El modelo roto

Los IDUS de diciembre son fatales para Mario Conde. Hace un año le intervinieron su banco y un juez lo metió ayer en la cárcel. El que fue presidente de Banesto durante seis años y se autopromovió, arropado por un amplio aparato mediático, como modelo de la llamada sociedad civil, no ha podido hacer frente a los indicios que le acusan de haberse enriquecido personalmente con operaciones que causaron quebrantos de 7.000 millones al banco. Hechos que el juez ha tipificado como delitos de estafa y apropiación indebida. La prisión cautelar dictada por el magistrado no anula en todo caso la presunción de inocencia hasta que se celebre en su día un juicio con todas las garantías.El desenlace era previsible una vez que su lugarteniente Romaní fuera encarcelado la semana pasada bajo la acusación de idénticos delitos. De todos los implicados en la querella por el caso Banesto Conde era el que menos probabilidades tenía de salir airoso del trance de la declaración ante el juez. Y no porque un fantasmal sistema hubiera decretado de antemano meter a Mario Conde en la cárcel, como ha intentado vender él mismo y han propalado sus propagandistas, sino porque ninguno de los implicados tuvo una intervención tan directa y decisiva en cada una de las operaciones irregulares detalladas en la querella del fiscal.

El juez García-Castellón ha dado pasos importantes para desvelar la trama de intereses que se movía por debajo de tales operaciones. Su decisión de decretar la prisión provisional sin fianza para Mario Conde, basada en la gravedad de los hechos que se le ¡mputan, el perjuicio ocasionado a Banesto y a sus accionistas y la alarma social producida, no desvela todavía toda la magnitud de las conexiones que puedan existir entre la actuación del antiguo número uno de Banesto y los delitos que se contemplan en la querella del fiscal. Pero el juez entiende que tales conexiones son lo bastante consistentes como para adoptar la más grave medida cautelar: prisión incondicional.

Conde no ha sido capaz de convencer al juez de lo que ha sido una hipótesis interesada durante los últimos días por los pasillos de la Audiencia Nacional: que Romaní tenía plena autonomía en la Corporación Industrial Banesto y que, por tanto, no cabía establecer una responsabilidad compartida. Y es que, como ya: puso de manifiesto la comisión parlamentaria que ha investigado la gestión de Banesto, la estructura de gobierno de la entidad se caracterizó por una absoluta concentración de poder en manos de Conde, que impuso su estrategia personal en contra de los intereses de accionistas, depositantes, clientes y empleados del banco.

Determinar hasta qué punto esa concentración de poder en manos de Conde, a la que la comisión parlamentaria atribuye efectos perniciosos sobre la gestión de Banesto, se proyectó también sobre las operaciones delictivas contempladas en la querella del fiscal es, sin duda, el objetivo del proceso judicial. De ello dependerá que Conde pueda o no ser implicado en todas ellas o sólo en algunas, así como su mayor o menor responsabilidad penal. Quien dijo querer hacer de Banesto "una estructura de poder más compleja de lo que es simplemente un banco" deberá responder ahora de toda una serie de actos que, unidos a una pésima gestión, terminaron por poner en peligro la supervivencia misma de la entidad financiera.