El arma es la ley en cinco urbes suramericanas

Itamar Franco, presidente de Brasil, firmó la pasada semana con el gobernador de Río de Janeiro un acuerdo que autoriza al Ejército a participar en la lucha contra el crimen organizado en las favelas (barrios de chabolas) de la ciudad. El reino de terror impuesto por las bandas criminales organizadas desborda totalmente la capacidad de acción de . la policía, que ante las dificultades para desempeñar su labor tiende a aliarse con la delincuencia organizada.Los barrios marginales de Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela) y Lima (Perú), en los que se hacinan inmigrantes miserables que acuden en aluvión fascinados por la gran ciudad, son caldo de cultivo para la violencia. La miseria, la ausencia de censos fiables, la droga, el fácil acceso a las armas, son elementos que permiten a las bandas organizadas dictar su ley.

En él caso emblemático de Río de Janeiro, incluso la orografía juega a favor de la delincuencia organizada, que ejerce como única autoridad en las Javelas. Los escuadrones de la muerte, nutridos a partir de paramilitares y de policías que buscan un sobresueldo, son una de las peores plagas de la ciudad. La continuada matanza de los meninos da rua eleva el listón de la crueldad de forma alarmante..

En la monstruosa urbe de Sáo Paulo, en cuya zona metropolitana residen más de 18 millones de personas, la policía es responsable de gran número de las muertes violentas en "el ejercicio de sus funciones", según la doctrina oficial.

En Bogotá hay que sumar las reyertas provocadas por el consumo de alcohol. El 8 de septiembre de 1993, 42 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en la capital colombiana a consecuencia de la violenta celebración del triunfo de la selección nacional de fútbol contra el equipo de Argentina, que supuso el pase a la fase final del, último campeonato mundial. Los accidentes de coche y las balas perdidas tuvieron mucho que ver con el abultado número de víctimas.

Caracas, donde los beneficiarios de la bonanza petrolera destacan por su opulencia, el crimen indiscriminado es un fenómeno peculiar. Los miserables no dudan en matar para robar un par de zapatillas de deportes.

La policía de Lima, concentrada en la lucha contra los terroristas de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, no tiene capacidad para combatir a la pequeña delincuencia y se limita a escoltar a cargos públicos o a pedir sobornos a los ciudadanos para eludir el pago de supuestas infracciones de tráfico.

Los ricos compran seguridad privada, y los pobres se toman la justicia por su mano, pero lo que está claro es que los poderes municipales en las urbes están lejos de poder garantizar los derechos de sus ciudadanos. Lo que sigue es un recorrido por las peligrosas calles de cinco de las grandes aglomeraciones urbanas de América Latina.

Río: La 'república' libre de favela

Unos días antes de las elecciones generales del pasado 3 de octubre, el candidato socialista a gobernador por Río de Janeiro, Anthony Garotinho, tenía previsto organizar un acto público en una favela cuando le advirtieron que antes, tendría que cumplir algunas formalidades. Emisarios de los narcotraficantes que controlan el barrio de chabolas le exigieron que pidiera permiso para dirigirse a su electorado. Concedida la bula, el candidato habló ante los favelados rodeado por las milicias de la cocaina, unos 20 jóvenes armados con poderosos fusiles AR15. Su rival, el socialdemócrata Marcello Alencar, no pudo hablar en las favelas. Los narcotraficantes no dieron su permiso.

Hace dos semanas, los delincuentes ordenaron a las autoridades de la Universidad Federal de Río de Janeiro que 1 suspendieran los cursos nocturnos por quen entorpecían sus actividades. La Universidad Provincial, por su parte, ha tenido que ce rrar un colegio ubicado en la línea de fuego de los bandidos. Apoyados en una policía ineficaz y corrupta, que asegura su impunidad, los delincuentes se han apoderado de las favelas y detentan un poderío creciente que desafía al poder del Estado.

El año pasado, cuando las autoridades investigaban el asesinato de 24 pobladores de una favela a manos de un grupo de exterminio formado por policías, se supo que la mayor parte de la cúpula policial estaba implicada en el hampa. Algunos comisarios que habían amasado fortunas fueron separados de sus cargos, pero ninguno de ellos fue detenido.

Los escuadrones de la muerte son uno de los puntos de convergencia entre la policía de Río de Janeiro y el tráfico de drogas. Los grupos de exterminio asesinan a unas 1.200 personas por año, con frecuencia por encargo de los narcos. En casi todos los casos su impunidad está asegurada por la falta de testigos, la incompetencia o la connivencia de la policía. Las cifras de homicidios de Río de Janeiro están entre las más altas del mundo: 61 asesinatos al año por cada 100.000 personas, frente a 38 en Sáo Paulo y 30 en la ciudad de Nueva York.

En Río de Janeiro hay unos 400 barrios de chabolas que albergan a la tercera parte de la población.

En su mayoría, estas favelas están enclavadas en la falda de los montes que forman la rugosa ortografía carioca. Son lugares de difícil acceso, donde la policía raramente se aventura. Los bandidos se han, apoderado, de estos barrios, donde dictan la ley, administran una justicia cruel y primitiva y hacen pequeñas obras sociales para granjearse el favor de los pobladores.

Sao Paulo: 18 millones de víctimas

En el Gran Sáo Paulo, el corazón industrial y financiero de Brasil, la proporción de muertos de morte matada con respecto a su población no es tan espectacular como en Río, pero la aglomeración de más de 18 millones de habitantes en el área metropolitana hace que la estadísticas policiales resulten escalofriantes: cada hora una violación, 14 hurtos, 7 robos de coches y, cada día, 15 homicidios.

La policía militarizada de Sáo Paulo era hasta el año pasado responsable de unas 1.500 muertes anuales. No obstante, a partir del clamor popular que se levantó en 1993 por la matanza de 111 presos desarmados en una cárcel próxima a la ciudad, los excesos policiales han disminuido.

Los delincuentes se arman en un floreciente mercado clandestino, donde una ametralladora israelí Uzi cuesta 350.000 pesetas, y un revólver Magnum 357 se vende por 125.000. En algún lugar del barrio este de Sáo Paulo, un fabricante clandestino construye silenciadores y ametralladoras caseras con tubos de amortiguadores de coche.

En la periferia de Sáo Paulo la violencia es patrimonio de los autodenominados justicieros. Habitualmente financiados por los comerciantes de barrio, estos asesinos profesionales, equivalente paulista a los escuadrones de la muerte, ejecutan a unas 1.200 personas al año, con frecuencia inocentes muertos por error o, a veces, testigos involuntarios de algún homicidio.

Bogota: Reyertas en una ciudad neurótica

Los habitantes de Bogotá viven a la altura de la neura. Una pintada en el centro de la capital sintetiza el sentir de sus habitantes: "Bogotá, a 2.630 metros de paranoia sobre el nivel del mar".

La psicosis se extiende desde la posibilidad de ser atrapado por algún malhechor en alguno de loscientos de barrios mal iluminados que se extienden sobre las 34.270 hectáreas que forman el área metropolitana de la ciudad. La desconfianza hacia la policía y la impunidad hacen que la mayoría de víctimas no presenten denuncias. Eduardo, un taxista bogotano, relata un caso ilustrativo: "El hombre estuvo de suerte porque cuando lo estaban engatillando para robarle el carro pasó un compañero y al momento dio la alerta por el radioteléfono: nos reunimos 15 taxistas y linchamos, a los atracadores, que resultaron ser hijos de policías... ¿Para qué poner la denuncia?. Eduardo se ha acostumbrado al trabajo de noche "porque hay menos congestión y los borrachos pagan mejor". El caótico tráfico bogotano también alimenta la neurosis. Los accidentes suman un promedio mensual de 5.287. Y no es mejor la incertidumbre de que una bala disparada al calor de unos tragos o en un ajuste de cuentas conviertan al transeúnte en una de las 94 personas asesinadas cada semana.

En el norte opulento y en la zona industrial del oeste, los vigilantes privados, generalmente armados, duplican el número de policías, que no llega a 10.000 en toda la capital.

Caracas: a Matar por unas alpargatas,

Los tres millones y medio de habitantes de Caracas viven entre rejas y bajo un toque de queda voluntario a partir de las ocho de la noche. En los últimos cuatro años, la criminalidad se ha duplicado. Según cifras del Ministerio de Justicia y procesadas por la Oficina Central de Estadística e Informática, los homicidios aumentaron de 2.513 en 1989 a 4.292 en 1993. En todo el país subieron de 27.947 a 34.008 en igual periodo.

Los delitos contra la propiedad se dispararon de 145.079 casos registrados en 1991 a 168.131 en 1993. El robo de vehículos pasó de 8.180 a 14.505. El valor de lo robado en dinero, objetos, vehículos y armas también subió de 3.076 millones de pesetas, en 1987 a 32.237 millones de pesetas en 1993, lo que hace del hurto una de las industrias más prósperas de Venezuela.

Caracas asume el 38% de estas estadísticas. Cada fin de semana se producen entre 35 y 40 muertes violentas por asesinatos a mano armada y riñas pasionales en el área metropolitana.

Pero lo terrible de Caracas es la violencia gratuita. José Luis Godoy, de 17 años, fue asesinado a tiros por un par de zapatillas de deportes. Aleina Quintero Montilla, de 22 años y madre de dos niñas, también murió de un disparo en la espalda al intentar resistirse a tres mujeres que pretendían robarle, cómo no, sus zapatillas deportivas de marca.

Lima: el pueblo asume la policía

En las calles de Lima, la capital peruana, la policía brilla por su ausencia excepto para solicitar sobornos por infracciones de tráfico, reales e imaginarias, o para servir de escolta a los funcionarios públicos. Las viviendas privadas están amuralladas, rodeadas de cercos eléctricos, y la música la ponen las estridentes alarmas de los coches recién asaltados. Según las cifras del Instituto Nacional, de Estadística e Informática, Lima concentra, con un tercio de la población de Perú, cerca de la mitad de los delitos cometidos en todo el país. El asalto y el robo son los más frecuentes. En 1993, más de la mitad de los domicilios particulares de la capital sufrieron la visita de los cacos.

José Ugaz, abogado penalista y estudioso de la violencia urbana, señala algunas causas que explican la situación. Las fuerzas de seguridad tienen como prioridad el combate a Ja subversión, encarnada en Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. De modo que los agentes optan en ocasiones, por el repliegue a sus cuarteles para evitar ser blanco de atentados, y descuidando así la seguridad de la población. Por otro lado, la crisis institucional y económica que atraviesan las fuerzas de seguridad alienta el delito, garantiza la impunidad y hace que muchos policías o antiguos agentes formen bandas criminales para ganar un sobresueldo.

La aparición de Sendero Luminoso en 1980 disparó la venta de armas, muchas de las cuales no se encuentran debidamente registradas. La crisis económica, la situación de extrema pobreza y la drogadicción contribuyen también a la violencia urbana en Perú.

Muchos pobladores de barrios marginales han optado ya por tomarse la justicia por su mano y los linchamientos de pequeños delicuentes empiezan a ser moneda corriente en Lima.

Este reportaje ha sido elaborado por Miguel Olivares con inforniaciones de Ricardo Soca, desde Río de Janeiro; María Isabel García, desde Bogotá; Ludmila Vinogradoff, desde Caracas, y Laura Puertas, desde Lima.