Los profesores temen ser fiscalizados si se aprueba la ley para la calidad de enseñanza

Todos piden calidad de enseñanza. La reclaman los profesores; la exigen los padres de los alumnos; la corean los estudiantes cuando se acercan a los últimos años de la secundaria y hasta el propio Ministerio de Educación reconoce su necesidad: el anteproyecto de ley la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, presentado hace unos días por el Ministro de Educación y Ciencia, Gustavo Suárez Pertierra, va precisamente dirigido a conseguir esa calidad en escuelas e institutos. El 24 de febrero, el texto será debatido en el Consejo Escolar del Estado (sindicatos de profesores, asociaciones de padres de alumnos, alumnos y representantes de la Administración).Si algo ha caracterizado hasta ahora esa demanda de calidad es que todos los colectivos la enfocan como si dependiera del otro. Los padres la remiten a los profesores; los profesores al Ministerio; los alumnos se quejan de sus maestros y éstos se lamentan del pasotismo de sus pupilos que, además, "vienen muy mal preparados de la primaria. Llegan a la secundaria sin saber leer, saben unir las letras pero no entienden lo que leen", comenta una profesora de bachillerato.

La reforma que viene siendo implantada desde 1991 nos iguala a los otros países de la UE en la obligatoriedad de escolarización hasta los 16 años. Pero esto y calidad no tiene por qué ir unido, los profesores temen que las clases se les llenen de repetidores y no puedan funcionar en una misma aula con alumnos con distinto nivele de preparación.

Contentos, pero menos

¿Todos contentos con el proyecto? No. Aunque la idea es aceptada en términos generales, las novedades ya están siendo sometidas a críticas. La nueva ley propone unos sistemas de evaluación y autoevaluación del profesorado y de los centros, con publicación de resultados para información de los padres. Esto permitiría a éstos elegir centro ya que está prevista una ampliación de las zonas de elección. "Aceptamos la evaluación del profesor siempre que sea voluntaria y que sea considerada adecuada por el consejo escolar del centro; y, por supuesto, si no va ligada a los aspectos retributivos", afirma Rafael Jerez, secretario general federal de FETE-UGT.

Defienden los docentes que la publicación de la evaluación sirva para mejorar la calidad y "no como elemento de represión o de presión por parte del sistema", añade Jerez. Los malpensados temen que el proyecto sea una cortina de humo que oculte recortes presupuestarios y el abandono por parte del Ministerio de su compromiso con poner en marcha el proyecto de red de centros (análisis de las condiciones de todos los centros del Estado e información sobre cómo están dotados, profesorado y personal de serviciso necesarios, medios, necesidades, etcétera). "Vamos a pedir la retirada del proyecto", comunica Rafael Jerez, "para disponer de más tiempo y estudiarlo despacio".

La consigna "esfuerzo por la calidad" es aceptada por los profesores, pero también ponen reparos en las posibles consecuencias. "Si tenemos que competir entre centros", señala Ana Cepeda, profesora de Lengua del Instituto de Bachillerato Lope de Vega de Madrid, "si se va a abrir una guerra para vender mejor el producto, entonces, no".

La nueva normativa forma parte del programa de 77 medidas para la mejora de la calidad de enseñanza que propuso el Ministerio hace un año. Refuerza el papel de los inspectores en los centros, que serían los que practicarían la evaluación externa, y también las funciones de los di rectores. "Es volver al pasado", dice Palmira García miembro del secretariado de STES (Confede ración de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza); "creía mos que se habían anulado los cuerpos de inspectores y de di rectores y ahora vuelven a apare cer los dos. Estamos consideran do la idea de parar el proyecto".

Si la evaluación externa se convierte. en la temida por los profesores "Iabor fiscalizadora", los docentes no estarán mucho por la labor. La nueva figura del director será aceptada "siempre que cualquier compañero pueda acceder a la formación propuesta por la ley para poder ejercer como director. Que se oferte a todos la posibilidad de adquirir ese perfil", afirma Rafael Jerez.

Sin cuerpo de directores

"En modo alguno se plantea la creación de un cuerpo de directores", explica Álvaro Marchesi, secretario de Estado de Educación. "La ley mantiene la elección del director por el consejo escolar de cada centro y su reno vación será cada cinco años (tres hasta ahora). Antiguamente el director entraba por oposición y era un cargo vitalicio". El modelo previsto sigue siendo participativo pero exige más méritos y preparación para ser director. "Sus potestades serán la mismas. Habrá un refuerzo de la función directiva porque va a haber una mayor autonomía de los centros. El refuerzo del papel del director incluye un mayor apoyo por parte de la Administración", añade Marchesi.

El Ministerio ha previsto retrasar las elecciones a director para los que terminen su mandato este curso con el fin de celebrar elecciones para cuando se prevé la entrada en vigor de la nueva ley, en el curso 1996 / 97.