El fiscal de Colombia cree que el acuerdo del Gobierno con los cocaleros ayuda al narcotráfico

La ecuación es simple: o la economía de los campesinos del Guaviare o las parcelas cocaleras del narcotráfico. Su resolución ha provocado serias discrepancias entre la fiscalía del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) de Colombia, que ponen de manifiesto graves tensiones internas. El motivo de la querella es el reciente acuerdo entre el Ejecutivo y los campesinos del sureño departamento del Guaviare, mediante el que se renuncia a la fumigación con el herbicida glifósato en los cultivos de coca de menos de tres hectáreas, que había pedido la agencia anti narcóticos de EE UU, la DEA. El fiscal del Estado, Alfonso Valdivieso, cree que el acuerdo beneficia a los narcos.El Guaviare, que según el director de la Policía, general Roso José Terrano "es un mar de coca", concentra 29.000 de las 40.000 hectáreas de codales del país, lo que equivale al 13% del área sembrada mundial. Esto convierte al país, que tradicionalmente fue el primer procesador del alcaloide, también en importante productor, junto con Bolivia y Perú, países en los que la erradicación se ha hecho manu militari con destacada intervención estadounidense.

De ahí la trascendencia del acuerdo, logrado el 15 de diciembre, cuando el ministro del Gobierno, Horacio Serpa, sopesando la dimensión social del conflicto, que durante un mes había paralizado las actividades agrícolas y comerciales en esa región de fuerte influencia guerrillera, aceptó la propuesta de los delegados de unos 5.000 cocaleros en huelga de no fumigar con glifosato los sembrados de subsistencia, en los que se alterna coca, yuca, plátano y maíz.

Valdivieso considera que el Gobierno peca de ingenuo, ya que los carteles, de la mafia, que explotan el negocio, soslayarán la acción de las autoridades reconviertiendo las tierras en minifundios.

En lo que podría llamarse una salida a la colombiana al conflicto, tanto Serpa como Valdivieso dicen tener razón. El ministro porque sabe que mantener la fumigación acrecentará las protestas, que según la policía son alentadas por la guerrilla y subsidiadas por el cartel de Cali, que espera arrancar una rentabilidad anual de 5.600 millones de dólares. El fiscal, porque sabe que los carteles no tendrán mayor problema en demostrar con títulos o métodos corruptos que los grandes cultivos no existen.