"La nueva ley acercará mucho más la escuela pública a la sociedad"

Continuar la reforma del sistema educativo, emprendida por el Gobierno socialista en plena crisis económica, constituye la principal tarea asumida por Suárez Pertierra hace 19 meses. Con una recuperación económica aun balbuciente, aborda ahora -con el anteproyecto de ley sobre participación, evaluación y gobierno de los centros- la principal iniciativa de su mandato en el ámbito de la enseñanza preuniversitaria. Las críticas, antes de aprobarse el proyecto definitivo, no se han hecho esperar.Pregunta. Parece que el anteproyecto cuenta con un rechazo frontal de los sindicatos de profesores y con mayor aceptación entre las asociaciones de padres

Respuesta. No es ésa mi impresión. Creo que toda la comunidad educativa considera que la le aporta beneficios. Otra cosa y es que no satisfaga en algunos de sus extremos a algún sector. A juzgar por cómo se ha desarrollado el debate en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, creo que los sindicatos no tienen una oposición frontal. Espero que en la reunión del pleno, que se celebrará mañana, los sindicatos presenten sus enmiendas y que algunas puedan ser aceptadas y pueda llegarse a un consenso suficiente.

P. ¿Qué problemas aconsejan replantear la dirección de los centros escolares?

R. En estos momentos, en torno a un 50% de los directores son designados por la autoridad administrativa por falta de candidatos, probablemente porque hay poca motivación entre los profesores Por eso consideramos conveniente hacer más atractiva la función directiva. En ese sentido es bueno que el director, que seguirá siendo elegido sin alterar los principios de participación establecidos en la LOGSE, tenga mayores incentivos económicos, que sea él quien proponga a su propio equipo directivo y que, para desarrollar su proyecto. educativo concreto, se amplíe la duración de su mandato, puesto que los tres años actuales parecen insuficientes.

P. Las voces más críticas apuntan a que se acentúa la jerarquización. ¿Su departamento asume esa especie de perverso binomio gestión democrática-gestión ineficaz?

R. En modo alguno. Hay dos conquistas irrenunciables: la participación -que nosotros hemos potenciado con la LODE y con la LOGSE y creemos sinceramente que también potenciaremos con este proyecto- y la extensión de la escolaridad. Se trata de mantener, si no aumentar, las cotas de participación precisamente porque vinculamos la calidad y la eficiencia a la participación. ¿En qué sufre ésta si se le exige al candidato a director una acreditación de su idoneidad?

P. El PSOE sentía un claro rechazo de la función controladora y fiscalizadora de la inspección, que ahora parece acentuarse.

R. La ley mantiene nuestra filosofía sobre la inspección educativa, que vemos como un instrumento de orientación, estímulo y ayuda para la comunidad educativa. Evidentemente, la inspección constituye también uno de los elementos de control y evaluación de la enseñanza. Pero no hay que olvidar que, aunque algunos de los elementos para ese control los establece la Administración, otros corresponderán al consejo escolar del centro, al que se atribuye un papel fundamental en el establecimiento de las reglas del juego para la evaluación.

P. Es difícil no ver en el proyecto una recreación del cuerpo de inspectores, si se introduce el concurso-oposición para el acceso a esa categoría y la permanencia indefinida en la misma.

R. Por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública se suprimió el cuerpo de inspectores, que en modo alguno se recrea ahora. Normas de rango inferior han ido regulando la función inspectora. Pero creo que esa función adolece de una relativa indefinición, sobre todo por la diferente configuración que tiene en los diversos ámbitos del Estado. Lo que se hace ahora es estabilizar de una vez por todas esa función con rango de ley, constituir la categoría de inspector en un elemento de la carrera docente y, además, uniformarla en la base para el conjunto de las administraciones educativas.

P. El anteproyecto alude a la ampliación de las posibilidades de elección de colegio por parte de las familias ¿Cómo se conseguirá?

R. Con la ampliación de las zonas de influencia de los centros en relación al domicilio familiar, pero sobre todo porque pretendemos que la elección se produzca sobre la base de una información lo más amplia posible sobre la naturaleza de los centros y sus peculiaridades. Lo que busca la nueva ley es que cada centro tenga su propio proyecto educativo, que éste se haga público y que se hagan esfuerzos (y aquí la Administración tendrá que desempeñar también su papel) para que las familias estén bien informadas. ¿Y esta, insistencia en la publicidad por qué? Por algo que para el proyecto educativo socialista es fundamental. Buscamos, y, desde luego, yo personalmente busco, llegar a una relación entrañable de la sociedad con la escuela pública. Le recuerdo, en este sentido, nuestra iniciativa de abrir los centros educativos por las tardes para rentabilizar el uso social de las instalaciones escolares. La nueva ley va a contribuir sin duda aacercar mucho más laescuela pública a la sociedad.

P. El énfasis en la publicidad de los resultados de las evaluaciones ha suscitado también algunos recelos ¿Cómo se puede evitar la injusticia que supondría tratar en pie de igualdad a centros con poblaciones escolares extraordinariamente heterogéneas desde puntos de vista tales como situación socioeconómica, cultura de origen, etcétera?

R. La evaluación de los centros se hará no sólo en función de rendimientos académicos, de los resultados de los estudiantes, sino en función de otros factores. Por ejemplo, la organización o el desarrollo de actividades formativas que no se miden en términos de calificaciones académicas, y en definitiva, eso que hemos dado en llamar el clima educativo de un centro, sus peculiaridades, ese proyecto educativo que lo distingue de los demás.

P. ¿Qué garantías tienen los profesores de que la evaluación se hará con esas cautelas?

R. Con la voluntad política de que se van a matizar todos los indicadores de la calidad de la enseñanza en los sistemas de evaluación, que lógicamente no pueden estar pormenorizados en una ley de carácter general. Pero sí lo estarán en las normas de desarrollo del título de la ley sobre la evaluación. Y en ese desarrollo me comprometo a garantizar que participarán los profesores a través de sus representantes.

P. Siempre que la Administración habla de mejorar la calidad de la enseñanza, se le recuerda que ello tiene un coste económico ¿Cómo se explica, en este contexto, el recorte del presupuesto de Educación nada más empezar el ejercicio de 1995?

R. El recorte, como usted sabe, se enmarca en la firme decisión del Gobierno de contener el déficit público. Es evidente que si no resolvemos ese problema no puede haber servicios sociales avanzados. Creo sinceramente que el Gobierno da prioridad al gasto educativo. Es cierto que en 1995 el presupuesto de Educación crece más de dos puntos por encima de la media. Pero dejemos las cosas en su sitio. Ha habido un recorte de unos 8.000 millones de pesetas y un ajuste (quiere decir posibilidad de comprometer el gasto, pero no el pago) de otros 21.000 millones. Éstos se corresponden con la parte del presupuesto de 1994 no ejecutada. Nuestro departamento tiene uno de los índices de ejecución más altos: en torno al 98,5% en 1994. Si llegamos al 100%, el sistema educativo no va a verse sustancialmente afectado. En todo caso, la diferencia con otros departamentos a favor de Educación incluso se incrementa después del recorte.