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IU proclama que bancos e inmobiliarias colaboran con la mafia que puja por los pisos embargados

El portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, proclamó ayer en conferencia de prensa que la mafia de los subasteros dispone del apoyo de grandes inmobiliarias y de los bancos. Las palabras de López Garrido coinciden con la vista oral iniciada el pasado miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid contra 24 subasteros y 23 funcionarios judiciales de la plaza de Castilla dedicados supuestamente a amañar las pujas de pisos embargados. El juicio se reanuda el lunes.El diputado de Izquierda Unida, aunque reconoció carecer de pruebas, insistió en que las grandes agencias inmobiliarias colaboran activamente con los subasteros.

"También los bancos lo hacen, aunque les pese, porque son los que ejecutan, por el impago de hipotecas, el 50% de las 60.000 subastas judiciales que se celebran al año", añadió López Garrido.

Para López Garrido, este problema debe afrontarse no sólo con iniciativas judiciales, sino también desde una perspectiva social, aquélla que tenga en cuenta que en España se necesita un millón de viviendas y que su precio medio ronda los 20 millones de pesetas.

López Garrido explicó que, anualmente, se celebran en España unas 60.000 subastas judiciales por impago de hipotecas y que los inmuebles se adjudican "a precios irrisorios".

En consonancia con su discurso, López Garrido presentó ayer una proposición de ley de su grupo para reformar la ley hipotecaria sobre subastas judiciales y la ley de enjuiciamiento civil.

El texto de la coalición pretende conseguir que los particulares conozcan físicamente las viviendas que se subastan y que éstas sean tasadas oficialmente, de forma que su precio de venta no sea inferior a la mitad del establecido.

Para evitar la especulación con estos inmuebles, Izquierda Unida quiere- que se prohíba su reventa antes de un año. El diputado de IU señaló que en el mundo de los subasteros se mueve el dinero negro, opaco a la inspección fiscal.

La responsabilidad del problema recae, según López Garrido, en la inacción y negligencia del Gobierno central y de los diferentes ministros de Justicia, que no tomaron medidas pese a que las irregularidades de los subasteros eran conocidas. El diputado citó como ejemplo el informe que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid -instructor del citado caso de los subasteros- envió al Ministerio de Justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de febrero de 1995