El Congreso aprueba por unanimidad el control de los fondos reservados

Nadie hubiera podido adivinar la durísima batalla política que se libra actualmente en nuestro país si sólo hubiese asistido al debate que antecedió ayer, en el Pleno del Congreso, a la aprobación por unanimidad de los 304 diputados presentes de la Ley de Fondos Reservados. El consenso planeó sobre la Cámara e, incluso, los desacuerdos de Izquierda Unida fueron expresados por su portavoz, Antonio Romero, con notable suavidad.

El Congreso dio luz verde al proyecto, pendiente de debate en el Senado, que regula, por primera vez con rango de ley, la utilización y el control de los fondos reservados. Una escueta circular de los años sesenta era, hasta ahora, la única normativa sobre estos fondos opacos, destinados en teoría a garantizar la seguridad del Estado.Rodolfo Martín Villa, en nombre del Grupo Popular, adoptó una actitud extremadamente conciliadora, que mereció el agradecimiento expreso del portavoz socialista, José María Mohedano, y que concluyó en la retirada de cuatro enmiendas que mantenía el Grupo Popular, tras aceptar algunas transacciones de los socialistas.

Una de dichas modificaciones consiste en que el presidente del Gobierno reciba información "periódica" y no anual, como establecía el proyecto, sobre el uso de los fondos reservados, por parte de los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Justicia e Interior, quienes informarán también a una comisión del Congreso habilitada para conocer los asuntos de, carácter secreto.

El propio Mohedano subrayó que la. tramitación del texto se ha realizado en un ambiente de diálogo entre los grupos parlamentarios, "pese a que el clima externo no lo propiciaba".

Sin embargo, tanto socialistas como populares, y más tarde nacionalistas vascos y catalanes, se opusieron a la pretensión de Izquierda Unida de que el texto recogiese de manera expresa la facultad de los jueces para investigar delitos cometidos con dinero procedente de los fondos reservados. Hubo coincidiencia en argumentar que la legislación vigente ya permite este tipo de actuaciones judiciales, como demuestran las diligencias abiertas en varios juzgados y los pronunciamientos del Supremo, y en. que para regular ese aspecto sería necesaria, en todo caso, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En ese clima de entendimiento, la única voz de alarma, con un llamamiento a la sensatez, fue la del portavoz del PNV, José Joan González de Txabarri, quien insistió en que el proyecto roza el "límite" al que es posible llegar sin contradecir abiertamente el carácter secreto que deben mantener estos fondos y se permitió recordar que, en definitiva, será el talante moral de las personas a las que se encomiende su gestión la única garantía real de su buen uso. El Gobierno vasco dispone de sus propios fondos reservados para la Ertzaintza.

Durante este año, el Gobierno cuenta con 2.148 millones de pesetas para fondos reservados; una cantidad inferior a la que gastó el Ministerio de Interior por sí solo en 1992, con 2.327 millones de pesetas, en virtud de la ampliación de casi el 300% que sufrió el crédito inicial, supuestamente para pagar sobresueldos.