Juristas internacionales afirman en Málaga que es urgente despenalizar la eutanasia
ENVIADO ESPECIALDespenalizar la eutanasia es urgente, según los participantes en un seminario internacional sobre el tratamiento jurídico del problema, que hoy se clausura en la Universidad de Málaga. Menos en las leyes más permisivas de Holanda o Uruguay, la represión y el desconcierto rodean a la eutanasia. "Incluso el proyecto de Código Penal español es timorato, porque aunque distingue entre auxilio al suicidio y eutanasia, sigue tratándola como delito", afirman juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal.
En el tema de la eutanasia la ley de casi todos los países va por detrás de la sociedad. "En las encuestas internacionales", dice el sociólogo noruego Per Stangeland, "entre el 50% y el 80% de la gente es partidaria de la legalización, sobre todo los jóvenes. En España está a favor entre el 50% y el 65%, y en contra el 20-25%". Stangeland se muestra muy impresionado por el caso de Ramón Sampedro, que lleva 26 años tetrapléjico y ha visto hasta ahora rechazados todos sus intentos de accederá la eutanasia.
"Proyecto timorato"
El vigente Código Penal español dice en su artículo 409: "El que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide será castigado con la pena de prisión mayor; si se la prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte será castigado con la pena de reclusión menor". Este artículo fue calificado en 1993 de "sumamente insatisfactorio" por los penalistas del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), algunos de cuyos miembros participan en el seminario de Málaga."Incluso el proyecto de nuevo Código es timorato", señala Bernardo del Rosal, de la Universidad de Alicante. José Luis Díez Ripollés, de la Universidad de Málaga, está de acuerdo: "Se distingue entre auxilio al suicidio y eutanasia, pero digamos que en vez de un delito se contemplan dos". El GEPC publicó en 1993 Una alternativa al tratamiento jurídico de la disponibilidad de la propia vida, donde se señala: "La vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido. En otros términos: la vida es un derecho, no un deber".
Aunque pertenece al GEPC, el director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Borja Mapelli. Caffarena, insiste en la cautela: "El homicidio consentido debe estar castigado, me parece indudable. Hay que mantener la protección de la vida. Lo que propongo es excepcionar la eutanasia activa. Pero hay que tener en cuenta las dificultades del consentimiento de un enfermo terminal, o cuidar que un hospital aplique la eutanasia por razones de ahorro. En suma, in dubbio, pro vita [en la duda, por la vida]".
"Pese a que en EE UU tenemos leyes que criminalizan la ayuda al suicidio", indica Howard Stone, de la Universidad de Houston, "no es frecuente ver acusados a los médicos por auxiliar así a enfermos terminales. Hay una gran simpatía por esos pacientes. El caso del doctor Kevorkian demuestra que no se quiere la condena".
Antonio Escohotado, de la Universidad a Distancia, contrapone la postura grecorromana, favorable a la eutanasia, a la vigente. Escohotado defiende que, hasta para elegir su muerte, "el individuo conserve el denuedo de saberse libre" y cita a Plinio: "De los bienes que la naturaleza concedió al hombre, ninguno mejor que una muerte oportuna, y lo óptimo es que cada uno pueda dársela a sí mismo".
