Garmendia

La actualidad política, da vuelcos de la noche a la mañana: tras semanas de estar obsesivamente centrada en la crisis de los GAL, de pronto, todo cambia como consecuencia del asesinato del futuro alcalde de San Sebastián. Fue tanta la rabia provocada por el crimen de lesa democracia que, durante varios días, la crisis de los GAL desapareció de la vista. Así es la opinión pública, siempre abierta a todos los imprevisibles acontecimientos que puedan alterarla. Y esa sensibilidad con la que reacciona le hace ser objeto de intentos premeditados de manipulación, al servicio de ocultas estrategias políticas.Es lo que acostumbra cierto diario madrileño, que dosifica sus revelaciones escandalosas con el transparente propósito de precipitar la caída del Gobierno. Y ésta es, también, la estrategia de ETA: generar letales noticias que multipliquen su protagonismo, poder e influencia. Pero no es lo mismo (como gustaba de señalar González) la opinión pública que la publicada. No basta con provocar noticias de primera plana, pues hace falta además que esas noticias influyan, captando la atención del público y sacudiendo catárticamente sus conciencias. De ahí que, muchas veces, noticias escandalosas sólo produzcan indiferencia; y otras, en cambio, generen consecuencias imprevistas, modificando la opinión en un sentido contrario al que se esperaba.

Este último es el caso del último crimen de ETA, que pretendió pescar en río revuelto, aprovechando con oportunismo la crisis de los GAL para exacerbarla con un asesinato y sacarle así partido, explotándola en propio beneficio. Sin embargo, como suele decirse, el tiro podría haberles salido por la culata. En efecto, el catártico efecto generado sobre la opinión pública por el asesinato de un representante del pueblo (equivalente al asesinato simbólico de todos sus electores) podría volverse contra la estrategia de sus asesinos. Así lo revela que muchos cargos electos de HB (como la concejal Garmendia) se estén viendo obligados a descomprometerse en público de su encubierta complicidad con el asesinato. Tanto es así que ni siquiera cabe descartar que por fin la sociedad civil vasca a suma su responsabilidad y se atreva a expulsar de su seno a sus criminales miembros que votan a ETA.

Pero regresemos al caso GAL: también aquí existen intentos de manipular la opinión pública. Y no sólo por parte del diario de Zola, sino también, aparentemente, por parte de alguna ingeniería política, quizá diseñada desde Ferraz o Moncloa. Me refiero al intento de enmascarar la crisis de los GAL mediante la provocación artificial de un surrealista conflicto entre el poder político y el judicial. Es el caso Sancristóbal: lleva razón Pérez Royo cuando sostiene la plenitud de derechos que asistía al inculpado para comunicar con la prensa; pero con la privada, no con la gubernamental, cuyo carácter de servicio público (por lo tanto, de árbitro imparcial) le impedía explotar en beneficio de la parte acusada un asunto que tan gravemente afecta al Estado de derecho. ¿Sería acaso de recibo que en el mes de mayo la televisión pública nos pidiera el voto para Leguina en contra de Gallardón?

Aunque lo malo no es la solapada parcialidad de un medio público. Lo peor es el intento de distraer la opinión pública. Pues nuestro problema (el de los españoles, no el de los socialistas) no es el falso conflicto entre jueces y gobernantes, sino el causado por la falta de respuesta política ante la crisis de los GAL. En lugar de camuflarlo con maniobras distractivas (quizá destinadas a volverse en contra de sus autores), sería mejor que los socialistas se decidiesen a aclararlo.

Por ejemplo, ¿por qué no surge entre ellos alguna concejal Garmendía que pida explicaciones por esos 26 cadáveres sin enterrar? González se lamentaba de que Garmendia sólo se indigne por el asesinato de Ordóñez, y no por los de militares o, policías. Pues bien, para ser creíble, su justa apreciación debería extenderse también a las víctimas causadas por los GAL, cuya vida tampoco valía menos sin que por eso su muerte haya merecido todavía ninguna respuesta gubernamental.