Cámaras de vídeo en las calles

Ante la polémica suscitada por la propuesta del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, de instalar cámaras de vídeo en las calles de la ciudad, quiero aportar a esta controversia un punto de vista del profesional de la criminología, en consonancia con las libertades y garantías individuales y el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos, basándome en los siguientes puntos:- La prevención del delito nunca debe suponer una confrontación con las garantías y libertades constitucionales.- El control social penal (prevención y represión del delito) debe ser siempre selectivo y discriminatorio, en función de una conducta social penada por la ley.

La instalación de videocámaras en las calles supone una indiscriminación en sus efectos de vigilancia y crea un estado en el que todos los ciudadanos somos potencialmente sospechosos.

- La eficacia de dichos sistemas de vigilancia no está contrastada y se adivina que sólo pueden suponer una emigración de la delincuencia a zonas no vigiladas.

- Apostamos por una presencia real y efectiva de la esperada policía de barrio, un fomento del control social informal (la familia, la escuela, la opinión pública, etcétera), por un debate profundo y abierto en la sociedad sobre la despenalización de las drogas, las penas privativas de libertad, las medidas de seguridad y las verdaderas raíces del delito.