La legislatura hueca

Felipe González inició su discurso de investidura con una propuesta destacada: el impulso democrático. Ese concepto encierra una idea certera. La España democrática atraviesa su adolescencia -15 años de Constitución- y se encamina definitivamente hacia la edad adulta. Se necesitan otras energías, otras iniciativas, otras alianzas, otro talante; sin duda, Otras personas.La propuesta no pasó de ahí. Cuando nos acercamos al ecuador de la legislatura, todo el mundo sabe ya que el impulso democrático fue una frase que ha devenido efímera. No se ha llevado a la práctica.

Era extremadamente difícil. Hubiese requerido la apertura progresista que emanaba, lógicamente, del angustiado mensaje de González desde la izquierda el 6-J. Tenía un precio político que el PSOE no estaba, en condiciones de pagar por debilidades externas y, sobre todo, internas.

En el pecado llevan González y el, PSOE la penitencia, porque esta legislatura está, resultando un calvario, ya que la alianza aún no formalizada con Pujol muestra un día sí y otro también su vulnerabilidad.Han saltado de golpe todos los errores del pasado. La impunidad de los ochenta pasa factura implacablemente. Este Gobierno ha perdido gran parte de la mínima iniciativa política que cualquier Gobierno necesita para mantenerse al frente de la nave. Tal iniciativa ha pasado -no por maldad- a manos de los medios de comunicación, que en un sistema representativo no deberían suplantar el papel reservado a los elegidos democráticamente. Sucede que cuando el sistema institucional no protagoniza la escena pública, el vacío se ocupa mediáticamente y la agenda política la marca la prensa, la radio y la televisión.

No obstante, los medios de comunicación tienen sus límites naturales. Pueden arrastrar a la opinión y a los políticos tras un escándalo, pero no pueden sustituir a los poderes públicos en lo que sólo éstos deben hacer: proponer las grandes cuestiones a debate y decisión, o sea, lo que, con toda precisión, se ha venido en llamar, desde los umbrales de la edad moderna, "cuestiones de Estado".

Cuestiones de Estado son aquellos problemas pendientes -sometidos, por tanto, a cuestión- de tal peso que su no resolución los convertirían en esencialmente patológicos, es decir, amenazantes para la salud de la cosa pública. Estas cuestiones de Estado son especialmente trascendentes -trascienden el gobierno cotidiano de los asuntos corrientes- en aquellos periodos de un país en donde el tránsito a otra etapa de desarrollo origina de forma natural una cierta crisis, sólo superable con el concurso de casi todas las energías políticas.

Esto sucede hoy en España. Nuestra joven. democracia requiere dar un salto cualitativo, es decir, dar una buena salida a los nudos no desatados que atenazan la vitalidad del cuerpo social, el cual se resiente, se queja, cuando los dirigentes políticos elegidos no saben, no quieren o no pueden comportarse como tales.

Hay, a mi juicio, al menos seis fundamentales cuestiones de Estado que están esperando una decisión política que, de no darse, convertiría a esta legislatura en una cierta estafa. Veámoslo. Primero, el desarrollo urgente del desordenado Estado autonómico, para evitar que entro en un bloqueo, lo que exige al menos dos determinaciones: la reforma constitucional del Senado para que nacionalidades y regiones contribuyan a formar la voluntad del Estado, y la reforma de la Administración periférica, desposeyendo a la provincia -estructura centralista donde la haya- de todo papel político.

Segundo, la reforma de la justicia y la fijación de un verdadero modelo policial. Conviven ahora restos inerciales del sistema policial franquista basado en lo cuantitativo, lo generalista, lo represivo,

lo no científico, lo centralista, con elementos nuevos (policías autonómicas) y elementos dispersos (policías locales), todo ello sin orden ni con cierto y con nula coordinación y comunicación de in formación entre cuerpos policiales, algo muy grave para seguridad.

Tercero, la lucha contra las raíces más profundas de la corrupción, empezando por el afloramiento de la financiación irregular de partidos, la publicidad patrimonial de los cargos públicos y la creación de una alternativa legal, judicial y policial contra la delincuencia económica.

Cuarto, la redefinición del sistema de comunicación privado y público español, en evidente obsolescencia, a través del establecimiento de una autoridad reguladora independiente y una legislación de transparencia empresarial que garanticen la libre información veraz.

Quinto, la elaboración de una postura nítida como país frente a la encrucijada de la construcción europea y la aprobación en 1996 de una estructura para la ampliada Unión. Eso significa que España tendrá que plantear, entre otras, sus reivindicaciones sobre los derechos de ciudadanía, la democratización de las instituciones, el injusto mecanismo de ingresos de la Comunidad y el peso de nuestro país en las decisiones frente a la tesis elitista del modelo duro.

Por último -que no en último lugar-, es urgente una estrategia contundente contra el paro, cuya incomprensible tasa en España, doble de la europea, lo convierte en el gran problema de Estado de nuestro tiempo. Estas cuestiones fundamentales sólo pueden abordarse desde la amplitud de horizontes de las fuerzas políticas. En última instancia, el modo de afrontarlas, la forma de intentar solucionarlas, la decisión final, permite valorar la fuerza de un Gobierno y de un presidente de Gobierno. Y ello con independencia de los casos apabullantes de corrupción por los que desgraciadamente se recordará a este periodo. Pues bien, el Gobierno -o la fórmula de Gobierno si la ampliamos a CiU- no parece saber, responder a este desafío insoslayable de temas a resolver. Le resulta sencillamente insuperable la tarea.

El problema autonómico ha encallado ya en lo más fácil: eliminar la decrépita figura del gobernador civil. En cuanto a la reforma del Senado, la tentación de que se convierta sólo en algo para entretener al personal parece tomar cuerpo en alguna declaración autorizada de que eso es para la próxima legislatura. Sería un mayúsculo error, pero, en todo caso, convendría dejar claras las intenciones para no producir una frustración más.

El modelo policial, por su parte, parece que va para largo, aunque sus fallos sean clamorosos. El ministro responsable se ha dado el plazo de un año para estudiarlo.

La corrupción se muestra como la tumba de este Gobierno, por eso es tan sorprendente su reacción numantina ante el caso Filesa o los fondos reservados, que es premonitoria de lo peor.

Sobre el nuevo diseño audiovisual nada hay. No hay Estatuto de RTVE, no hay plan estratégico del Ente, no hay nada pensado sobre la concentración de medios, ni proyecto de regulación de la televisión privada, ni de las televisiones locales.

En cuanto a la posición española sobre Europa, está empezando a conformarse en el Parlamento, pero las palabras de González, condescendiente con la doctrina del núcleo duro de la CDU alemana, son preocupantes.

Y, en fin, respecto del pavoroso problema del paro, el Gobierno une su voz a la de los ministros del Ecofin que inventan como remedio bajar los subsidios más y enterrar el salario mínimo. Mientras, la reforma laboral -única refórma estructural realizada- no es capaz ni siquiera de crear empleo.

No vale aquí el manido argumento de las carencias de la oposición. Un Gobierno nunca será creíble si sólo balbucea defensivamente. Tiene la obligación de marcar una orientación, sin destinar todo su tiempo a contestar el titular de cada día. Un sistema político no puede dejar, de crear política, ni que otros se la hagan. En ese caso, la falta de credibilidad contamina a las propias instituciones democráticas. Es lo que está a punto de pasar, empezando por el Parlamento, sobre cuyo descenso en picado en la valoración ciudadana no se ha reflexionado.

Todo parece dejarse a ver qué pasa con la cita electoral de mayo y aguantar hasta llegar a la principal obsesión de Felipe González, que es presidir Europa en el 95. Sin embargo, las grandes cuestiones no esperan y la vida no se para. ¿Esta en condiciones el Gobierno de González de plantear una iniciativa, política de alcance sobre todas estas cuestiones? ¿Tiene la autoridad necesaria para ello? Pienso que no. De hecho, a esas preguntas el Gobierno responde negativamente cada día con su pasividad. Es verdad que un presidente de Gobierno tan tocado por una responsabilidad que no ha terminado de asumir, difícilmente se adapta al ritmo de las exigencias políticas de f6ndo, pero un Gobierno que oficialmente se dispone a agotar el mandato no puede ir simplemente capeando el temporal. Y tampoco las fuerzas políticas pueden limitarse a transitar por la ancha autopista de las denuncias incesantes de corrupción. Es ya ocasión de no dar al Gobierno la coartada para esconderse ante los objetivos políticos básicos que dan su personalidad a una legislatura y la llenan de contenido real.El tiempo político -la oportunidad política- no es como el chicle. Pronto se acabará el tiempo útil para que se afronten los dossieres citados con el rigor y profundidad necesarios. En ese momento ya no habrá ninguna razón para alargar la agonía y evitar que unas elecciones anticipadas trasladen la responsabilidad a las ciudadanas y ciudadanos, que son quienes, afortunadamente, deciden en última instancia en un régimen constitucional y democrático.