Los Doce descartan un adelanto del fin de los monopolios telefónicos

Hasta 1998, los consumidores europeos no podrán alquilar las redes telemáticas de sus compañías ferroviarias, o de las eléctricas, o de Correos. Tendrán que seguir utilizando las de su Telefónica nacional. La cuestión de la fecha provocó ayer un intenso debate entre los doce ministros de Transportes y Comunicaciones de la Unión Europea, entre. ellos el español José Borrell.La propuesta de la presidencia alemana y de la Comisión consistía en adelantar -con carácter inmediato-, este primer paquete de liberalización de las telecomunicaciones, pero la postura de una mayoría de Estados miembros inclinó la balanza al mantenimiento de la fecha de 1998, para que la Comisión pueda adoptar un marco regulador que garantice una competencia leal entre las diferentes redes.

La mayoría de los países, singularmente los que tienen sus redes de telecomunicaciones menos desarrolladas, pero también otros, se negaron a adelantar este calendario frente a Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda, que habían respaldado con anterioridad la propuesta de anticiparlo a 1995.

Los Doce habían acordado hace dos años que la ruptura total del monopolio de las telefónicas empezaría el 1 de enero de 1998. Eso significa que las otras empresas propietarias de redes telemáticas para uso privado puedan alquilarlas, y también que se abre a la competencia toda la telefonía, incluida la vocal. Los países menos desarrollados gozarían de una prórroga de cinco años para la operación.

Pero recientemente, tanto la presidencia alemana como la Comisión europea habían propuesto en un Libro Verde activar, desde ahora, una primera fase de la operación o aperitivo, como la definen los funcionarios españoles. Consistiría en poner en el mercado las infraestructuras ya existentes. Es decir: que empresas y particulares pudiesen alquilar con carácter inmediato las redes actuales de Renfe, las eléctricas, las compañías de gas y Retevisión, (en el caso de España), hoy infrautilizadas.

Pero el Ejecutivo español, junto a otros Gobiernos partidario de liberalizar a otro ritmo, se opusieron a adelantar esta liberalización. La razón fundamental de la resistencia española estriba, indican fuentes de la Administración, en que el perjuicio sería dramático para la Compañía Telefónica si se hace en poco tiempo.

Las tarifas telefónicas deben evolucionar en un sentido realista, acercándose al coste real, pero la adaptación requiere un plazo amplio. Pegar las tarifas al coste supone, por ejemplo, que las llamadas locales deberían subir de repente en torno al 50%.

Ocurre que la actual estructura de tarifas hace descansar el coste de las líneas deficitarias en las líneas excedentarias. Metrópolis y conexiones internacionales subvencionan, pues, a las áreas más apartadas de la geografía, hasta el punto de que los ingresos derivados de las líneas internacionales prácticamente doblan a sus costes. España es partidaria de una liberalización "adecuada y eficiente" para que no se creen desequilibrios territoriales, comentó anoche Borrell.

Los países contrarios a adelantar el calendario no es que estén en contra de la liberalización, al menos formalmente, sino del ritmo al que deben desmontar sus monopolios. Ya parecen convencidos de sus ventajas. Entre ellas, el Libro Verde: destaca que los precios de las líneas son en Estados Unidos diez veces más baratos que en Europa.