PSOE y CiU presentan un programa para un año de gobierno en el que aparcan los asuntos conflictivos

Socialistas y nacionalistas catalanes hicieron ayer un esfuerzo por expresar la acción concertada del Gobierno, al menos por un año. "No sólo no nos escondemos, sino que deseamos hacer partícipes a otros grupos de la acción del Gobierno,", manifestaron al alimón los portavoces del grupo catalán, Joaquim Molins, y del PSOE, Joaquín Almunia, en una comparecencia conjunta en la que destacaron que el programa pactado, con 27 compromisos concretos, ofrece "un horizonte temporal amplio", incluido el acuerdo de los presupuestos de 1996. El pacto entre CiU y PSOE ha orillado cuestiones espinosas para ambos grupos parlamentarios, como la modificación de la ley del aborto o la facilitación de los despidos.

Ambos temas ni siquiera fueron abordados en la negociación previa que hace ya una semana iniciaron los representantes socialistas y nacionalistas catalanes.La resolución conjunta del PSOE y CiU, inédita en los 10 años de debate sobre el estado de la nación, ha recogido también tres propuestas presentadas por el Partido Popular y una de Izquierda Unida. En el caso de los populares recoge un proyecto de ley de ayuda a las víctimas por delitos violentos; una propuesta sobre el incremento de dotación de medios a las distintas administraciones en la lucha contra los incendios forestales y un tercer compromiso de aprobación de la totalidad de los títulos de las familias de la nueva formación profesional. La resolución conjunta recoge también una propuesta de ley del menor procedente de Izquierda Unida.

Socialistas y nacionalistas catalanes se limitaron a recoger estas cuatro propuestas de la oposición y ninguna más para "evitar que se disperse la visualización de la mayoría que permite la gobernabilidad", según expresó el portavoz nacionalista catalán, Joaquim Molins.

Los 27 compromisos de la resolución conjunta son un desarrollo en sus líneas básicas de la comunicación que el Gobierno envió al Congreso el pasado 31 de enero: desarrollo en política económica y social; en política autonómica y municipal; compromiso sobre la presidencia española de la Unión Europea e impulso democrático y lucha contra el terrorismo. Tanto Almunia como Molins se esforzaron ayer en transmitir la idea de que el Gobierno, lejos de tener agotado su programa, mantiene aun unos compromisos que incluso podrían llevarle a agotar la legislatura, de no existir otros obstáculos exteriores que lo impidan.Concesiones

No obstante, la negociación ha implicado una serie de concesiones mutuas tanto por parte de los socialistas como de los nacionalistas catalanes. Así, los socialistas han aparcado su proyecto de ampliación del aborto en un cuarto supuesto y han difuminado su oferta de pacto local, una cuestión importante de cara a las próximas elecciones municipales. La resolución final se limita a comprometerse a modificar la ley reguladora de las haciendas locales para mejorar su situación financiera. La resolución no re coge ningún tipo de compromiso de pacto político, de cesión de competencias de las comunidades autónomas a los municipios, una cuestión a la que es reticente el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Por el lado de los nacionalistas catalanes, la negocia ción les ha obligado a moderar sensiblemente su propuesta de abaratamiento del despido. El texto de la resolución se limita a recoger el compromiso de prorrogar. en el presupuesto de 1996 las fórmulas de fomento de la contratación temporal e indefinida.

Al margen de estos aspectos, la negociación se ha limitado a pulir cuestiones menores como la posibilidad de que en 1995 se inicie la amortización anticipada en las inversiones creadoras de empleo.

Pero la parte sustancial del pacto de gobierno no ha presentado problemas en la negociación, después de año y medio de relaciones constantes entre socialistas y nacionalistas catalanes. La lucha contra el déficit público y la profundización en las reformas estructurales., como la Ley de' Comercio, la de Colegios Profesionales o la Ley del Suelo, son aspectos en los que ya existía un consenso previo, pues se abordaron en la reunión que Felipe González y Jordi Pujol mantuvieron a mediados de diciembre en el Palacio de la Moncloa.

Lo mismo sucede en el capítulo de la presidencia española de la Unión Europea, en el que la resolución se compromete a promover el desarrollo de la estrategia del Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo o el ejercicio simultáneo de la presidencia de la UEO, con la propiciación durante la misma del desarrollo de "una creciente identidad europea de seguridad y defensa".

El capítulo de impulso democrático tampoco ofrece sorpresas. La reforma de la legislación referente a los partidos políticos, así como la regulación de su financiación y su control a través del Tribunal de Cuentas, representa la parte sustancial del capítulo.

El acuerdo en materia de política autonómica y municipal elude expresamente la polémica sobre los gobernadores civiles. El compromiso alcanzado entre PSOE y CiU se limita a la remisión al Congreso del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración antes del mes de julio, con la pretensión de reducir sustancialmente la administración periférica del Estado, pero sin mayores concreciones. Tampoco presenta sorpresas la propuesta de profundizar en la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación de las autonomías para 1996.