¿Hubo "injusticia ramplona" contra la Casa de la Moneda?

Una afirmación acerca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, relacionada con el tema de la corrupción política, aparecida en el artículo de opinión del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez el 7 de marzo pasado en este diario, ha levantado la indignación entre los directivos y trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, un colectivo de 1.700 trabajadores.Así lo ha hecho saber, en carta dirigida al Defensor del Lector, María Teresa Iza Echave, secretaria general y directora de recursos humanos de la Casa de la Moneda, quien acusa al magistrado de haber caído, "en una injusticia fácil y ramplona". Sin duda, un juicio grave y severo.

El artículo del magistrado Perfecto Andrés, titulado Política y banquillo, analizaba el problema de la corrupción en las diversas instituciones del Estado. "Se mire por donde se mire", escribía el magistrado, "una parte cualitativamente muy representativa de lo que suele entenderse como el núcleo duro del Estado, de quienes lo han encarnado en los últimos años, está en el banquillo, y con él, de alguna forma -objetivamente si se quiere-, la propia gestión de esa área de la actividad estatal".

Y añadía: "Ocurre, es necesario repetirlo, porque la judicialización (que es un ejercicio de normalidad constitucional en este caso) parece que ha estado precedida por un gravísimo cuadro de degradación criminal de la política: de la Casa de la Moneda al BOE, del Banco de España al Ministerio del Interior".

Y la alusión a la Casa de la Moneda y Timbre como ejemplo de "degradación criminal de la política" es lo que ha molestado a dicha institución del Estado, cuya secretaria general y directora de recursos humanos, María Teresa Iza, escribe así a este departamento: "La naturaleza de los productos que fabricamos convierte la afirmación en una grave calumnia que afecta no sólo al honor de cuantos formamos parte de la FNMT, sino a la imagen de la empresa, deteriorando la confianza de nuestros clientes". Y exige "una rectificación que contribuya. a paliar, los daños morales, y tal vez económicos, que se derivan de semejantes afirmaciones, vertidas en este caso desde las columnas de un periódico".

Y, en carta dirigida al autor del artículo -cuya copia ha enviado al Defensor del Lector-, la secretaria general de la Casa de la Moneda escribe: "Me cuesta entender que un magistrado de su talla intelectual, garante de la justicia y con sobradas capacidades para crear opinión desde las columnas del diario de mayor tirada del país, caiga en la injusticia fácil. y ramplona de extender el delito de un solo individuo, con nombre y apellido, destituido y procesado hace años, al actual colectivo de 1.700 personas que, día a día, ponemos nuestra capacidad laboral, sin escatimar esfuerzo, al servicio de un objetivo común: crear, fabricar e investigar medidas de seguridad que protejan al ciudadano contra los más variados tipos de fraude en documentos de valor e identidad".

Un caso emblemático

Dada la gravedad de las acusaciones por parte de la secretaria general de la Casa de la Moneda, el Defensor del Lector ha interpelado al magistrado Perfecto Andrés, autor de la afirmación incriminada, pidiéndole una aclaración sobre la misma.. Y ésta ha sido su respuesta: "Me produce estupefacción el eco de la referencia -en mi artículo- a la Casa de la Moneda como una de las instituciones en que se había producido un fenómeno grave de ilegalidad criminal. Y no entiendo que un solo trabajador o directivo de la institución, ajeno al caso, haya podido sentirse aludido, como no creo que la mención pueda producir alguna duda al respecto en la opinión pública".Y explica: "Yo reflexionaba sólo sobre la gestión política posterior al 82. El caso de la Casa de la Moneda es emblemático porque lo es la institución; es uno de los primeros casos de corrupción en esta etapa; y, además, ya hay condenas. Cierto que los hechos son de hace diez años, pero eso es lo que los hace significativos: ya en 1983. Con todo, la sentencia firme data de hace dos años. En fin, el asunto es de absoluta notoriedad, y la opinión pública, desde luego el lector de EL PMS, ha tenido información abundante y sabe -como en los casos BOE y Banco de España- que los implicados son únicamente algunos sujetos de designación política (en este caso director y subdirector). Esto es lo que hacía pertinente la cita".

Y concluye el magistrado: "Por eso no puedo aceptar que -con patente falta de razón- se me impute injusticia en el trato donde sólo había ejercicio fundado de la libertad de crítica. Ésta tenía por único objeto a los responsables políticos de ése y otros casos que denotan un gravísimo cuadro de degradación criminal de la política. Insisto en lo de la política, donde no consigo entender que alguien quiera integrar a los 1.700 trabajadores de la Casa de la Moneda y Timbre, que, además, tiene su propia voz y -naturalmente, ¡faltaría más!-, como la propia institución, todo mi respeto".

La opinión no se toca

El Defensor del Lector cree importante la aclaración del autor del artículo de que en ningún momento pretendió ofender -con su crítica al caso concreto de corrupción política que sacudió hace diez años a la Casa de la Moneda- a los actuales trabajadores y responsables de dicha institución.¿Debía haber pedido este diario al autor del artículo que aclarase en su crítica que se trataba de un caso ocurrido hace diez años y que había involucrado sólo a dos de sus directivos políticos para refrescar así la memoria de los lectores que hubiesen podido olvidarlo?

Hermann Tertsch, subdirector responsable del área de Opinión, asegura que no. "Las columnas y tribunas reflejan", dice, "únicamente la opinión de su autor. Y en caso de que una referencia sea motivo de malestar de algún lector por cuestiones de interpretación, el periódico se limita a facilitar el contacto entre aquél y el autor para las aclaraciones que ellos consideren pertinentes".

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número 91 / 337 78 36.