Seis países europeos adelantarán la liberalización de telecomunicaciones
El G-7 propugna establecer reglas para ordenar la competencia sin concretar su vigilancia
![Xavier Vidal-Folch](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Faedae0bb-0d6e-459f-9dfe-2706e5fe4722.png?auth=a063b8a6c517022901a88a95f4c1505572e8da3a560efb661a27e9349d5e2921&width=100&height=100&smart=true)
Seis países europeos están dispuestos a recoger el guante de la apuesta norteamericana. El vicepresidente de EE UU, Al Gore, anunció que "este año" su país Ievantará las restricciones a las inversiones extranjeras en telecomunicaciones. Francia, Alemania, Suecia, Holanda, Finlandia y el Reino Unido están dispuestos a empujar en el proceso de desmantelamiento de sus monopolios de telecomunicaciones. Aunque, en el caso británico, la tarea está ya hecha. La Conferencia sobre la sociedad de la información del G-7 acabó ayer aprobando una carta de principios genéricos y 11 proyectos piloto.
La respuesta al anuncio liberalizador de Al Gore -las empresas extranjeras podrán comprar el ciento por ciento de una cadena de televisión o una empresa de telecos norteamericana, si el país del inversor tiene un trato "recíproco"- no vino de ningún país, sino del comisario europeo de la Competencia, Karel Van Miert.Van Miert recordó que "1998 es el plazo límite", antes del cual todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto los tecnológicamente más pobres (como España) que disponen de cinco años adicionales, "tienen que haber levantado todas las restricciones impuestas por cualquier protagonista del mercado para todos los servicios de telecomunicaciones sobre todas las infrastructuras".
Y dijo más. Dijo que seis países de la UE "están de acuerdo con la propuesta de la Comisión de acelerar, para antes de 1998, la liberalización del uso de las infrastructuras alternativas existentes, como el cable, las redes de las compañías ferroviarias y otras de servicio público".
Pero más allá de este anuncio, el impacto norteamericano ha dominado esta conferencia. Eso suele suceder, para cumplir la máxima de que Europa pone el paisaje y la intendencia, mientras que es Washington, más perspicaz y hablando con una sola voz, quien se lleva los éxitos políticos y mediáticos.
Van Miert auguró que a la liberalización le seguirá una intensificación de la política de alianzas entre empresas telecos de distintos países. En la Comisión Europea se cree inminente un anuncio "de colaboración, al menos" entre los gigantes francés y alemán, France Telecom y Deutsche Telekom.
Reglas para competir
El G-7 propugnó reglas que ordenen la competencia y el libre acceso de todos a los nuevos servicios, y fue optimista sobre su impacto, en la cultura y el empleo. En la defensa de la liberalización todos repitieron -con una insistencia que habría adormecido a Adam Smith- las virtudes del mercado abierto y la desventajas para los descolgados.
El más concreto a la hora de ilustrar sus beneficios fue el ministro japonés Hashimoto. Japón, proteccionista frente al exterior, está liberalizando en el interior: ha aumentado sus operadores de telefonía hasta 2.000, reduciendo el coste de instalación de teléfonos en un 60%.
Si los mercados se abren pueden invadirlos las pirañas. Ayer todos pidieron normas, para evitar que la destrucción de barreras implique la constitución de nuevos monopolios. Su vigilancia debe recaer en "una autoridad fuerte". "En un mercado único se necesita una autoridad única, y si el mercado es mundial, la autoridad debe ser mundial", reclamaron los italianos Alberto Cló y Agostino Gambino. Pero nadie concretó qué institución debe convertirse en el árbitro de este mercado.
También se pidieron reglas para proteger los derechos de propiedad intelectual y para asegurar la estandarización que permita la interoperabilidad, un asunto que preocupa a los ciudadanos, víctimas de la tortura de la incompatibilidad de distintos cachivaches electrónicos e informáticos. O son los industriales quienes se ponen de acuerdo, o es el poder político.
La Comisión, dijo Martin Bangemann, es partidaria de lo primero "porque en general la industria va más rápido y lo hace a menor coste". Pragmático, el ministro inglés de Telecomunicaciones, lan Taylor, sugirió que el Estado y los poderes públicos actúen. como "mediadores" para lograr que las empresas se pongan de acuerdo, sugerencia que fue celebrada por otros.
El principio del libre acceso, que todos aplaudieron, tiene dos facetas: acceso de todos los ciudadanos de los países ricos, evitando la sociedad dual, y también de los países en vías de desarrollo a las autopistas de la comunicación. Pero si el principio cae por su propio peso, nadie se atrevió a poner el cascabel clave al gato. ¿Qué hay que hacer para lograrlo?.
Interés público
Algunas aplicaciones de las autopistas son de interés público. Clinton se ha comprometido a que a final de siglo "todos los colegios, hospitales y bibliotecas estén conectados" a ellas, dijo el secretario de Estado de Comercio, Ronald Brown. Y ya que algunos de estos proyectos no interesan a los privados, "el Estado está obligado a ser su catalizador", añadió.
¿Cómo financiar en Europa proyectos como la educación a distancia, dados los déficit presupuestarlos y la escasez de gigantes empresariales?, se preguntó la comisaria Edith Cresson. Enseguida propuso crear fondos nacionales alimentados por un "pequeño impuesto" sobre los resultados de las empresas beneficiarias de la liberalización de las telecomunicaciones, que "aumentarán extraordinariamente" con el fin de los monopolios.
Las culturas minoritarias se beneficiarán del aumento de la oferta tecnológica y la consiguiente reducción de costes: "no sólo no morirán, sino que les abrirá un espacio", se sostuvo. Y lo mismo para el empleo a largo plazo, aún cuando en un principio, como sucedió con la máquina de vapor, lo destruya. Nadie discrepó de estas profecías.
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