Golpe de efecto

EL DESPLANTE del diputado independiente del Grupo Socialista Ventura Pérez Mariño, que renunció a su escaño tras pedir la dimisión del presidente González, arruinó en buena medida el efecto estabilizador que tenía la aprobación de un programa de gobierno para 1995 por parte de socialistas y nacionalistas catalanes. Aunque se trate de una decisión individual, en el actual clima de crispación política ha venido a añadir un nuevo elemento de confusión. Tal como se había planteado el debate, que un miembro del Grupo Socialista asuma la tesis defendida por la oposición de que la pérdida de credibilidad de González le incapacita para seguir gobernando constituye un sabotaje a la estrategia del PSOE y CiU para dar continuidad y estabilidad a lo que resta de legislatura. Éste era el riesgo asumido por González al fichar diputados independientes como Pérez Mariño y Garzón. Pero siempre podrá argumentarse que tal vez, sin ese refuerzo de credibilidad que en su momento supuso su presencia en las listas socialistas, González no habría ganado las elecciones de 1993.Por lo demás, el debate confirmó que en España falta cultura de coalición. No es posible construir durante años un discurso sobre los males de la mayoría absoluta y, cuando ésta desaparece, descalificar al partido del Gobierno, por pactar su programa con un aliado que completa la mayoría. Y es especialmente incoherente que, tras haber criticado, no sin razón, el carácter semisecreto y más bien personal del apoyo de Pujol al Gobierno de González, se reproche ahora a ambos socios una iniciativa que viene a remediar esa irregularidad. La resolución conjunta presentada ayer a la Cámara por el PSOE y CiU podrá criticarse por su contenido, pero su existencia supone un avance indudable: el telefonazo de Pujol se sustituye por el compromiso público en sede parlamentaria, y los acuerdos genéricos y privados, por un programa de actuaciones discutido a la luz del día.

Las 27 propuestas presentadas por socialistas y nacionalistas conforman un sistema de prioridades bastante coherente con las preocupaciones de la sociedad, especialmente en materia economía y social. La búsqueda de un equilibrio entre crecimiento económico y cohesión social se traduce en España en la prioridad otorgada al objetivo de crear empleo. Precisamente porque los datos reales del paro son tan preocupantes como dijo el portavoz popular, Rodrigo Rato -en una intervención que tuvo más nervio que la de Aznar 24 horas antes-, esa combinación entre crecimiento y cohesión implica hacer compatible la reforma del mercado laboral con el mantenimiento de lo esencial del Estado de bienestar y el crecimiento de la competitividad con un clima sociolaboral no conflictivo. Lo que no es lógico es que cuando por fin comienzan a abordarse las reformas tan largamente aplazadas que se deducen de esa prioridad de lucha contra el paro arrecien las críticas con la excusa de considerarlas insuficientes. Además, la mayoría de las medidas tienen el mérito de la concreción, lo que permitirá juzgar el grado de cumplimiento de las mismas antes de fin de año.

Es cierto que tal como están las cosas la estabilidad política no sólo depende de los apoyos parlamentarios con que cuente el Gobierno; pero era obligación del Parlamento despejar las incertidumbres que sí dependen de la Cámara: un Ejecutivo de coalición habría sido una respuesta más apropiada, pero el acuerdo firmado ayer era la mejor de las alternativas probables. Se trata de un acuerdo de dos grupos, pero de tres partidos, y parece probable que haya sido la influencia de Unió, el socio de Pujol en la coalición CiU, la que ha determinado que en el programa no se incluyan algunas propuestas que figuraban entre los compromisos electorales del PSOE, como la reforma de la ley del aborto. Está en la lógica de las, coaliciones que el programa conjunto implique renuncias a planteamientos particulares de cada socio, pero, dado el carácter de la alianza -sin participación gubernamental-, no sería lógico que el PSOE renunciase a plantear por su cuenta el proyecto correspondiente.

En cuanto a la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre los GAL, presentada por IU y apoyada por el PP, entre otros, llega con tanto retraso que su oportunidad es ahora discutible. Ahora: no cuando los hechos se produjeron, hace una década, sino cuando la existencia de imputados con graves cargos y en prisión preventiva podría, producir una interferencia grave entre ambas vías, la penal y la política. Si esos imputados comparecieran en una comisión parlamentaria, lo harían sin las garantías del procedimiento penal. Y sin su presencia, esa comisión colgaría del vacío. De otro lado, ha sido el Partido Popular el que ha apostado desde el principio por la vía judicial para investigar el uso de los fondos reservados. Y no lo ha hecho arbitrariamente, sino precisamente porque de lo que se trataba era de investigar su uso presuntamente delictivo.