Las comunidades autónomas, entre la demografía y el PIB

El conjunto de recursos que las comunidades autónomas recibirán de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 (PGE) crece un 145% frente al anterior. Sin embargo, si se deducen los, cambios en financiación, el crecimiento real es muy similar, al esperado del PIB,La distribución de este crecimiento se ajusta de forma más que notable a la población con muy poca sensibilidad al grado de desequilibrio territorial. Tras dos años, empieza a percibirse con claridad que la garantía de suficiencia, acordada en 1992, sacrificaba una intervención política de las comunidades en favor de la convergencia de los distintos niveles de desarrollo.

Todo parece indicar que la incorporación de técnicas de federalismo a la financiación autonómica ha sido necesaria para estabilizar el modelo, pero a costa de privar al sistema español de uno de los objetivos que lo impulsé: la corrección de desequilibrios territoriales.

El propio Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), además de su congelación, sufre en este ejercicio un cambio relevante como instrumento de reequilibrio, desplazando parte de sus recursos hacia las comunidades autónomas más desarrolladas entre las que reciben este recurso.

La razón estriba en que el ciclo depresivo que ha afectado a la economía ha penalizado más la renta de las comunidades con mayor peso industrial que las de las atrasadas, provocando una redistribución de recursos. Ejemplo claro de que la convergencia de rentas no es sinónimo de equilibrio.

Algo parecido podrá decirse en el futuro del ajuste a la población protegida de la financiación sanitaria. Aunque en este presupuesto mejora la situación de las comunidades más atrasadas entre las que disponen de esta competencia, a largo plazo serán penalizadas, ya que su tasa de cobertura (protegidos, sobre población) es menor.

La metodología acaba indiciando el volumen de recursos a la senda de la demografí y su crecimiento a la evolución del PIB. Las autonomías necesitarán, para intervenir en su desarrollo, un aumento de población y un crecimiento sostenido.

Sin embargo, no existe evidencia empírica de que esta sea una estrategia viable. De hecho, las comunidades autónomas atrasadas han mejorado sus in dicadores de bienestar a costa de perder población, y no puede afirmarse que el recimiento del PIB suponga una reducción de la divergencia territorial.

Los esfuerzos propios posibles son, también, limitados.El gasto autonómico que los PGE esperan crecerá por debajo de las transferencias del Estado, lo que no sólo aumentará su dependencia de éstas, sino que indica una reducción presupuestaria, que penalizará los gastos de capital, a expensas del que Pueda proceder de recursos comunitarios.

La indiciación al PIB de la financiación autonómica y esta contención presupuestaria indica cierto pacto entre la Administración central, que garantiza el peso del gasto autonómico gestionado, y las comunidades, que parecen dibujar una contribución a la contención de déficit, renunciando a incrementar su intervención en el desarrollo..

Parece necesaria, pues, una nueva generación de políticas que incorporen el objetivo de equilibrio territorial que difícilmente puede satisfacerse desde la financiación autonómica.

Esta política reclama un núcleo competencial para políticas horizontales gestionado por la Administración central y un acuerdo político para iniciativas de desarrollo.

En la situación descrita, la convergencia de rentas depende, en primer lugar, de instrumentos que no están diseñados para ello: las prestaciones de la Seguridad Social y la inversión territorializada del Estado. El pacto Político que sostiene los PGE no parece haber alterado la función rédistribuidora de la inversión.

Si éstos eran los PIGE en los que Pujol debía desplazar recursos a Cataluña parece haberlo hecho bastante mal. Quizá como buen liberal, ha preferido renunciar a beneficios financieros a cambio de mejorar la tasa de beneficios de las empresas, reduciendo prestaciones, lo que penalizará también a Cataluña.

Defender el sistema de prestaciones y la inversión del sector público, dotándole de una función. equilibradora que hoy no cumple de forma normativa, es imprescindible. Lo es, igualmente, aumentar la dotación de inversiones desde las comunidades de forma compatible con niveles tolerables de déficit: en el actual contexto, sólo la suma de un mayor ahorro público y de mayores, ingresos (por métodos de corresponsabilidad fiscal) puede facilitar más recursos.

Esta política de medio plazo debe ir acompañada, de una iniciativa de equilibrio en la prestación de servicios públicos. Debemos aceptar el criterio de que cuanto más baja es la renta menos se recurre al mercado para satisfacer necesidades; en consecuencia, la población beneficiaria, determinante en la financiación autonómica,. debería corregirse en fondos de nivelación que redistribuyan estos recursos, una vez resueltos los desequilibrios existentes.Sin iniciativas de este tipo, el equilibrio territorial permanecerá atrapado entre la demografía y el PIB.

Juan B. Berga es miembro de la Presidencia Federal de IU. Fue responsable de política autonómica de esta formación hasta 1992.

Parecen necesarias políticas financieras que incorporen el objetivo del equilibrio territorial