Linchamiento social y poder político

El asesinato de dos taxistas en un mismo día en Madrid ha generado una respuesta ciudadana cargada de visceralidad: rápidamente se ha señalado un culpable -ni siquiera un presunto culpable- contra quien descargar la repulsa que produjo el crimen.El culpable encontrado por la sociedad, además, pertenece a los llamados "grupos de riesgo" (inmigrantes, toxicómanos, gitanos), lo que ha provocado una reacción aún más dura desde gran parte de la opinión pública. Si a esto unimos la información falsa que ha sido difundida acerca de los antecedentes -¿policiales o penales?- del detenido R. M., entonces el "linchamiento social" está servido.

Que en una sociedad democrática como la nuestra se actúe de este modo es, sin duda, reprobable, pero lo es aún más la postura adoptada por la Delegación del Gobierno en Madrid, que, en virtud de una actitud más populista que sosegada y ecuánime, ha encabezado las críticas vertidas -con este motivo sobre el proceder demasiado "benévolo" de: los jueces de guardia a la hora de: decidir sobre la libertad o Ia prisión provisional de los detenidos.

Sería deseable que los poderes, públicos adoptaran, en conflictos como el suscitado en Madrid estos días, una postura de equilibrio, de racionalidad, frente a los excesos reclamados por la sociedad, explicando a los ciudadanos, desde el apoyo al Poder Judicial -y no desde el enfrentamiento-cuáles son las pautas de actuación penal en un Estado democrático de derecho como el nuestro, y que estas "reglas del juego" no pueden debilitarse en función de la posición social del detenido o de la reacción social que haya provocado el delito.-