La defensa de los subasteros pide la nulidad del proceso por escuchas ilegales
El macrojuicio contra las subastas ilegales de los Juzgados de la plaza de Castilla (Madrid) embarrancó en su primer día en una cuestión formal. Las defensas de los acusados -24 subasteros y 23 funcionarios judiciales- se unieron al exigir la. nulidad de actuaciones judiciales. Basaron su solicitud en la supuesta ilegalidad de las escuchas telefónicas y registros domiciliarios que, a su juicio, fundamentan el sumario. Siete años de investigación, condensados en más de 5.000 folios, que- pueden convertirse en papel mojado.La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid -la misma que condenó a los responsables del trágico incendio de la discoteca Alcalá 20anunció que- el lunes hará pública su decisión respecto a esta petición de l4s defensas.
Los acusados, entretanto, abarrotaron la sala en silencio No en balde el fiscal solicita penas que oscilan entre los tres meses y los nueve anos por los supuestos delitos de cohecho, estafa, coacciones, falsificación de sellos, infidelidad en la custodia de documentos y maquinación para alterar el precio de las cosas. Esta colección de delitos se nutrió supuestamente de los pisos ,chalés o fincas embargados por orden judicial y que salieron a subasta de 1980 a 1987 en los juzgados de primera instancia de Madrid. Pujas teóricamente públicas y de bajo precio en las que la trama de subasteros tejió su maraña, para hacerse ilegalmente con el control.
Entre las prácticas empleadas por esta organización en la sombra, destacan, siempre según el relato fiscal, las subastillas, las coacciones contra las personas que querían recuperarnes para espantar a los incautos y también sospechosas modificaciones de documentos oficiales por parte de funcionarios de los juzgados. Prácticas que la acusación considera que ahora han desaparecido gracias al efecto disuasorio de la investigación judicial.
. Una instrucción que ayer, en la fase de las cuestiones preliminares, fue puesta en duda. Entre los 28 defensores se encontraba el abogado José María Stampa Braun, conocido por el caso Naseiro, en el que consiguió del Tribunal Supremo la nulidad de actuaciones tras demostrar la ilegalidad de, unas escuchas policiales. Su alegato recorrió ayer un camino paralelo. Al igual que sus colegas.
En el caso de la intervención' telefónica de uno de los subasteros, los abogados sostuvieron al unísono que el juez instructor carecía de motivos suficientes para ordenarla y que se basó en una mera petición de la policía. El registro, a tenor de esta interpretación, pierde su validez por ser consecuencia de las escuchas. Otra de las razones esgrimidas por la defensa reside en que el registro que permitió el hallazgo de numerosa documentación incriminatoria fue realizado sin secretario judicial. Los documentos así conseguidos tampoco tendrían valor.
PASA A LA PÁGINA 3 La acción popular considera exagerada la petición de nulidad de la defensa
El fiscal defiende la investigación del juez instructor en el caso de los subasteros
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Para los defensores, el registro y las escuchas, al ser ilegales, vulneraron derechos fundamentales. como el de la inviolabilidad del domicilio, la intimidad, la presunción de inocencia y el derecho a una tutela judicial efectiva. "La policía hizo lo que le dio la gana, sin control judicial" remachó un letrado, que insistió en que las intervenciones telefónicas y los documentos conseguidos en 1987 del registro de las oficinas de la calle de Bravo Murillo se emplearon para presionar y conseguir la confesión de varios inculpados.
Pertrechados con estos argum6ntos, los abogados de la defensa dieron un segundo paso y afirmaron que las pruebas de una fuente ilegal carecen también, por contaminación, de validez. La conclusión no se hizo esperar: nulidad total de actuaciones o bien exclusión de las pruebas nacidas al calor de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales.
El fiscal, en. su contestación, trató de defender la legalidad de la actuación del juez instructor. El ministerio público consideró que el registro estuvo amparado por un auto judicial y que la legislación de 1987 no obligaba a contar con la presencia del secretario judicial. "Si hay irregularidades, que se estudien en el juicio oral", recalcó el fiscal.
Dos de las cuatro acusaciones particulares recordaron ayer que, los casos de sus clientes nada tienen que ver con el registro o las escuchas, por lo que no se puede otorgar la nulidad total de las actuaciones. La acción popular señaló que, a su juicio, las defensas habían magnificado "algunos aspectos" de la instrucción, como las escuchas y los registros.
La sala, tras oír a la acusación, suspendió el juicio y decidió reanudarlo el próximo lunes. Ese día hará publica su. decisión respecto a la petición de nulidad. La complejidad del caso hace prever a los letrados que este macrojuicio si no prospera la, nulidad- durará unos seis meses. Las defensas, según esta interpretación, cargarán sus batería! contra los aspectos formales de la instrucción, como ocurrió ayer.
Entre los métodos empleados por los subasteros -en los que recaen las mayores peticiones de condena- figura, según el fiscal, el de las pujas paralelas` una hora antes de la subasta oficial se reunían en un inmueble -al margen de la vía judicial- y allí se repartían los bienes embargados. Posteriormente, en la subasta legal, presionaban conjuntamente para rebajar los precios o bien, si una persona ajena participaba, los encarecían artificialmente para obligarle a retirarse.
Algunos subasteros,según el relato del fiscal, incluso exigían dinero a terceros a cambio de no entrar en las pujas. La acusación sostiene que en muchas ocasiones contaban con la connivencia de funcionarios judiciales.
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