¿Al fin un programa?

NO BASTA decir que se cuenta con un programa de Gobierno para que los electores lo crean. Ni siquiera basta contar con una publicación para blandir en la mano en los discursos electorales. La existencia de un programa de Gobierno es algo que hay que demostrar en el debate político y en los lances más imprevistos a que se ve sometido quien desea llegar a la responsabilidad del poder. Es interesante, en todo caso, que José María Aznar haya querido ex plicarse sobre sus buenos propósitos, aunque sea mediante la arriesgada fórmula de una entrevista perfectamente controlada. Pero deberá pasar ahora la prueba de su explicación y confrontación en los próximos días y semanas para comprobar si efectivamente los ciudadanos creen que Aznar sabe lo que va a hacer cuando gobierne o sigue ignorándolo. De entrada, el presidente del PP ha tenido la habilidad de tomar posiciones sobre las cuestiones que han ocasionado mayores dificultades al Gobierno socialista, mediante la sencilla técnica de propugnar exactamente lo contrario de lo que éste ha venido haciendo. Aznar hará todo lo posible por no vivir en La Moncloa, siempre que los servicios de seguridad resuelvan el problema. Se compromete a no pasar más de dos legislaturas en el Gobierno, en contraposición a las cuatro que ya lleva González. El número de ministros quedará reducido a 14 (dos menos que ahora), aunque, eso sí, volviendo a separar Interior y Justicia. Para el gusto de Aznar, los jueces no regresarían nunca a la carrera judicial después de pasar, por la política, pero como todo hay que acomodarlo, se puede buscar una fórmula de carencia temporal de dos años. El Consejo General del Poder Judicial regresará a la anterior fórmula, en la que 12 miembros serán elegidos por jueces y magistrados, y ocho, por el legislativo.

Algunas de sus propuestas no son, sin embargo, tan radicalmente contradictorias con la realidad actual como pudiera parecer, aunque Aznar se esfuerce en presentarlas como tales. El director general de RTVE, por ejemplo, seguirá siendo nombrado por el Gobierno, aunque sea mediante la propuesta de una terna al consejo de administración. El Gobierno seguirá nombrando también al fiscal general del Estado, pero sólo entre los fiscales. El servicio militar no permite llegar a mucha concreción, para evitar ulteriores dificultades de cumplimiento con lo prometido: Aznar se limita a asegurar que estudiará la fórmula del presidenciable francés Jacques Chirac (le seis meses de mili obligatoria.

Otras propuestas presentan dificultades, de encaje en los propios planteamientos del PP. La Administración única en las comunidades autónomas no casa con la oposición popular a la desaparición de los gobernadores civiles y de las diputaciones provinciales que propugnan, por ejemplo, los nacionalistas catalanes. El propio nombre del Ministerio de Fomento que se propone para sustituir al actual de Obras Públicas y Transportes corresponde a un Estado intervencionista y paternal, diseñado para fomentar la economía nacional, algo que tiene poco que ver con los planteamientos liberales del PP.

El programa económico es, en cualquier caso, el que ofrece mayores detalles para el debate político. El PP fue a las elecciones de 1993 propugnando la reducción de tipos de interés, la reforma del mercado de trabajo y el control del déficit. Todo ello ha sido incorporado, en buena parte por la influencia de CiU sobre los socialistas, a la acción del actual Gobierno. Ahora el PP se ve obligado a detallar su programa en términos de fiscalidad, mediante una fórmula que requiere mucha mayor concreción sobre las grandes cifras de los ingresos y gastos del Estado. En síntesis, se trata de una contorsión como mínimo difícil: bajar los impuestos y reducir el déficit sin tocar los gastos sociales, y más concretamente el sistema de pensiones, objeto de un compromiso solemne por parte de Aznar. Claro que el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB se pospone dos años, pese a que ésta ha sido una de las acusaciones constantes contra el Gobierno socialista.