La responsabilidad del presidente

Si algún elemento positivo podemos encontrar en la crisis que atenaza a la política española está en que ha planteado por vez primera en nuestra aún joven democracia la gran cuestión de la responsabilidad política. Más exactamente, la responsabilidad política -que no penal- del presidente del Gobierno.El paso de la responsabilidad penal de los gobernantes a la responsabilidad política es gigantesco en términos históricos. Es abandonar la rígida y traumática responsabilidad penal del antiguo régimen cambiándola por el protagonismo de una exigencia de responsabilidad de naturaleza mucho más flexible e, indudablemente, la más adecuada a un régimen constitucional.

Éste es el tipo de responsabilidad que se pide asuma Felipe González por los gravísimos hechos que se han sucedido en la época socialista en el seno del Ministerio del Interior. A pesar de que este departamento es el eje vertebrador de un Gobierno, desplazando incluso, en los tiempos actuales, al Ministerio de Defensa, las graves responsabilidades que afectan a la cúpula de la Seguridad en los mandatos de Barrionuevo y Corcuera no llegarían a afectar al presidente, según la doctrina oficialmente mantenida por éste. Primero, porque el presidente no delinquió ni ordenó delinquir. Segundo, porque hay que esperar al dictamen de los jueces, a los que se convierte así en causantes de dimisiones o de otros efectos políticos.

Esta insostenible doctrina unifica interesadamente la responsabilidad jurídica con la política. Pero poco tienen que ver una y otra. Efectivamente, quien imputa alguna cosa a otro tiene que superar tres requisitos que el imputado es capaz de responder, que el imputado esté vinculado absolutamente al hecho o acto del que se le culpa y que la exigencia de ese hecho está judicialmente acreditada y probada. Basado en ello, el presidente del Gobierno no sena responsable.

Tales requisitos no se exigen en la vida política para desencadenar una responsabilidad. La responsabilidad política es de muy distinta naturaleza.

Para empezar, la responsabilidad política se predica siempre de quien tiene poder político en una democracia. Es la otra cara del poder. A más poder más responsabilidad. A más poder más dación de cuentas. Es exactamente lo opuesto a" la regla de una dictadura: cuanto menos responsabilidad más poder. Por eso, quien tiene atribuida -no poseída- autoridad gubernamental está especialmente sometido a la crítica y al escrutinio público.

En la responsabilidad política -a diferencia de la jurídica- no debe darse necesariamente una vinculación preestablecida en leyes entre un determinado hecho y una determinada consecuencia, porque la vida política está constituida por infinitas variables. Entre la imputación (la crítica) y la sanción (la pérdida o disminución del poder) no hay un lazo invisible, cierto, controlable, fijado. En política se puede sancionar sin imputar por mecanismos formales o judiciales.

Incluso, en la política, quien tiene poder responde por hechos o comportamientos de otros, y no sólo de forma excepcional como sucede en el derecho, sino constante y necesariament.

La responsabilidad política es, por definición, difusa y está fuera de la norma. No obstante, es tan importante para el sistema democrático que se ha canalizado constitucionalmente a través de las mociones de censura como último recurso contra quien no quiere asumir su responsabilidad. No es preciso, en todo caso, llegar a eso. La responsabilidad política existe, aunque no se exija jurídicamente. Además, la responsabilidad política es, seguramente, la más general e importante convención constitucional. (Rescigno). En España, es cierto, nos faltan precedentes para poder llegar a precedente porque sitúa el listón de la exigencia de responsabilidad demasiado alto. consolidar verdaderas convenciones constitucionales, y la no asunción de la misma. por González crea un mal precedente porque sitúa el listón de la exigencia de responsabilidad demasiado alto. Y ello contrasta con una opinión pública que exige esa responsabilidad gracias, dicho sea de paso, a la acción de jueces y medios de comunicación, cuya utilización más o menos escandalosa o demagógica es lamentable, pero no traslada de campo aquella responsabilidad. En los sistemas políticos modernos, condicionados por la potencia mediática, se da una personalización y espectacularización del mensaje que focaliza sobre el líder el juicio popular positivo o negativo.

No hay duda. El presidente del Gobierno -quien designa a los altos cargos del Estado- es responsable político de la crisis del Ministerio del Interior, y no lo remedia la huida hacia adelante que intenta apresuradamente limpiar jurídicamente lo que sólo políticamente puede limpiarse.

Como dice el filósofo Husson, estudioso de la teoría de la responsabilidad, "nuestros actos nos siguen". Como la sombra al cuerpo. Responder de esos actos -u omisiones- supone una interpelación: ¿qué has hecho?, ¿por qué y cómo? Son preguntas no contestadas por un presidente que decidió no dimitir. Pero todo el mundo comparte una idea: en la democracia la apelación al pueblo constituye el mecanismo supremo de manifestación de la responsabilidad política a un Gobierno -y a una oposición- por quien más legitimado está para pedirlado. Ésa parece ser la salida que queda. Mientras no se transite hacia la misma, el clima público será asfixiante y la inestabilidad política -con proyección a la evidente inestabilidad económica- seguirá existiendo porque ha devenido crónica aunque haya estabilidad parlamentaria. Y es que la responsabilidad política es el, alma de la democracia, y cuando, en su interpretación divergen los gobernantes y la oposición, resulta extremadamente complicado vertebrar una acción política, o sea, gobernar.