González niega

ENFRENTADO A la media hora quizá más dramática de sus 12 años de presidencia, Felipe González negó ayer cualquier vínculo con los GAL. Aunque con algún temblor en la voz, aseguró con rotundidad que ni organizó ni autorizó ni encubrió ni toleró la actuación de los GAL. El presidente del Gobierno hizo una condena explícita de la guerra sucia contra ETA y dijo, por añadidura, que es falso que su Gobierno haya intentado, tapar la boca a los ya condenados Amedo y Domínguez con dinero procedente de los fondos reservados. Anunció la presentación de querellas contra quienes lo han afirmado.González reclamó ser creído, y lo hizo con profesionalidad, seguramente consciente de enfrentarse a una tarea cada vez más difícil. La distinción entre responsabilidad política y penal, que había llegado a admitir en algún caso anterior, ha desaparecido ahora: hasta que no se demuestren judicialmente las implicaciones insinuadas -vino a decir-, nadie tiene por qué responder -políticamente. Los indicios que han llevado al juez Garzón a encarcelar cautelarmente a altos cargos del Ministerio del Interior -como la existencia de un comunicado de los GAL escrito supuestamente por Julián Sancristóbal- no bastan, a juicio del presidente, para modificar la presunción de inocencia, ni obligan a otra iniciativa que no sea colaborar con la justicia en la investigación.

Tal vez era esperar demasiado que un presidente tan acosado arriesgase cualquier paso en una dirección más comprometida. Pero comprometió su honorabilidad al fiarlo todo a la imposibilidad de que aparezcan pruebas que puedan desmentirle. Volvió a insistir en que no puede haber pruebas de algo que no ocurrió. Las querellas que anunció -entre ellas, una contra el dirigente de Izquieda Unida Felipe Alcaraz, que ayer mismo le había acusado (le ser la X de la cumbre del organigrama del juez Garzón sobre los GAL- obligarán a los tribunales a entrar en el fondo de, esas acusaciones, dilucidando si tienen o no fundamento las insinuaciones directamente dirigidas contra el Gobierno.

González defendió a todos sus ministros del Interior, con expresa mención de Barrionuevo, de las acusaciones vertidas por los ex policías Amedo y Domínguez, a quienes en dos ocasiones se refirió como "dos condenados por la justicia". Aunque su palabra amparaba a los miembros del Gobierno frente al titular publicado ayer por un diario, terminó por responder también en términos generales por la cúpula de Interior, y ni siquiera aceptó valorar como argumento en su contra el hecho de que algunos de ellos -como Sancristóbal, ex-director de la Seguridad del Estado- estén hoy cautelarmente en prisión.

El problema radica en que las últimas actuaciones del juez Garzón juegan, indicios aparte, a favor de la lógica. Cualquier hipótesis sobre los GAL que no pase por el aparato de Seguridad del Estado, al nivel que sea, resulta increíble por absurda. En un editorial publicado en estas páginas el 19 de febrero de 1986 decíamos sobre los GAL: "Nadie en su sano juicio puede siquiera insinuar que los pobladores del hampa internacional asesinan a militantes de ETA, por cuenta propia, inflamados por sus convicciones políticas o por su amor a los valores de la civilización occidental (...). ¿Quién recluta, organiza, arma, avitualla y paga a los mercenarios de los GAL? ¿Quién da luz verde para sus asesinatos, señala a las víctimas y da la orden de fuego? ¿Quién protege su retirada estratégica hacia la frontera con España? Si sólo el -silencio es la respuesta áestos interrogantes, no se debe olvidar que hay ocasiones en que el silencio es la más elocuente de las actitudes".

Las incógnitas de entonces no fueron totalmente despejadas en el juicio que condenó a Amedo y Domínguez a más de cien años de cárcel. Once años des pública que seguramente pues, con una opinion está hoy menos dispuesta a mirar para otro lado que entonces, nadie ha respondido aún políticamente, por la vía que fuere, de un invento que se reveló criminal y a la vez desastroso políticamente.

El propio González dio ayer un dato que indica ría que ni siquiera en el cambio- de actitud de las autoridades francesas fue decisiva la influencia de los crímenes de los GAL. Y hoy es evidente qué entre los efectos de esos 28 atentad ' os firmados por esas siglas, con el balance de 26 personas asesinadas nueve de las cuales eran totalmente ajenas a ETA, figuran los siguientes: prolongar el apoyo social a ETA por parte de una nueva generación seducida por la falacia de las dos violencias simétricas; deslegitimar gravemente al Estado democrático, dando con ello credibilidad a la hipótesis de la negociación política; dar pábulo a la idea de existencia de una auténtica guerra, como pretendía ETA, y ser el punto de partida de una dinámica de ilegalidades en cadena que condujo al descontrol de los fondos reservados, y con ello, a escándalos como el de Roldán y a la pérdida de control del Ministerio del Interior.