Los periodistas abren un debate sobre la publicidad institucional

La Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) considera "urgente" eliminar ciertos controles políticos sobre los medios de comunicación. Para ello, la última asamblea general de dicha federación, celebrada a principios de este mes, se pronunció en favor de atribuir a "comisiones independientes" el control de la publicidad institucional. Las diferentes adminístraciones públicas contratan publicidad con un amplio margen de discrecionalidad, a falta de toda regulación legal.

La representación de los periodistas españoles, que preside Jesús de la Serna, aprobó dicha resolución varias semanas antes de que el Tribunal Supremo notificara una sentencia que condena al Estado al pago de hasta 2.550 millones de pesetas -más los intereses devenga dos desde 1987- por haber discriminado al desaparecido diario de extrema derecha El Alcázar, a la hora de distribuir publicidad instituciorial.La existencia misma de la sentencia ha de ser tenida en cuenta para la gestión futura de esa publicidad, puesto que es la primera resolución del máximo tribunal sobre dicha materia. El Gobierno ya ha adelantado que no pretende recurrir contra ella.

En este contexto, la resolución aprobada por la FAPE no contempla, en detalle, un procedimiento de solución de conflictos. Más bien abre un debate sobre ello, al proclamar la urgencia de conseguir que unas comisiones independientes" sean "las que controlen y supervisen la gestión de la publicidad institucional".

Este debate se refiere al control de una inversión que, sólo en lo que se refiere a la Administración central, ha implicado en los últimos años el reparto de 20.000 millones de pesetas por cada ejercicio En el primer semestre de 1994, la cantidad contratada por la Administración central superó los 10. 000 millones, según un estudio de la revista especializada Anuncios.

Transparencia

Al margen de la sentencia mencionada, la distribución de todo este dinero ha provocado escándalos periódicos sobre arbitrismos políticos, que afectan a la Administración central, pero también a las autonómicas o a los ayuntamientos.La solicitud de un mayor grado de libertad y autocontrol de los medios no es óbice para que las asociaciones de la prensa pidan igualmente "a las administraciones públicas" que ayuden a los medios de comunicación. Lo justifican por la crisis del sector, que está provocando un profundo deterioro del empleo en el mismo. La FAPE introduce otro matiz: como organización representativa de la profesión, con sidera que ella misma "debe es tar presente en estos procesos de concesión de ayudas públicas, que deberán encaminarse, en primer término, a la creación de empleo".

Otra de las resoluciones aprobadas por el órgano representativo de los periodistas consiste en "garantizar y ampliar la transparencia de las operaciones mercantiles en el sector de la comunicación social, a cuyos efectos resultan, insuficientes las actuales vías de informaciónregistral", afirma el texto acordado.