El PP renuncia de momento a llevar a González al Congreso de los Diputados

El Partido Popular ha renunciado en la práctica a pedir cuentas sobre los GAL al Gobierno y a su presidente, Felipe González, en el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular no adoptó ayer ninguna iniciativa ni presentó petición de comparecencia. Fuentes de la dirección indican que la decisión definitiva se adoptará el martes por José María Aznar y el núcleo de dirigentes de mayor confianza, pero para esa fecha resulta prácticamente imposible llevar la cuestión al Parlamento antes del próximo mes de febrero.

La actitud del PP equivale a conceder al Ejecutivo y a Felipe González un respiro de más de un mes, con las vacaciones navideñas por medio. El martes a las 10 de la mañana comienza en el Congreso el último pleno del año, cuyo orden del día está fijado desde la semana pasada y se centra en la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.La petición para incluir en ese pleno alguna comparecencia sobre los GAL requeriría sendos pronunciamientos de la Mesa y la Junta de Portavoces sobre su extrema urgencia. Este procedimiento extraordinario, o la petición de un pleno especial durante el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, no casan con la calculada prudencia. del PP hasta ahora, muy distinta a la petición de responsabilidades insistente sobre otros escándalos y casos de corrupción anteriores.

Formalmente, los populares no se dan por satisfechos con las declaraciones del presidente del Gobierno del pasado jueves ni con otra fórmula que deje de lado al Parlamento, pero tienen serias dudas acerca del grado de presión que deben ejercer sobre el Ejecutivo en este caso. Tampoco consideran suficiente, en principio, la presencia en la cámara baja del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, porque no estaba en el Gobierno cuando se produjeron los hechos delictivos que investiga el juez Baltasar Garzón.

El clima en la dirección del PP es que debe ser González el que dé explicaciones a la opinión pública, desde el momento en que se encuentra encausado y en la cárcel Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya y ex director general de la Seguridad del Estado. Ambos son cargos de confianza política cuyo nombramiento es responsabilidad del Consejo de Ministros.

La decisión sobre qué hacer será adoptada en la tradicional reunión del comienzo de semana, a la que acuden, además del líder del PP, el secretario general, Francisco Alvarez Cascos; el vicesecretario general, Mariano Rajoy, y los portavoces de los grupos parlamentarios, Rodrigo Rato (Congreso), Alberto Ruiz Gallardón (Senado) y Abel Matutes (Parlamento Europeo).

La reunión ha sido aplazada hasta el martes por el carácter festivo del lunes. Hasta entonces, Aznar confía en que el Gobierno se decida a tomar la. iniciativa, "quizá motivada por alguna nueva decisión del juez Garzón", según declararon ayer fuentes próximas al líder del PP.

Lo que parece claro es que Aznar y el Grupo Popular no se van a sumar a las peticiones para que dimita como diputado el exministro del Interior, José Barrionuevo, al que han ofrecido algunas muestras de comprensión. Aznar y Álvarez Cascos sí han tenido cuidado hasta ahora, en cambio, de que su línea de "no hacer sangre" no se confunda con el silencio cómplice.

En esa dirección fueron el emplazamiento público del primero al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso, durante el pleno sobre la cumbre europea de Essen, que obtuvo la callada por respuesta, y la conversación telefónica del segundo con el vicepresidente del Ejecutivo, Narcís Serra, para urgirle una iniciativa gubernamental. El PP se apresuró a informar de esta conversación para que quedara claro que está requiriendo una explicación parlamentaria.