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La policía detiene en Panamá a Francisco Berga, el cerebro del 'caso Brokerval'

Panamá / Palma de Mallorca

El empresario mallorquín Francisco Berga fue de tenido el viernes por la policía panameña en un lujoso hotel de la zona costera de Chame, a 100 kilómetros de la ciudad de Panamá. Contra Berga había una orden de busca y captura de la Interpol por su actuación como consejero de la agencia de valores Brokerval. El detenido, que huyó hace cuatro meses de España, está acusado de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y fraude a la Hacienda pública.

El juez Pedro Barceló, que lleva el caso, anunció ayer que iba a solicitar el lunes al Ministerio de Justicia e Interior que pidiera la extradición de Berga apelando a convenios internacionales, dado que no existe convenio bilateral con Panamá. El juez redactó ayer mismo la petición correspondiente siguiendo el modelo del Tratado europeo de extradición. Barceló aseguró que esa solicitud se hace siguiendo la expresa recomendación de las autoridades panameñas, según consta el fax con que éstas anunciaron a las españolas la detención de Berga.El caso Brokerval es el tema financiero del año en Baleares al afectar a decenas de influyentes miembros de la sociedad balear que confiaron sus capitales a la agencia. Las investigaciones sobre el caso siguen abiertas y son tremendamente complejas al entrecruzarse numerosos delitos e irregularidades: fondos de dinero negro, desvío de capitales hacia inversiones inmobiliarias, desaparición de depósitos. Además de varios pelotazos en la compraventa de solares.

Más de 120 inversores denunciaron a principios de verano el engaño y la pérdida de sus depósitos -400 millones de pesetas-, y varios consejeros de la entidad actúan judicialmente contra la desaparición del capital social -200 millones-. Además, los especialistas analizan un arsenal de documentación de dos ramas de comunidades de bienes que manejaron 200.000 millones de pesetas. Una parte de estos fondos era dinero negro.

Los responsables de Brokerval pretendieron en 1991 tener un banco regional y reunieron en su sociedad a 60 destacados hombres de negocios y profesionales insulares. Tenían contactos financieros y avales políticos en Baleares: había políticos, notarios, inspectores, cargos de Hacienda, constructores, hoteleros, abogados y financieros. En tres años llegó la quiebra.

Al descubrirse el affaire surgieron sospechas de implicaciones políticas por el hecho de que la empresa familiar de Abel Matutes tenía vinculaciones con los empresarios implicados. Matutes es eurodiputado y ha sido comisario de la Comisión Europea a propuesta del PP. Por el momento, las indagaciones judiciales no aportan ningún dato en el sentido de que Brokerval pudiera estar conectada con la financiación del partido conservador.

La agencia había desviado fondos de inversores -que creían poseer valores contrastados- hacia operaciones inmobiliarias que resultaron fallidas. Por ello por ejemplo, no se pudo reembolsar el depósito de 36 millones de pesetas al teniente fiscal de Baleares, Ricardo Leiva, que era socio de Brokerval; además, se entregó un talón sin fondos de 101 millones a otro socio, el gerente de la Universidad Balear, Luis Piña, que operaba con las puntas de tesorería de la institución. Asimismo, los gestores despistaron defraudaron 20 millones a la empresa pública balear de Garantía Recíproca.

El ahora detenido Berga ya fue protagonista de otro hundimiento: el de la cooperativa agrícola de Sa Pobla, la más importante de Mallorca, con pérdidas superiores a 1.000 millones de pesetas, hace menos de 10 años. Antes había sido alabado públicamente como gestor agropecuario ejemplar por el presidente del Gobierno balear, Gabriel Cañellas. El propio Ejecutivo regional invirtió 3.000 millones de pesetas a través de Brokerval. Berga y su agencia empezaron su caída al aventurar capital ajeno en proyectos faraónicos: el túnel de Sóller y construcciones de lujo.

Un juez y un policía

Dos protagonistas se sitúan en el centro de la investigación del caso: el juez Pedro Barceló y el jefe del grupo de la policía de delincuencia económica, Carlos Fernández, que decidió detener a los consejeros Guillermo Coll, Francisco Tous, Fernando Mulet y al contable Miguel Seguí, después de cuatro meses de minucioso trabajo. El juez Barceló apareció en la relación de clientes de la agencia quebrada y dio cuenta de ello al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El fiscal Juan Carrau señaló que no existía ninguna razón para su inhibición o recusación. Barceló ha decidido que el sumario se instruya en la Audiencia Nacional por la magnitud del fraude fiscal y la implicación de sociedades de diferentes regiones.Las supuestas irregularidades en las inversiones y estados contables de Brokerval no fueron advertidas a tiempo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De acuerdo con el atestado policial en los tres últimos años, la CNMV recibió los balances "en condiciones de falsedad y alteración de datos que posibilitaron el error". Brokerval mantenía partes ficticios de tesorería, obraba con "artimañas y artificios" que generaron "un cúmulo de irregularidades".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de noviembre de 1994

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