Por un comercio de armas transparente

La exportación de armamentos es una actividad que tradicionalmente se ha caracterizado por moverse entre el secretismo y la falta de transparencia, algunas veces por intereses estratégicos de los Estados y otras por el temor de las propias empresas vendedoras a ser conocidas por sus ventas a países poco presentables.Al mismo tiempo, sin embargo, los Gobiernos no dudan en firmar acuerdos y compromisos internacionales que pretenden dar una mayor transparencia a las exportaciones de armas y al conjunto de sus actividades militares, conscientes de que la transparencia forma parte del nuevo pensamiento sobre seguridad y que tienen que dar una buena imagen ante una opinión pública cada vez más sensibilizada sobre estas cuestiones. Esta voluntad de transparencia, no obstante, no va más allá del nivel de buenas intenciones, puesto que a la hora dé la verdad los Gobiernos y las empresas, continúan ocultando la información y promocionando las exportaciones de armas.

En España, el secretismo sobre el comercio de armamento es aún mayor, puesto que al ser materia clasificada ni tan sólo los/as parlamentarios/as tienen acceso directo y permanente a las actas de la Junta Interministerial que aprueba y controla dicho comercio. Es un asunto, por tanto, que está al margen de cualquier control político y, por supuesto, popular.

La exportación de armamentos, sin embargo, no es una actividad inocente, y así lo demuestra el que la misma legislación española prevea que se denieguen las exportaciones "cuando existan indicios racionales de que el material de defensa o de doble uso pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad a nivel mundial o regional, o que su exportación pueda vulnerar los compromisos internacionales sustraídos por España... , o afectara negativamente a los intereses de la política exterior del Estado". Ocurre, sin embargo, que los criterios de los comerciantes del sector y de algunos funcionarios del Gobierno para determinar si una exportación "desestabiliza o perturba", probablemente no coincidan con los de las organizaciones de derechos humanos y de una parte importante de la sociedad.. Por ese motivo, y para contrastar los diferentes pareceres y cumplir con rigor lo que marca la misma legislación, es indispensable conocer lo que se pretende exportar y a quién se quiere vender, y por varios motivos sumamente importantes.

La exportación de armamentos afecta directamente y de forma negativa a numerosas poblaciones de países que se encuentran en conflicto o en situación de crisis, y especialmente a las personas que viven bajo regímenes que no respetan los derechos humanos elementales y utilizan dichas armas para la represión interior. El uso de este armamento destruye también el medio natural, inutiliza para el cultivo inmensas zonas que han sido minadas y detrae importantes recursos que deberían utilizarse en sectores de desarrollo de prioridad humana (educación, salud, nutrición, potabilización, etcétera).

La exportación de armamentos, además, espolea y aviva numerosas situaciones de conflicto o de guerra, aumentando su nivel general de letalidad, que afecta de manera particular a la población civil. En este sentido, las organizaciones humanitarias no podemos aceptar convertirnos en una especie de servicio posventa de los mercaderes de armas, pues no tiene el más mínimo sentido que nuestros equipos sanitarios tengan que curar las heridas causadas por armamentos vendidos previamente por nuestro propio país.

La transparencia en el comercio de armamentos, en cambio, es un factor esencial para una eficaz política de control de armamentos, una clara iniciativa de prevención de conflictos, una excelente medida de fomento de la confianza y una forma de evitar o reducir las malas interpretraciones respecto a potenciales e intenciones, tal como lo han puesto de manifiesto los tratados CFE, los Documentos de Viena, de 1990 y 1992, los Acuerdos de Estocolmo, el Documento de Helsinki de 1992, el Foro de la Cooperación para la Seguridad de la CSCE, la CE, la cumbre Económica de Londres de 1991, la Cumbre de París del Consejo de Seguridad y multitud de documentos de las Naciones Unidas.

Es por este motivo que las tres organizaciones internacionales firmantes de este artículo, dedicadas a los derechos humanos, la ecología y la ayuda de emergencia, hemos decidido iniciar conjuntamente en España una campaña con el propósito de lograr una transparencia en el comercio de armamentos, como un primer paso para que luego sea posible obtener una reducción de dicho comercio, si la sociedad así lo cree conveniente. Para conseguir esta transparencia, las tres organizaciones exigimos que las actas de aprobación de las exportaciones de la Junta Interministerial sean públicas y se publiquen trimestralmente.

El 20 de junio de 1991, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a adoptar varias acciones con objeto de limitar y controlar el comercio de armamento, entre las que figuraban promover la creación del registro internacional sobre transferencias de armas de Naciones Unidas, y "avanzar en el perfeccionamiento y ampliación de los acuerdos, organismos y procedimientos existentes". En esta dirección, creemos que el hecho de dar transparencia al comercio armamentista constituiría una forma concreta y eficaz de avanzar en los procedimientos de control de un comercio que, por sus características y consecuencias, jamás debería ampararse en el secretismo y la ocultación.