación, mientras que el impacto de las sanciones sería de 8,5 millones de dólares canadienses (850 millones de pesetas). Pero la amenaza, que vencía ayer, se aplazó hasta el 5 de abril. Otro síntoma de que algo se estaba moviendo.

España exigirá visado a los canadienses desde el primero de abril, medida que no aplicará Canadá. La Embajada de ese país en España hizo ayer pública una nota en la que afirma que Canadá sigue buscando una solución negociada "sobre la protección de los stocks de peces amenazados".