El juez inculpa a seis personas por la tragedia del cine Bilbao

Santiago Pedraz, juez instructor de la tragedia del cine Bilbao, ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a seis personas como presuntas responsables del desplome de la marquesina. que costó la vida a seis personas e hirió gravemente a otras 12 el 27 de enero de 1993. Aparte de sentarles en el banquillo, los acusados tendrán que pagar una fianza de 600 millones de pesetas para hacer frente a los daños humanos y materiales que acarreó el accidente. Si no la pagan (aunque hay compañías aseguradoras de por medio), el juez ordenará el embargo de todos los bienes de los inculpados, según han informado fuentes de las partes.Las seis personas que compartirán banquillo son Florentino Reyzábal, copropietario con su hermano Julián del cine Bilbao; Ricardo Rodríguez Sánchez, director comercial de Andamios In -la empresa propietaria del andamio que provocó el desplome de la marquesina-; el empleado de esa empresa José Pereda García y el arquitecto, Pedro Valero de la Parra. Asimismo, se sentarán en el banquillo Juan Fernández Romo y Juan José Sánchez Martín, vinculados a la empresa JF Montajes y Construcciones, SL, una subcontrata de Andamios In que se encargó del desmontaje del andamio.

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El juicio se celebrará dentro de varios meses en un juzgado de lo penal de la plaza de Castilla. La Fiscalía de Madrid ya ha calificado los hechos. Aparte de solicitar que se abra juicio oral contra estas seis personas -lo que se ha cumplido-, el fiscal pide para cada uno de ellos, en su escrito de acusación provisional, penas que rondan los seis meses de cárcel. Les acusa de haber cometido un delito de imprudencia temeraria. Los abogados que defienden a las familias de las víctimas también han formulado sus respectivos escritos de acusación, y en ellos, según los citados medios, se piden penas de cárcel muy superiores a las que reclama el fiscal.

El juez excluye de responsabilidad al Ayuntamiento

El juez ha decidido exonerar de responsabilidad por el accidente del cine Bilbao al Ayuntamiento de Madrid y a otras 15 personas, entre las que estaban el concejal de seguridad y policía municipal, Carlos López Collado; la presidenta de la Junta Municipal de Chamberí, Mercedes de la Merced, y a los tres obreros marroquíes de la firma JF Montajes y Construcciones que trabajaban sobre la marquesina cuando ésta se desplomó y atrapó mortalmente a seis ciudadanos. Se trata de los inmigrantes Abderrazaz Lahrach, Abdelati el Mousati y Sid el Maalmi.

Sobre López Collado, por elevación, pesaba el hecho de ser el máximo responsable de los empleados municipales -bomberos y policía local- que deben supervisar el estado de las instalaciones públicas de la capital.

A los 600 millones de fianza impuestos por el juez deben hacer frente, como responsables civiles directos, las compañías de seguros Allianz-Rass, SA; Mapfre Insdustrial, SA; Asepeyo Equidad, SA, y. Lepanto, SA; y como responsables civiles subsidiarios, la empresa propietaria del cine, Bilbao, SA, y las que participaron en la instalación del andamio que se colocó sobre la marquesina para cambiar un cartel: Andamios In y JF Montajes y Construcciones, SL.

El magistrado, según consta en el citado auto, ha decidido excluir del procedimiento al Ayuntamiento de Madrid por "no haberse constituido, como parte acusadora", explica Santiago Pedraz en su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el 29 de enero de 1994, casi un año después de la tragedia, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, aseguró públicamente que el municipio se personaría como parte acusadora en las diligencias. No ha sido así.

También ha sido excluido del proceso judicial el cartelista Gaspar Pérez, la persona a la que recurrió la propiedad del cine Bilbao para encargarse del nuevo cartelón de la fachada con vistas al estreno de la película Sister act.

Para colocar el andamio que le facilitase ese trabajo, Gaspar Pérez contrató a la empresa Andamios In. Gaspar Pérez falleció víctima de un tumor cerebral en mayo de 1993, pero en el contrato con el cine había firmado una cláusula en la que asumía no sólo la tarea de obtener todos los permisos y licencias, sino la responsabilidad "de todos los daños materiales y personales que puedan ser causados por o con el material arrendado".

Además de los ediles y los operarios antes citados, el magistrado ha optado también por no sentar en el banquillo a las siguientes personas, cuyo grado de responsabilidad en el siniestro también ha sido indagado a lo largo de la instrucción: Casimiro Maroto Fuente (gerente en aquella época de la sala Bilbao), José Valero de la Parra, Ramón Valero de la Parra, José Antonio Sánchez Neira, José Luis Pamies López, Ramón Martínez Rivero, Óscar Acero Fernández, Mariano García Bachiller, Jesús Martín Lázaro García (ayudante del cartelista ya fallecido Gaspar Pérez) e Inés Sánchez Corriendo (esposa del cartelista).

La investigación judicial, que ha durado algo más de dos años, la inició el magistrado José María Rodríguez Fernández, en la actualidad jubilado, y ha sido culminada por el actual titular del Juzgado número 26 de Madrid, Santiago Pedraz.

En las diligencias figura un informe pericial, encargado por el juez, en el que se pone de manifiesto "el deterioro progresivo" que sufría la marquesina del cine Bilbao. Indica el informe como probable causa del desplome de la marquesina el hecho de que los obreros apilasen 1.400 kilos de materiales (del desmontaje del andamio) en la parte donde el punto de apoyo de la cornisa era más débil.

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