Cuestión de legitimidad

EL DUELO entre el presidente del Gobierno y su probable sucesor escenificado ayer en el Parlamento giró en torno a la legitimidad del primero para seguir gobernando pese a la pérdida de credibilidad que le reprochó el aspirante. Los argumentos fueron los que ambos contrincantes vienen desplegando desde hace por lo menos un año: González invocó al respecto las reglas del juego democrático y la conveniencia de no interferir la recuperación económica con unas elecciones anticipadas. Aznar contrapuso al criterio de mayoría parlamentaria suficiente el de pérdida de credibilidad ante la opinión pública, y atribuyó a ese factor el clima de incertidumbre que puede afectar a la recuperación económica. Del debate no sólo no salió síntoma alguno de acercamiento, sino ni siquiera de reconocimiento mutuo entre ambos. La posibilidad de un relajamiento de las tensiones derivadas de esa falta de reconocimiento parece remota.El presidente dedicó más tiempo a glosar las buenas perspectivas de la economía española que a cualquier otro asunto. Ello puede considerarse un rasgo de voluntarismo a la vista de la dimensión judicial de la actualidad española más reciente. La confusión entre responsabilidades penales y políticas, presente en la vida política desde el caso Juan Guerra, sigue oscureciendo la discusión sobre los escándalos que enumeró Aznar. González tiene razón al recordar que los hechos en que se basan esos escándalos han ocurrido en el pasado, a veces lejano, y en su mayoría con anterioridad a las elecciones en que se fundamenta la legitimidad del actual Gobierno. Pero el aplazamiento de cualquier asunción política de responsabilidades a la sustanciación de las penales sirve de coartada para que nadie responda de errores que hoy son evidentes.

Con todo, y en relación al tema concreto de los GAL, tal vez pueda considerarse un esbozo de autocrítica la solemne proclamación por González de su convicción de que la utilización de métodos ilegales en la lucha antiterrorista sirve objetivamente a los designios de los terroristas, en la medida en que los legitima ante sectores de la opinión y dificulta la cooperación internacional contra ellos. Dicho por quien afirmó que el Estado se defiende también en los desagües, esta proclamación puede tomarse por el reconocimiento de un error político, aunque sólo implícito, ya que en ningún momento admitió cualquier participación de los Gobiernos por él presididos en la guerra sucia. En su réplica, Aznar dijo que lo que hace inverosímil la posición gubernamental sobre los GAL es su obstruccionismo respecto a la investigación, incluso al precio de provocar un conflicto institucional con los jueces. Esa sospecha existe, pero Aznar no fue capaz de responder al emplazamiento de demostrarlo.

González tenía dos motivos para intentar llevar la discusión al terreno económico: que las cosas van bastante mejor en ese aspecto, y que ello deja en mal lugar los agoreros pronósticos adelantados por Aznar hace un ano. Aznar sigue cuestionando la solidez de la recuperación, pero ahora centra su argumentación en el riesgo que para ella supone la inestabilidad derivada de la existencia de escándalos políticos con dimensión penal. Ése fue el punto fuerte de su razonamiento, el débil, su incapacidad para responder al argumento de que la desconfianza de los mercados también se produce ante la debilidad de la alternativa por él encarnada.

Que estemos ante él agotamiento del ciclo socialista es una constatación, ampliamente compartida, pero de ello no se deduce necesariamente que haya que acortar la legislatura. Sin embargo, tiene razón Aznar al considerar que la existencia de mayoría suficiente no siempre equivale a estabilidad. La sucesión de escándalos que enumeró es bien real: ni el caso Rubio, ni la utilización de fondos reservados para el enriquecimiento personal, ni la huida de Roldán, ni los indicios que relacionan a ex altos cargos de Interior con la trama de los GAL han sido inventados por la oposición. La debilidad del Gobierno deriva de que su continuidad depende, en gran medida, de decisiones judiciales (y éstas, en parte, de revelaciones periodísticas). Ello sí podría aconsejar en un momento dado el acortamiento de la legislatura. Pero es una cuestión discutible, no una evidencia. Hay otros factores a considerar, y no ayuda a despejar las incógnitas la reticencia de la única alternativa factible, representada por el partido de Aznar, a enseñar sus cartas. La propuesta de compromiso político presentada ayer por el líder del PP, consistente básicamente en que González acepte la salida que ha venido defendiendo Aznar para la crisis, es un ejemplo de falta de realismo. O de impaciencia mal administrada.