El Gobierno estudia vincular la desgravación en la compra de vivienda a los niveles de renta y al precio de adquisición

El debate sobre la fiscalidad de la vivienda ya está sobre la mesa de estudio del Gobierno. En las dos últimas reuniones de la Comisión Delegada -la de ayer y la de la semana precedente- se ha comenzado a debatir la conveniencia de rebajar el trato fiscal que se le dispensa a la adquisición de la viviendas para reforzar, el que otorga a los alquileres, según confirmaron fuentes de la Administración.Una de las fórmulas que se barajan para dar ese salto es establecer una especie de baremo que marque unos niveles de desgravación en función de dos variables combinadas: la renta del comprador y el precio de adquisición de la vivienda. Con ello, explican en la Administración, "se trataría de evitar que personas con elevados ingresos se beneficien de importantes desgravaciones por la compra de viviendas y éstas quedaran para las, personas con rentas menores". Si se aplicara este esquema, cabría la posibilidad de destinar parte del coste fiscal por vivienda a fomentar el alquiler. En la actualidad, la relación del gasto fiscal por la compra o el alquiler de una vivienda es, aproximadamente, de diez a uno. Es decir, las desgravaciones fiscales por adquirir una casa suponen unos 180.000 millones de pesetas anuales, mientras que las derivadas del alquiler significan unos 18.000 millones.

Este planteamiento es, básicamente, el que han venido defendiendo todos los altos cargos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) -el ministro, José Borrell, la secretaria de Estado, Cristina Narbona, y el director general, Borja Carreras- durante los últimos meses.

La idea de retocar el mercado de la vivienda también ha sido sugerida por el titular de Trabajo, José Antonio Griñán. En un reciente encuentro con periodistas económicos, Griñán hablé de que el complemento de la reforma laboral debe ser la reforma del mercado de la vivienda, con el fin de mejorar la movilidad geográfica de los trabajadores. Un mercado del alquiler completo y con precios asequibles cumplía ese objetivo.

Las mayores reticencias a los primeros planteamientos del equipo de Borrell surgieron en Economía, debido al posible impacto sobre el déficit público. Sin embargo, el departamento que dirige Pedro Solbes ha incorporado a los debates de la Comisión Delegada un documento en el que, por primera vez, se reconoce la viabilidad de reducir las desgravaciones a la compra de vivienda para aumentar las destinadas al alquiler, según confirmaron fuentes de la Administración.

Dictamen del suelo

Por otra parte, el dictamen de la Comisión de Expertos sobre Urbanismo ha elevado al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos un total de 16 recomendaciones de políticas urbanas y de suelo y 76 de avance normativo. Las principales conclusiones del trabajo de este grupo de especialistas son:-Modificación de la Ley de Expropiación Forzosa y de la Ley de Bases de Régimen Local.

-Simplificación del planeamiento urbanístico general.

-Homogeneización de los regímenes de suelo, permitiendo, el desarrollo inmediato de todos los suelos susceptibles de ser urbanizados.

-Formulación periódica de programas de suelo.

-Permitir que un porcentaje mayoritario de las reservas para el sistema de espacios libres pueda ser de titularidad privada.

-Restricción generalizada de los costes de urbanización.

-Ampliar los casos en los que el propietario inicial puede ser sustituido por un urbanizador seleccionado mediante concurso.

-Implantar criterios no lucrativos en la gestión de todos los patrimonios públicos de suelo.

-Posibilitar la aplicación real del silencio positivo en el trámite de concesión de licencia.

-Reducción de la densidad urbanística y aumento de las viviendas protegidas, como fórmula para impedir la especulación.

-Extensión de las garantías de calidad del suelo urbanizable al urbano.

-Políticas de regeneración urbana que aumenten el parque de viviendas potencialmente utilizables.

Estas recomendaciones podrían servir de base a una futura Ley de Suelo, una vez se aclaren las dificultades por las que atraviesa la legislación en esta materia. Actualmente hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional.