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La Comisión Banesto 'sentencia' que Mario Conde antepuso sus intereses personales a los del banco

La Comisión Banesto cerró ayer sus trabajos con la aprobación por unanimidad de un dictamen cuya conclusión central es que la culpa de la crisis de la entidad financiera recae exclusivamente en su ex presidente Mario Conde, Es más, los diputados afirman en su trabajo, que será debatido mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados, que Conde antepuso sus intereses a los del banco que dirigía. Mientras, la Comisión Europeadecidió abrir un procedimiento de infracción contra Portugal para determinar si existe incompatibilidad entre la legislación bancaria portuguesa y la comunitaria. El pulso entre Banesto y Lisboa se resuelve a favor del banco español.

Más de nueve meses de trabajo tuvieron ayer su punto y final. La Comisión Banesto aprobó un detallado y profundo dictamen sobre todo aquello que ha rodeado a la crisis de Banesto después de que el Banco de España decidiera interevenir la entidad, el 28 de diciembre de 1993. El informe de la comisión ha contado con el respaldo de todas las formaciones políticas del arco parlamentario.Esta inusual armonía política sólo se vio alterada por la postura del Partido Popular (PP) en un par de aspectos concretos: el alcance de las recomendaciones de reformas legislativas con las que acababa el borrador del dictamen y el retraso con el que se intervino Banesto.

Estas dos diferencias llevaron al portavoz del PP en la comisión, Fernando Fernández de Trocóniz, a afirmar que su decisión sobre el dictamene era "un sí, pero". El PP aprovechará mañana el debate en el Pleno para presentar un proyecto no de ley dirigido a aumentar el control del Banco de España sobre las entidades financieras y para lanzar un ataque político contra el Gobierno basado en su tardía intervención "en una entidad con problemas evidentes".

Mercedes Aroz (PSOE), Ramón Espasa (IU-IC), Josep Sánchez Llibre (CiU), Jon Zabalía (PNV), Luis Mardones (Coalición Canaria) y Xabier Albistur (Grupo Mixto) recalcaron el consenso alcanzado y prácticamente todos anunciaron la presentación de iniciativas legislativas tendentes a evitar crisis bancarias del alcance de la de Banesto.Decisión de Bruselas

Portugal debe modificar su legislación bancaria y dar entrada en la propiedad de sus bancos, sin límites, a los capitales comunitarios. La Comisión Europea abrió ayer procedimiento de infracción contra Portugal por incompatibilidad de su legislación bancaria con la normativa comunitaria. La norma portuguesa prohibe a los no residentes ostentar un paquete superior al 25% en el capital de un banco portugués. El pulso entre Banesto y el Gobierno de Lisboa se resuelve así a favor del primero.

El procedimiento fue abierto a instancia del comisario de Economía, el danés Henning Christophersen. La decisión supone una victoria para Banesto, que valida "a posteriori" su posición, cercana al 50%, en el capital del banco portugués Totta e Açores. Este paquete fue adquirido por Banesto bajo presidencia de Mario Conde: un 24,9% se colocó en el activo del banco español; el restante 24,7% se adquirió a través de sociedades interpuestas portuguesas, para sortear la legislación local.

Las limitaciones que ésta impone a la presencia de accionistas no residentes son contrarias al Tratado de la Unión, en cuanto se refieren a ciudadanos y sociedades de la Unión Europea. Contravienen su artículo 73-B, que establece la libre circulación de capitales y prohíbe las "restricciones a los movimientos de capitales". Y también al artículo 52, sobre el derecho de establecimiento.

Otras legislaciones, como las de Francia y el Reino Unido, incurren en parecidas incompatibilidades, pero hasta ahora sólo se ha presentado en Bruselas una queja formal por el caso portugués. Fue a instancia española y en 1991, a causa de la polémica entre el Gobierno de Lisboa y Banesto. Pero hasta ayer no había habido respuesta oficial de Bruselas.

Cuando Banesto compró casi la mitad del Banco Totta, la ley portuguesa establecía un límite del 45% a la participación de los no residentes. Este límite se ha endurecido recientemente. En efecto, el pasado 22 de octubre, el Gobierno de Lisboa publicó un decreto reduciendo al 25% el máximo que los inversores no residentes podían ostentar en un banco nacional. Y considerando, además, como nula la privatización del Banco Totta, lo que privaba de todo efecto jurídico a la adquisición de una parte de su capital por Banesto.

La Comisión ha dictaminado la improcedencia de esos límites, tras haber aplazado su decisión por las presiones del primer ministro portugués, Aníbal Cavaco. En la reunión del colegio de comisarios, todos apoyaron a Christophersen, salvo el portugués Joao de Deus Pinheiro, quien alegó razones de "inoportunidad política", las que se es grimen los comisarios cuando es tán perdidas las jurídicas.

El ejecutivo comunitario debe redactar y enviar al interesado su "dictamen motivado", es decir, el texto de apertura del procedimiento de infracción, lo que requiere algunos días. En el mismo texto se le fija un plazo -que suele ser de uno o dos meses- para realizar las alegaciones que estime oportunas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de diciembre de 1994

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