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Tribuna:

'Quos Deus perdere vult...'

... prius dementat. O sea, dicho en román paladino: que cuando Zeus (el refrán es pagano) quiere perder a alguien, comienza por idiotizarlo. Si -esto es verdad, cabe sospechar que las intenciones del tal Zeus respecto de nuestro Gobierno son realmente aviesas. Como Gobierno de la nación, es decir, como órgano que dirige la política española, adopta medidas que parecen razonables, aunque no se esté de acuerdo con ellas; como equipo político que lucha por mantenerse en el poder, no hace más que acumular dislates.No me parece aventurado pensar que una parte considerable de la opinión pública (y de sus representantes) respiraría con alivio si se le ofreciera una oportunidad para echar definitivamente el telón sobre los crímenes de los GAL, que en el fondo considera excusables. La penosa situación en la que el Gobierno se encuentra no viene por eso de la ardiente indignación de los ciudadanos por esos crímenes, que muchos deseaban olvidar y quizás habían olvidado, sino por su incapacidad para satisfacer esa demanda. Es verdad que han sido los jueces, de una parte, y los periodistas, de la otra (o todos de la misma parte, que eso no importa mucho) los que han puesto de nuevo sobre la mesa ese incómodo asunto, pero no son los jueces ni los periodistas los culpables del problema, ni éste se debe al hecho de que, como insinúan algunos amigos del Gobierno, los jueces cumplan su deber con un renovado celo porque con ello sirven además no se sabe a qué turbios deseos; o de que los periodistas estén movidos por intenciones pólíticas antigubernamentales, o por el simple deseo de ganar dinero. Los jueces están haciendo lo que deben, y los periodistas, lo que cuando menos es lícito que hagan, y es necio dar coces contra el aguijón porque eso no hace sino agravar el daño.

La célebre conferencia (sic) del señor Sancristóbal puede haber hecho sospechar a muchos españoles que el juez Garzón es parte de un complot para derribar al Gobierno; desde luego ha convencido a todos, sin excepción, de que eso es precisamente lo que el Gobierno desea que los españoles piensen, con lo que el tal juez sería ya poco menos que un héroe nacional para un gran sector de la opinión, si no lo impidiera una profunda convicción que Fernando. Savater recordaba hace pocos días y que se encuentra muy difundida en ese mismo sector: la de que quien ha sido una vez felipista lo es para siempre, o al menos no podrá ser considerado jamás trigo limpio.

La pérfida acción de Zeus no se detiene además en el Gobierno, sino que se ensaña también con sus amigos. El largo artículo de un ex embajador sagaz y sobre todo discreto ha demostrado con tanto vigor que el Gobierno español no pudo tener parte en el asunto GAL porque éste comenzó a actuar justamente cuando España y Francia se ponían de acuerdo para combatir el terrorismo que en muchos españoles ha nacido por primera vez la sospecha de que quizás el Gobierno francés tuviera también algún interés en que los franceses percibieran directamente los males del terrorismo. Todo esto no es en sí especialmente malo (salvo para el Gobierno, claro), ni tiene por qué dejar tras de sí huellas perversas. El peligro está en el hecho de que algunos de los argumentos utilizados para, ayudar al Gobierno. son argumentos jurídicos, y este género de argumentación, por necesidad lógica, ha de construirse a partir de categorías o de doctrinas cuya aplicación no puede restringirse al caso que se trata de resolver. Por eso dicen los americanos (si se me permite pasar del imperio que nos dio la lengua al que, nos la corrompe) que hard cases make bad law: de los casos difíciles surge un derecho detestable.

En dos puntos concretos quisiera adelantarme a prevenir estos peligros. De una parte, el de la famosa libertad de expresión de los presos (provisionales o definitivos). Sin duda la tienen, y nadie podrá castigarlos por decir lo que piensan si lo que dicen no es delito o falta. Y como esa libertad está protegida por la Constitución, ni necesitan autorización para ejercerla, como un distinguido colega recordaba aquí, ni puede el juez prohibírsela, como ese mismo colega admitía, sin embargo, en un razonamiento que, en esos términos, no comprendo. Lo que no tienen, desde luego, es libertad de comunicación. No pueden dirigirse a quienes quieren y en el momento en que lo quieren, sino sólo cuando se lo permiten la administración penitenciaria y el juez. Y de esto es de lo que se trataba en el caso del señor Sancristóbal, no de su libertad de expresión; por eso la decisión de la administración de prisiones al darle la oportunidad de presentarse en carne mortal y con voz potenciada ante todos los españoles es fruto sólo de su libre voluntad. Con independencia de que haya debido o no contar con la autorización del juez, lo que es claro es que tal decisión no le venia impuesta en modo alguno por la necesidad de respetar la libertad de expresión del detenido.

El segundo punto en el que el caso difícil puede originar mal derecho es el de la supuesta inconstitucionalidad de la Ley del Poder Judicial, o más precisamente de algunos párrafos de su artículo 352, que abren la posibilidad de que un juez regresé a su puesto de origen después de haber ocupado un cargo político. Al abrir esa posibilidad, el legislador adoptó una decisión que a mí me parece desafortunada, pero por fortuna para todos nuestra Constitución, como cualquier otra Constitución democrática, no prohíbe el desacierto ni él error, que sólo lo son cuando a los ciudadanos les parecen serlo. El regreso del juez político a su juzgado daña, a mi juicio, la imagen de la justicia, pero no lesiona los derechos de los justiciables. El hecho de que el juez Garzón haya sido miembro del Ministerio del Interior puede haber dado origen a una amistad íntima o a una enemistad profunda entre él y alguna de las personas cuyos supuestos delitos ha de investigar, pero su incapacidad para instruir el sumario vendrá entonces de la amistad o de la enemistad, no de la ocasión de la que aquéllas nacieron, y por eso esa incapacidad puede dar origen a la abstención o la recusación, no a la nulidad de la ley. Como el propio Pérez Royo decía aquí hace unos días, si el juez Garzón se hubiese abstenido, no se estaría discutiendo ahora la inconstitucionalidad de la ley. No se necesitan más argumentos para invalidar las razones de quienes sostienen lo contrario.

Francisco Rubio Llorente es catedrático de Derecho Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de febrero de 1995