Razones y sinrazones de los estudiantes

El clima de conflicto que vive la sanidad en torno a la formación posgraduada de los estudiantes de medicina hace difícil realizar análisis ponderados. Pero acometer esta tarea es fundamental para garantizar la racionalidad ética y"legal de las posibles salidas. Algunos elementos a tener en cuenta en este necesario análisis podrían ser los siguientes:1. La directiva comunitaria de 1986 obliga a los países de la Unión Europea a exigir a los médicos, a partir del 1 de enero de 1995, una formación posgraduada mínima de dos años para poder ejercer la medicina general en los sistemas sanitarios públicos. Si bien es cierto que el artículo 1 de la directiva parece afectar a todo tipo de ejercicio, privado o público, más adelante se limita su aplicación sólo a este último (artículo 36). Si esta limitación no existiera, el grito de guerra de los estudiantes de medicina, "6 = 0", estaría plenamente justificado. El 1 de enero de 1995, dado que los que se licenciaran a partir de esa fecha carecerian de la formación complerrientaria exigida, se produciría una gravísima lesión de los compromisos que el Estado adquirió con ellos cuando les admitió en la facultad. Sus seis años de estudios serían unfraude monumental, pues aquellos que no superaran el examen MIR (médicos internos residentes), que les facilitaría el acceso a una formación específica remunerada, no podrían ejercer. Si así fuera, el Estado tendría la obligación absoluta de garantizar a todos una formación posgraduada que les capacitara para ejercer al menos como médicos generales. Sin embargo, la situación teórica no es ésta. Un licenciado en medicina sin formación posgraduada podrá ejercer libremente como médico general en cualquier puesto de trabajo que no pertenezca al sistema sanitario público. Es por ello que `la normativa comunitaria no parece vulnerar, en principio, derechos digamos elementales de los estudiantes".

2. Por otra parte, el Estado, representando al bien común, puede establecer las condiciones de calidad en las que deben de prestarse algunos servicios de gran interés colectivo. Esta cuestión se debate ya en la mismísima República de Platón. Pero, además, los Estados con sistemas sanitarios públicos funcional como,empresas de servicios, y cualquier empresa puede establecer legítimamente ' las condiciones de preparación y calidad de aquel a quien con trata para prestarlos. Pero no tiene, en principio, obligación de facilitar previamente esa pre paración a todos los aspirantes' al puesto.

Todo esto se ve muy bien, po r ejemplo, con los licenciados en Derecho y los cargos de jueces. El Estado, lo que está haciendo actualmente es algo similar a un ''MIR para jueces". Hace un examen a licenciados en Derecho, al que lo aprueba se le da una formación especializada remunerada y después se le autoriza a que ejerza como juez. ¿Puede aceptarse que todos los licenciados en Derecho deban tener acceso directo a esta for.mación sin examen ni filtro de ningún tipo, para después presentarse a la oposición de judicaturas? Parece que no. La obligación absoluta del Estado finaliza cuando ha capacitado a los estudiantes de Derecho para el ejercicio gen érico de su profesión.

Conclusión: el Estado no tienen principio una absoluta obligación de garantizar la formación que estime conveniente para él ejercicio público a todos los estudiantes de medicina.

3. ¿Pero es esto así de forma definitiva? Pues tampoco, porque el que su, obligación no sea absoluta no quiere decir quí el no exista. Antes al contrario, existe y con un peso moral de enorme calibre. Hay tres razones fundamentales para ello. En primer lugar, el ejercicio sanitario en atención primaria -y en atención especializada- en España es, mayoritariamente, un ejercicio público, y las posibilidades de que un médico general pueda ganarse la vida con el ejercicio privado, muy escasas, nulas más bien. Incluso los potenciales contratantes privados de médicos generales pronto empezarán a exigir la formación específica en este campo.

En segundo lugar, existe una deuda histórica del Estado por no haber sabido ajustar paulatinamente el acceso a las facultades con las necesidades sociales reales de licenciados en medicina. Los números clausus tenían que haber sido puestos mucho antes, y las plazas de MIR, aumentadas paulatinamente hace años. Pero al menos los licenciados anteriores al 1 de enero de 1995 y sin plaza o especialidad vía MIR verán automáticamente validado su título para ejercer en..,el sistema público. Siempre, podrán trabajar en el sistema nacional de salud: sustituciones, interinidades, urgencias, etcétera, mientras intentan una y otra vez aprobar el MIR.

Y este es precisamente el núcleo fundamental y real del problema. Actualmente, el número de recién licenciados anuales ronda los cuatro mil, similar al número de plazas MIR que se ofertan. Pero nadie- puede garantizar a un recién licenciado que si se presenta al examen MIR logre una plaza, porque junio con él y sus compañeros de promoción se presenta un enorme volumen de licenciados en años anteriores que no apro baron el MIR en pasadas con vocatoriaís (entre 10.000 y 15.000). No es del todo cierto que este último colectivo sea de parados. La mayoría están trabajando, ocasional o continua damente, en el sistema sanitario público o en el privado, o en cosas sin relación con la medicina. La tragedia para el recién licenciado al que afectará la directiva estriba en que si no logra una plazade MIR se verá abocado, ahora sí, al paro casi absoluto, ya que: a partir del 1 de enero no tendrá, acceso a la fuente principal de trabajo para el médico no especializado: el sistema público. Y la tercera razón es que la directiva comunitaria ¡es de hace ocho años!, tiempo más que sufliciente para haber buscado soluciones plausibles. Los ministerios de Sanidad y Éducación, con su pasividad irresponsable, y las facultades de medicina, con su silencio interesado, son los máximos responsables de la situación creada.

4. Así pues, el hecho de que las obligaciones morales del Estado sean enormes pero no absolutas abre posibles vías de solución. De entrada, lleva a que aunque la soluciones no tengan que ser inmediatas -no al 1 de enero de 1995-, sí rápidas porque el Estado está endeudado -moralmente hace tiempo. En un plazo, de tres o cuatro años la bolsa de gente sin formación -antiguos y nuevos- tendría que estar disuelta. El Estado no puede arguir como problema inmediato el de qué sucederá con todos los que en los próximos anos adquieran su formación especializada. Ésta es una cuestión muy importante, pero secundaria ahora mismo. El problema- de qué hacer con un cardiólogo en paro no es muy diferente del de qué hacer con un fontanero altamente cualificado y parado. Esto es un problema de mayor dimensión, el de la lacra del desempleo, y sus soluciones deberán ser de más alcance y envergadura, serán de política social y económica general.

5. Pero el Estado tiene además que garantizar que esta formación posgraduada tenga una calidad suficiente y se proteja así adecuadamente la salud de los ciudadanos. Esto hace que la vía MIR se presente como la única capaz de ello, y la medicina familiar como la única que puede cumplir los requisitos planteados por, la directiva europea. Otros intentos, como la propuesta de las facultades de medicina de asumir ellos esa formación, no pueden sino calificarse de poco responsables. Las facultades tienen ya tarea de sobra con elevar la calidad de sus planes de licenciatura

Esta obligación de garantizar la calidad hace que la oferta de plazas de MIR no pueda ser todo lo elevada que sería deseable. El aparato docente del sistema MIR no lo resistiría. Pero eso no quiere decir que la oferta no pueda aumentarse bastante más de las irrisorias 500 plazas que ofrece el ministerio. Es de todos conocido que existen muchas más plazas de MIR acreditadas para las diferentes especialidades que las que, salen a oposición. Por último, el problema no debería ser nunca presupuestario, dentro de unos márgenes de eficiencia, porque el Estado puede reajustarlos siempre. Puede y debe.Y esto es todo. Hay que buscar soluciones de tal forma que se respeten al máximo los derechos de todos los implicados. Es seguro que tienen que existir. De lo contrario, la calidad ética de la sociedad en que vivimos se verá, una vez mas, en entredicho. Y eso nadie lo quiere.