El quinto de once
EL JUICIO que se celebra en Sevilla contra Juan Guerra es el quinto de los once previstos contra el hermano del ex vicepresidente del Gobierno. En éste se juzga la supuesta utilización para Fines particulares del despacho oficial que ocupaba en la Delegación del Gobierno. El antiguo ministro, de Cultura Jorge Semprún resumió en su día el caso Juan Guerra como la combinación de tres factores: enriquecimiento súbito, parentesco con el vicepresidente de entonces y utiliza ción de un despacho oficial. Este último elemento era lo que convertía en un problema político lo que en otro caso hubiera sido un asunto particular. De ahí el interés de este quinto juicio, que en realidad afecta a todos los demás.Juan Guerra fue absuelto en dos juicios relacionados con sendos casos concretos de supuesto tráfico de influencias: obtención de subvenciones públicas para un hotel y desvío de enfermos de la sanidad pública a una clínica privada. Los jueces constataron la dificultad de incluir las prácticas de que se acusaba a Juan Guerra en los supuestos contemplados en el Código Penal. Posteriormente, y en buena medida como consecuencia de este asunto, se introdujo el delito de tráfico de influencias. En otro juicio, éste relacionado con la presunta defraudación de 13 millones de pesetas a Hacienda, fue condenado en primera instancia a un año de prisión, pero la Audiencia de Sevilla revocó la sentencia. Lo contrario ocurrió en el celebrado en 1993 en relación a un intento de recalificación de un terreno comprado a bajo precio: absuelto en primera instancia, el Tribunal Supremo le condenó finalmente por un delito de inducción a la prevaricación.
Ahora responde de la acusación de malversación de caudales públicos y suplantación de personalidad de funcionario público, mantenidas por la acusación popular, pero no por el ministerio fiscal. ]Éste considera que el gasto -de luz, limpieza, etcétera- ocasionado por la oficina en que Juan Guerra recibía a sus visitas, evaluado en poco más de un millón de pesetas, no encaja con el concepto de malversación.
Se trata, en cualquier caso, del juicio más político de los once, puesto que en él se planteará hasta qué punto existió confusión entre las actividades privadas -y muy lucrativas- del ciudadano particular Juan Guerra; las del empleado del PSOE, compañero Juan
Guerra, y las del ocupante de un despacho público propiedad del Estado, don Juan Guerra. En un auto dictado hace tres años por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se admitía que el hermano del ex vicepresidente había hecho "un uso del despacho que excedía cuantitativa y cualitativamente los términos de la autorización".
