La Generalitat niega trato de favor a la clínica New Teknon

C. P. / LL. U. La Generalitat no asume ninguna responsabilidad en la modificación urbanística que permitió al financiero Javier de la Rosa construir la clínica New Teknon, de Barcelona. Fue el Ayuntamiento el que, a propuesta de la empresa del financiero encarcelado, tomó la iniciativa de elaborar un plan especial que atribuyó al solar la consideración de equipamiento privado y no público. La Comisión de Urbanismo del Gobierno autónomo, señala la Generalitat, se limitó a ratificar la propuesta municipal.

Este es uno de los temas que Jordi Pujol se comprometió a aclarar en el Parlamento catalán. Obras Públicas es el departamento encargado de documentar su actuación en este asunto. Justicia deberá explicar el tipo de tutela ejercida sobre la Fundación Quail y Economía, la operación de compra del edificio del la CNL, sociedad vinculada igualmente a De la Rosa.

Con respecto a New Tecknon, cuando llegó el momento de conceder la licencia de obras, la Generalitat argumenta que se subrogó esa concesión por imperativo de la ley, porque el Ayuntamiento no contestó en el plazo prescrito a la solicitud de Mexans, promotora de la clínica.

En el Ayuntamiento de Barcelona no cuestionan la legalidad de la actuación de la Generalitat, pero destacan lo excepcional que resulta que se diera la licencia ignorando la oposición del gobierno local y sin consultarle.

Lo ocurrido con la clínica New Teknon fue uno de los ejemplos que utilizó la oposición, y la socialista en particular, durante: el debate parlamentario de la semana pasada, para ilustrar que las relaciones entre el financiero y la Generalitat no se limitaban al parque reacreativo de Vila-seca y Salou y acusarla de trato de favor. Pujol y su esposa asistieron en marzo de 1994 a la inauguración de la clínica.

De acuerdo con el relato de la Generalitat, el Ayuntamiento presentó a la Comisión de Urbanismo, y ésta le dio su conformidad, el plan especial a favor de su destino corno uso sanitario privado sin atender las alegaciones de los vecinos.

El 20 de noviembre de 1989, Mexans pidió al Ayuntamiento una licencia para la reforma y ampliación de la policlínica, y en agosto de 1990 otra para obras de nueva planta. El 8 de noviembre de 1990, Mexans denunció ante la Generalitat la demora. El 31 de octubre, el Ayuntamiento había denegado la primera licencia, alegando que la propiedad no aceptaba una rebaja sustancial de la altura. Pero no consta en el expediente, según la Generalitat, que ello fuera comunicada al interesado, -por lo que jurídicamente equivale a silencio administrativo.

La Generalitat alega que la subrogación en las comisiones de urbanismo en la otorgación de licencias es automática, reglada y no discrecional, una vez que el administrado denuncia la demora y se informa de ello al Ayuntamiento. Y añade que si Urbanismo no hubiera otorgado la licencia, Mexams la hubiera obtenido por silencio administrativo.