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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Curarse en salud

LA SOMBRA de la responsabilidad penal se cierne en estos momentos, aunque sea en lontananza, sobre algunos miembros en activo del Gobierno y sobre otros que lo han sido. Un antiguo secretario de Estado para la Seguridad se encuentra en prisión bajo graves imputaciones en el sumario de los GAL. En estas circunstancias, un mínimo de prudencia política -y de pudor- y sensibilidad frente a la irritación de la opinión pública hubiera aconsejado al Gobierno abstenerse de propugnar reformas legales sospechosas. de favorecer el fuero procesal de sus integrantes en el ámbito penal. No ha sido así.A rebufo de la llamada Ley del Gobierno -un viejo proyecto gubernamental que dormía en algún armario ministerial- se pretende ampliar el fuero procesal de los ministros y de los. secretarios de Estado hasta límites que sobrepasan en mucho los criterios restrictivos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo. Por primera vez se integra de manera expresa a los secretarios de Estado en el ámbito del Gobierno; se extiende también expresamente la competencia de la Sala Segunda del Supremo para juzgar a los ministros y secretarios de Estado cesantes, siempre que los hechos que se les imputan hayan estado relacionados con el ejercicio de sus cargos; y se otorga carácter retroactivo a la reforma, de modo que pueda afectar a los procesos no concluidos en el momento de su entrada en vigor. Tal pretensión, en las actuales circunstancias, no sólo tiene mucho de descaro. Es un auténtico escándalo.

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Está claro, además, que el Gobierno quiere que el proyecto entre en vigor cuanto antes. De lo contrario, no habría urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que emita su dictamen sobre el proyecto en el plazo de 15 días. Precisamente ha sido el artículo del proyecto referido a la ampliación del fuero procesal del presidente y de los miembros del Gobierno el que ha hecho imperativo solicitar el parecer del CGPJ. Y, aunque éste no sea vinculante, es de esperar que en esta ocasión el Gobierno lo tenga en cuenta. La iniciativa legislativa del Gobierno irrumpe en una materia delicada, reservada hasta ahora al criterio jurisprudencial de los tribunales y que afecta a derechos constitucionales básicos, como el de igualdad ante la ley. No sería, admisible, en ningún caso, que lo que es un privilegio y una excepción se interpretara de modo que suponga una vulneración los principios y normas legales que rigen para todos los españoles.

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Globalmente, el proyecto de Ley del Gobierno es pertinente. Responde a un mandato de desarrollo. constitucional (artículo 98 de la Constitución) referente a la composición y estatuto del Ejecutivo. Nada que objetar, pues, en este sentido.

También puede aceptarse su pretensión de incluir a los secretarios de Estado en la nómina del Gobierno. Está constitucionalmente legitimado para ello, de acuerdo con el referido artículo 98, que afirma, entre otras cosas, que el Gobierno, se compone también, de los demás miembros que establezca la ley". Es correcto igualmente el sistema de control político y legal que el proyecto de ley propugna para los actos del Gobierno. En este punto se da marcha atrás en la vieja pretensión de mantener un a zona de actuación gubernamental al margen del control de legalidad de los jueces. Se reconoce, sin ambages el control político por parte de las Cortes Generales y el legal por. parte del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, es dudoso que el Gobierno esté legitimado para ir más allá de lo que va la Constitución en la determinación del fuero procesal que le ha de amparar. Precisar las circunstancias y los supuestos en los que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo", como dice el artículo 102 de la Constitución; es tarea más bien de los tribunales que de una ley. Meterse, pues, en terreno ajeno puede ser incluso inconstitucional. Y hacerlo ahora, un intento apenas disimulado del Gobierno de curarse en salud.

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