La Comisión abre ex pediente a Iberia para determinar si la ayuda de 130.000 millones es legal

La larga marcha de Iberia en Bruselas empezó ayer. Es una peregrinación de la compañía y M Gobierno español pidiendo que se considere legal la ampliación de capital de 130.000 millones, a cargo de Teneo, para salvarla. El proceso se anuncia "duro y tormentoso", auguraron fuentes de la Comisión Europea, de la que depende autorizar o prohibir la inyección de dinero. El comisario de Transportes, Neil Kinnock, anunció al ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, la inmediata apertura del expediente investigador para comprobar si esta ayuda se ajusta al Tratado de la Unión. Eguiagaray calentó el ambiente: considerará "inaceptable" la denegación, anunció.

Juan Manuel Eguiagaray visitó al comisario para explicarle el plan de reconversión de Iberia y pedirle que la tramitación del expediente sea "lo más rápida posible" y que "en el peor de los casos no debería ir más allá del mes de junio", porque la situación Financiera de la compañía es angustiosa: "Iberia no puede esperar indefinidamente", dijo, puesto que en pocos meses corre el riesgo de exhibir un "patrimonio neto negativo".Se encontró con un Kinnock que ya conocía el plan, y que le comunicaba la inmediata apertura del expediente. Éste debe determinar si la inyección de capital en la compañía aérea pertenece a la categoría de las "ayudas de Estado", restringidas a muy pocos casos a fin de preservar la competencia. Al final serán los 20 votos de los comisarios los que decidan, por mayoría simple.

En realidad el proceso tiene tres fases. Primera, si la Comisión considera que las aportaciones de capital que hará Teneo (grupo de capital público "pero desvinculado de los presupuestos del Estado",. insistió Eguiagaray) son homologables a las que haría un inversor privado, no serían "ayudas de Estado" y el problema habría acabado. Segunda, si las califica de ayudas, puede considerarlas "compatibles" con el mercado común y autorizarlas. Tercera, si sospecha que pueden resultar incompatibles, abrirá un procedimiento formal de examen, en el que el Estado español y terceras partes interesadas presentarán sus observaciones en un mes.

Eguiagaray dijo ayer que tenía "pocas dudas" sobre la feliz resolución del expediente y opinó que "sería inaceptable que por interpretaciones jurídicas exacerbadas" se frustre "un proyecto que ha exigido un enorme esfuerzo en inversión y ajuste de plantilla".

Para Eguiagaray esta ayuda se ajusta. al Tratado. Eguiagaray enarboló un argumento que sorprenderá: la Comisión consideró realistas las previsiones que se hicieron en 1992, cuando se autorizó una ampliación de capital de 120.000 millones "habida cuenta de que el cabotaje general no se introducirá en Europa hasta 1997", y "en España", adujo, "se adelantó a 1993".

Al ser preguntado sobre por qué las enormes prisas que exhibe ahora no las aplicó antes, incluyendo el plan de Iberia entre los que se aprobaron el pasado mes de julio, lo que no habría dejado sola a Iberia, aseguró que entonces el plan "no estaba maduro".