La justicia y el interior

Cuando, bajo la batuta de Juan Alberto Belloch, se decidió la unificación en uno solo de los antiguos ministerios de Justicia e Interior, muchos clamaron contra el riesgo que podría existir de que -valgan las expresionesse interiorizara la Justicia más que se justiciara el Interior. Sin despreciar el estimable trabajo del ministro, e incluso posiblemente contra sus propios propósitos, lo cierto es que el tiempo parece estar dándole la razón a quienes abrigaban aquellos temores, porque el híbrido resultante de la unificación tiene mucho más la cara de Corcuera y Barrionuevo que la de la apacible dama de la balanza y los ojos tapados.Quienes trabajamos en el área de la solidaridad con los ciudadanos extranjeros competencia que, en sus aspectos de legalización de estancia, expulsiones, etcétera, depende del Ministerio de Justicia e Interior -contemplamos preocupados las continuas vueltas de tuerca que se dan a la política de extranjería en nuestro país. Y no porque no comprendamos que tiene que existir una política de extranjería, sino porque la que existe consiste básicamente en restringir, reprimir, denegar y expulsar, lo que supone la frecuente presencia de elementos de arbitrariedad, abuso y falta de garantías elementales en muchas de las decisiones que se adoptan. En definitiva, lo que es propio de Interior, la eficacia, tiene primacía absoluta sobre lo que es propio de Justicia, el respeto escrupuloso a la legalidad.

Esto, que podríamos denominar sin reparo auténtica fobia al inmigrante (no al extranjero en general, ya que cuando éste es famoso o acomodado el trato es sensiblemente diferente), se pone en evidencia continuamente, ya sea denegando la residencia en España a los extranjeros casados con españoles o que tienen hijos de nuestra nacionalidad; o impidiendo la reagrupación familiar entre extranjeros; o negando la legalización en España a personas que llevan ya muchos años residiendo aquí con una vida totalmente normalizada; o también, rechazando la concesión de visados para desarrollar actividades laborales que no afectan negativamente al mercado de trabajo nacional; o, en otras ocasiones, exigiendo continuamente la documentación a personas por el simple hecho de tener la piel de otro color. También se nota esa actitud cuando se aplican órdenes de expulsión sacadas del baúl de los recuerdos o se dictan otras absolutamente desproporcionadas con la infracción supuestamente cometida. Muchos extranjeros temen acudir a las dependencias policiales para cualquier gestión, con mucha más razón cuando son citados personalmente a ellas.

Sólo la justicia -entendiendo aquí por justicia a los jueces y tribunales- viene amparando en muchas ocasiones a los extranjeros ante la Administración, bien suspendiendo las órdenes de salida obligatoria o de expulsión del territorio español o bien fallando en su favor en los recursos presentados, sin que eso sirva para que se cambien los criterios aplicados en los nuevos casos que se someten a decisión administrativa.

Se plantea así la paradoja de que los órganos que integran la justicia tengan que estar frecuentemente enmendando la plana a un ministerio que se dice también de Justicia (aunque no sea, desde luego, su órgano de gobierno), Esta contradicción no deja de ser captada por quienes tienen la responsabilidad directa en la aplicación de la política de extranjería (delegados del Gobierno y gobernadores civiles), pero ello no les impide seguir actuando más como agentes de la mano derecha del ministerio -la de Interior- que de la izquierda -la de Justicia-

Así pues, al menos en lo que a la materia de extranjería se refiere, mucho nos tememos que el hermano siamés de Interior esté devorando a su hermano de Justicia. Empecemos a temblar si no se le acaba el apetito- Responsable del Centro de Información para Traballadores extranxeiros (CITE).