Riesgos del pasado

ES TAN razonable lo que piden los alcaldes dé los pueblos afectados por los vertidos radiactivos producidos en 1970, es decir, que se realice un informe oficial sobre sus efectos radiológicos, que llama la atención que los organismos competentes no hayan tomado de oficio esa iniciativa, al hacerse pública (el pasado domingo en es Í te periódico) la noticia de aquel grave suceside contaminación nuclear.Hace 24 años, entre 40 y 80 litros de líquidos radiactivos de larga vida (estroncio 90, cesio 137, rutenio 106 ... ) utilizados en la sede de la Junta de Energia Nuclear, radicada en Madrid, fueron vertidos accidentalmente al río Manzanares, siguiendo su curso a través del Jarama y del,Tajo. Y en su recorrido, las aguas contaminadas regaron las huertas que abastecían -much6 más entonces que hoy- de productos hortícolas a los habitantes de Madrid.

Es posible que, tantos años después, no tenga sentido alguno realizar un estudio epidemiológico sobre las repercusiones sanitarias que pudieron tener aquellos vertidos en los pueblos afectados y entre los potenciales consumidores de las hortalizas radiactivas. Pero sí lo tiene investigar si las zonas contaminadas entonces conservan o no algún tipo de radiactividad, despejando claramente las dudas que puedan existir al respecto. No puede pasarse por alto, como si fuera un dato sin importancia, que la vida activa de los elementos radiactivos se prolonga durante muchos años (durante milenios en el caso del uranio y, del plutonio). Y mucho menos que la exposición humana a sus efectos por encima de los límites tolerables origina diversos tipos de cánceres, sobre -todo si esa exposición, como es el caso, tiene lugar a través de los alimentos.

- No es cuestión, evidentemente, de lamentarse ahora de la actuación irresponsable de las autoridades de la época, acostumbradas a eludir sus responsabilidades y a hurtar toda información a los ciudadanos. Pero sí de enmendar, en lo posible, toda una serie de decisiones tomadas entonces en un asunto que todavía puede seguir produciendo algún riesgo para las zonas afectadas.

La mayor parte de las autoridades locales de los pueblos afectados, en los que fue imposible ocultar del todo el accidente ocurrido en 1970, están convencidas de que, en la actualidad, las zonas ribereñas a los ríos contaminados están perfectamente aptas para el cultivo. Pero, como muy sensatamente ha afirmado uno de ellos, "parece prudente que la Administración zanje este tema de una forma lógica y racional". El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo heredero en la etapa democrática de la Junta de Energía Nuclear del anterior régimen, no puede eludir, ahora que se ha sabido públicamente la magnitud del accidente, las responsabilidades que le competen en el control y la protección radiológica de la población.

No basta, pues, con hacer mediciones rutinarias de radiactividad en las zonas afectadas y escudarse en un simple "no consta" respecto de cualquier tipo de incidencia en la población. Es obligado un informe específico sobre la cuestión que aclare, especialmente ante los habitantes de las zonas afectadas, que ya no hay nada que temer de un accidente que, según documentos reservados de la época, llegó a causar una radiactividad 20 veces superior a la permitida.