Los Verdes creen que Biomédica es una mpresa fantasma para lavado de dinero

"Biomédica es una empresa inactiva, sin domicilio social y que, según consta en los registros de Estados Unidos, se dedica a una actividadque no se corresponde con la presentada en España". Ésta es una de las conclusiones de la comparecencia de Ramiro Pinto, portavoz de Los Verdes de León, ante la comisión que investiga en las Cortes castellano-leonesas la actuación de la Junta (gobernada por el Partido Popular) en el proyecto de instalación de tres empresas de Biomédica en la capital leonesa.

El informe de este colectivo, realizado en su mayoría con documentos públicos y a través de una importante consultora de riesgo bancario, advierte del "alto riesgo que supone Biomédica por carecer de sustento financiero constatable" y señala que Biomédica no tiene propiedad alguna en Curagao, paraíso fiscal donde está registrada.Las sospechas de Los Verdes se inclinan hacia que "Biomédica es una empresa preparada para hacer una operación pantalla de lavado de dinero negro".

Respecto a los avales que, presuntamente, Biomédica iba a presentar, Pinto indicó ante la comisión que "no iban a proceder de los beneficios financieros dé la empresa y sí de los que, a su vez, en forma de subvención y terrenos, iban a concederle tanto el propio Ayuntamiento de León como el mismísimo Gobierno castellano-leonés", a cuya cabeza se encuentra Juan José Lucas, del PP.

El informe también aclara, según el representante de Los Verdes, que, mientras Biomédica apuntaba la posibilidad de crear e n León más de 306 puestos de trabajo, "en todo el mundo no ha creado hasta la fecha más de 20, y siempre sobre el papel tan sólo. Nunca este dato ha sido constatado de manera fehaciente".

Los Verdes de León presentaron una querella contra Biomédica hace varias semanas al comprobar, según Pínto, la sorpresa de los funcionarios judiciales de Curaçao, quienes manifestaron no creerse el proyecto de una empresa "inactiva, con un capital social de 12 millones de pesetas, cuyos componentes son de nacionalidad desconocida y que iba a recibir una subvención de 2.400 millones".

Además, el jueves pasado se pudo constatar que "Biomédica no tiene nada, ni una sola peseta en Curaçao", aseguró Pinto, que, como aspecto curioso, reveló que "la facturación de Biomédica a lo largo de sus cuatro o cinco años de existencia ha sido de 6.500 pesetas mientras que sus actividades son totalmente desconocidas".

Retirar la subvención

Pinto quiere que las Cortes regionales se personen en la querella, admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital leonesa, contra el presidente de la compañía en cuestión, Frank Wilbourne, para poder conocer "a fondo" los intereses y la verdadera intención de los promotores políticos de la fallida iniciativa empresarial.

Pinto considera que, tras numerosas prórrogas ofrecidas por la Junta de Castilla y León a Biomédica, el compromiso de subvención a fondo perdido de 2.400 millones se debe "retirar definitivamente" a tenor de las contradicciones que se conocen sobre los "papeles oficiales existentes y la realidad del asunto".

A la querella emprendida por Los Verdes por fraude a Hacienda, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas se han sumado Aedenat y otros dos grupos conservacionistas de la provincia (URZ y Gemal).

Ninguna de las cuestiones resaltadas en el informe presentado por Pinto -la inactividad de las empresas del supuesto holding, su "insolvencia manifiesta", la ausencia de avales y producción, su exigua plantilla y las recomendaciones de "prudencia" de diversas entidades bancarias- fueron estudiadas por la Junta de Castilla y León a la hora de otorgar a Biomédica una multimillonaria subvención a fondo perdido, que no llegó a materializarse ante la inconcreción de una fecha para el inicio de las obras de la primera factoría.

En línea con las dudas planteadas por Los Verdes, la comisión parlamentaria también tiene previsto solicitar a Andrew Ackernan, vicepresidente de Biomédica, que concrete si se ha decidido por parte de los accionistas de esta empresa seguir o no con el proyecto, así como continuar con la investigación diplomática para determinar si la multinacional se encuentra presuntamente relacionada con delitos de blanqueo de dinero en el paraíso fiscal de Curaçao.

Los trabajos de la comisión proseguirán la próxima semana con la comparecencia de técnicos del Ayuntamiento de León y de la Junta, así como del delegado territorial del Gobierno autonómico en esa provincia.