Gestión y ahorro

LA CORRECCIÓN de irregularidades detectadas en la percepción del seguro de desempleo permitirá ahorrar este año al Estado más de 83.000 millones de pesetas. No es una bagatela. Representa más del 40% sobre los 200.000 millones que el Tesoro va a perder por la reducción de un punto en las cuotas a la Seguridad Social y que han obligado a decisiones tan discutibles como la subida del IVA. La conclusión principal es que la mejora en la gestión, incluyendo el control del fraude, es una vía muy importante, aunque apenas explorada, de reducción del déficit público.Recientes encuestas indican que los españoles atribuyen al Estado, en medida muy superior a los ciudadanos de otros países de similar nivel de desarrollo, una responsabilidad directa en su bienestar personal y familiar. Esa actitud les compatible con una sincera preocupación ciudadana por el déficit público, pero, a la hora de determinar cómo reducirlo, los españoles se caracterizan por oponerse tanto a la subida de impuestos como a cualquier recorte en las prestaciones y servicios públicos. Tan sólo en el capítulo de Defensa hay una mayoría partidaria de gastar menos; en todo lo demás, los españoles piensan que el Estado gasta menos de lo que debiera.

El gasto en prestaciones de desempleo es precisamente aquel cuya reducción suscita mayor oposición. Su importe es, sin, embargo, muy considerable: más de dos billones de pesetas en los Presupuestos para 1995. Todos los expertos en materia de empleo llevan años sosteniendo que la cifra real de paro es en España bastante inferior a la que reflejan las estadísticas; concretamente, que la economía sumergida es un factor decisivo para explicar que la tasa española de paro doble a la del conjunto de la Unión Europea. Ese factor explicaría también el dato, aún más sorprendente, de que el número de personas ocupadas en el sector privado sea en 1994 inferior en un millón al registrado en 1964.

El resultado es, en todo caso, que un número cada vez más reducido de ocupados sostiene a un número creciente de personas. De ahí que el futuro del Estado de bienestar dependa, en buena medida, de que sea capaz de canalizar la ayuda solidaria hacia las personas que realmente la necesitan. La idea de que el fraude está únicamente en el lado de los ingresos (vía defraudación fiscal) es consoladora, pero falsa. La Inspección del Ministerio de Trabajo ha detectado irregularidades en el 10% de los casos investigados. No siempre se trata de fraudes en sentido estricto, pero, incluso descontando los errores por desconocimiento, la cifra es espectacular. Como resultado de la inspección, se producirán más de 85.000 bajas en las listas de perceptores del subsidio.

Los modelos de fraude son variados, incluyendo los organizados por asesorías que se han especializado -en paralelo con las dedicadas a facilitar el fraude fiscal- en tramitar contratos aparentes a fin de pasar a percibir el subsidio una vez transcurrido el plazo correspondiente. Con cierta frecuencia, algunos empresarios simulan esas contrataciones falsas en connivencia con el trabajador.

La discusión sobre cómo compensar con otros ingresos la rebaja de las cotizaciones sociales ha hecho correr ríos de tinta. La reducción del déficit se ha planteado casi siempre por la vía de aumentar los ingresos; hora es ya de que se contemple también la reducción de los gastos, como han empezado a hacer con éxito Sanidad y ahora el Inem.