El regreso de la muerte

Lamento discrepar una vez más. Hablar en este caso del "brillante servicio" policial constituye simplemente una profanación. Estamos ante el horror de la muerte, con unos culpables aún sin nombre que merecen verse incluidos en la larga lista de enemigos de la humanidad que ha producido nuestro siglo. Después de 12 años de ocultación, los muertos están ahí, frente a nosotros, y sólo cabe extraer una conclusión: la exigencia inexorable de esclarecer a fondo el caso GAL, tanto desde las instancias judiciales como desde las políticas. No hacerlo es apootar por la destrucción de la democracia y por la puesta en cuestión del propio Estado español.Es un momento de clarificación. Nadie debe dar la espalda a este crimen odioso, del mismo modo que nadie debió dar la espalda al asesinato de Gregorio Ordóñez hace dos meses sentándose a negociar como si tal cosa sobre hipotéticas paces e hipotéticas autodeterminaciones con aquellos que justificaron políticamente el asesinato. Una vez más quedan al descubierto las responsabilidades no sólo del Gobierno, sino también del PNV de Arzalluz. En Madrid, sus portavoces hacen alardes de sensibilidad y observaciones llenas de buen sentido. Pero en Euskadi ponen en marcha una operación que da la razón al sistema ETA, haciendo de un atentado mortal el detonador para la puesta en marcha de una negociación en el propio terreno de HB, mientras en el Congreso el PNV contribuye a bloquear la entrada en funcionamiento de comisiones de investigación para esclarecer la trama de los GAL.

El hecho es que ni la sociedad vasca ni la sociedad española en su conjunto pueden seguir envueltas en una atmósfera de sangre y de corrupción. Y por lo que toca a los GAL, la salida es bien simple. En primer término, la colaboración del Ministerio del Interior para que efectivamente los jueces dispongan de todos los datos. En segundo, fin del cerco puesto a las actuaciones judiciales. Y en tercero, establecimiento de una comisión parlamentaria cuyas investigaciones esclarezcan todo el proceso de actos delictivos que acompaña al caso GAL y publicación inmediata de este análisis para que la sociedad española conozca por boca de sus representantes qué es lo sucedido efectivamente. Es una labor de análisis y explicación que aquí y ahora resulta imprescindible. Si nuestros parlamentarios no saben cómo hacer esto, que lean lo realizado por sus colegas italianos sobre la Mafia o la Camorra, donde no faltan datos que ponen en tela de juicio el comportamiento de ministros, jefes de policía o responsables de servicios secretos. Puede y debe hacerse, aunque esperar esto del grupo parlamentario del PSOE, y de sus dignos asociados de CiU y PNV, sea tanto como pedirle peras al olmo. Para eso está el Parlamento. No para establecer responsabilidades penales, pero sí para profundizar en unos problemas de cuya resolución depende aquí y ahora tanto el Estado de derecho como la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sin olvidar el efecto demoledor que esta trágica confusión puede estar produciendo en los demócratas vascos.

En fin, clarificación y responsabilidades. El ex ministro José Barrionuevo está en su derecho de protegerse ante eventuales acciones judiciales tanto con su silencio como al conservar la condición de diputado. Pero lo que es justificable desde el punto de vista de los derechos individuales no lo es desde una responsabilidad política. Como no tiene sentido su permanencia en el grupo parlamentario, que aparece así como corresponsable de las tropelías que pudo cometer o autorizar uno de sus miembros. Si Barrionuevo es inocente, póngase sin escudo a disposición de la justicia. Ni el PSOE ni la democracia tienen por qué pagar la factura política de este crimen.

Epílogo. González condena el "execrable crimen" y respalda "el buen hacer" de Barrionuevo. Lecturas posibles: misterio inescrutable o confesión de culpabilidad.