El director de 'The Guardian' tendrá que explicarse ante el Parlamento británico

En menos de 48 horas, el primer ministro británico, John Major, ha conseguido dar la vuelta a la situación más que incómoda que atravesaba su Gobierno, inmerso en un escándalo de corrupción política, y pasar de acusado a acusador. El cambio ha sido posible por obra y gracia de un fax falsificado hace meses por el diario The Guardian, utilizando el logotipo de la Cámara de los Comunes para obtener información confidencial del hotel Ritz de París. La transgresión cometida por el diario fue objeto ayer de un airado debate en la Cámara de los Comunes, que decidió exigir a Peter Preston, director de The Guardian, que explique su actuación ante el Comité de Privilegios de la Cámara, que investiga las conductas irregulares relativas al Parlamento.Conservadores y laboristas consideraron reprobable la conducta del diario, aunque estos últimos la juzgaron irrelevante en comparación con los casos de corrupción política a los que se enfrenta la propia Cámara. Los laboristas se preguntaron también por qué el Gobierno ha esperado hasta ahora para desvelar la infracción cometida por el periódico, cuando conocía la existencia del fax falsificado desde hace más de cinco meses.

De acuerdo con la centenaria normativa de esta Cámara, Preston, director de The Guardian desde hace 19 años y hasta el martes miembro del Comité Ético Periodístico del que ha dimitido, podría. ser condenado a una multa o, en el caso más extremo, incluso a la cárcel. El diario utilizó un papel con el membrete de la Cámara de los Comunes para obtener una copia de la factura del secretario del Tesoro, Jonathan Aitken, a raíz de su estancia en el hotel parisino, en septiembre del año pasado. Preston se lamentó ayer por una acción indebida pero a su juicio imprescindible, para proteger a su fuente -el financiero egipcio Mohamed Al Fayed- en el intrincado caso de la factura de Aitken en el Ritz, costeada, al parecer, por un financiero saudí.

Dos dimisiones

El caso Aitken constituye el último capítulo del escándalo desvelado por The Guardian sobre la conducta irregular de varios miembros del Gobierno. Dos viceministros han dimitido en las dos últimas semanas acusados de haber "colaborado" con un lobby que actuó en favor del financiero Al Fayed entre 1987,y 1989, cuando se enfrentaba a una cruda batalla para comprar los almacenes Harrods.La polémica sobre el uso indebido del logotipo de la Cámara ha coincidido con el examen a puerta cerrada, por parte del Comité de Privilegios, de la conducta de dos parlamentarios tories acusados de preparar preguntas parlamentarías a cambio de dinero. Pese a que el Partido Laborista no ha conseguido que el caso sea examinado públicamente, uno de sus diputados más rebeldes, el veterano Tony Benn, miembro del Comité, ha desañado las leyes parlamentarias al desvelar el contenido de la sesión.