Justicia amplía la defensa del no nacido en el anteproyecto definitivo de la futura ley del aborto

El proyecto de ley sobre aborto libre en las 12 primeras semanas de embarazo, que el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes próximamente modifica el anteproyecto para ampliar la función de protección del no nacido a cargo de los centros de asesoramiento previo a la decisión de la mujer. Aunque la Secretaría de Estado de Justicia asegura que sólo se han incorporado "observaciones técnico-jurídicas" la comparación de los textos inicial y final muestra una aproximación a los criterios de los miembros más conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las modificaciones introducidas en el anteproyecto de ley sometido a informe del CGPJ no son numerosas ni afectan a la parte esencial de la regulación -decisión de la mujer tres días después de recibir asesoramiento-, pero sí incorporan matices sobre este trámite. Según el texto íntegro examinado ayer por la comisión de subsecretarios y difundido por Europa Press, los centros de asistencia y asesoramiento a la mujer "tienen como función garantizar una eficaz protección de la vida del aún no nacido".En el anteproyecto, tal función aparecía difuminada, junto a la referencia a que tales centros, deberían indicar a la mujer "cuáles son los centros sanitarios habilitados" para abortos. El nuevo texto suprime este cometido de los centros y, a la vez que mantiene que "en caso necesario, informarán a la mujer sobre los medios adecuados para la prevención de futuros embarazos no deseados", les atribuye como única función la eficaz protección del feto. Detalla, además, cómo deben hacerlo.

Protección detallada

Los centros de asistencia y asesoramiento "proporcionarán a las mujeres que a ellos acudan", dice el nuevo texto, "la información, apoyo y asesoramiento ( ... ) sobre los recursos de protección social existentes en el ámbito estatal, autonómico y local y en particular salarios de inserción social, ayudas a la vivienda y ayudas o recursos para familias monoparentales y mujeres en situación de grave conflicto, o cualesquiera otros de la misma naturaleza". Igualmente, se incorpora que la mujer será informada de cuantas "soluciones existan para la mejor solución de su conflicto, con especial referencia a la regulación legal vigente en materia de adopción y acogimiento familiar".Los consejeros del poder judicial Andrés de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante y José Luis Manzanares reprocharon al anteproyecto que no alcanzara niveles suficientes de protección a la vida del feto. El escrito señalaba que un texto legislativo alemán similar al anteproyecto español fue anulado en mayo de 1993 por el Tribunal Constitucional alemán porque no quedaba suficientemente protegida "la vida del nasciturus, a cuya preservación se encaminaba ese 'asesoramiento' con una claridad que, por cierto, está lejos de hallarse en el anteproyecto interministerial que nos ocupa".

A tal inquietud es sensible el nuevo texto que, en cambio, no introduce modificaciones reclamadas por sectores feministas y progresistas, tales como la gratuidad del aborto y las garantías frente a la objeción de conciencia de los médicos, para que no se frustren las expectativas creadas por la futura ley. La secretaría de Estado de Justicia informó en septiembre último que se estaban estudiando modificaciones para tratar de asegurar la gratuidad de la interrupción del embarazo cuando la interesada se encuentra en estado de necesidad por su penuria económica. Fuentes de la Administración insistieron ayer a Efe en el propósito gubernamental de estudiar soluciones para las mujeres en situación económica débil.

IU, bastante cerca

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi -coautora del proyecto de ley, junto con Ángeles Amador, titular de Sanidad y Consumo, y Juan Alberto Belloch, de Justicia e Interior- estimó ayer que el proyecto de ley será remitido por el Gobierno a las Cortes en menos de un mes. Alberdi admitió no conocer la actitud de los demás partidos, pero consideró que "Izquierda Unida puede estar bastante cerca de nuestros postulados". Agregó que todo depende de si los grupos parlamentarios dejan libertad de voto.Respecto a las declaraciones del presidente del PP, José María Aznar, sobre que esta ley rompe el consenso, Alberdi puntualizó que lo que se pretende con ella es que "las mujeres que, por las circunstancias que sean, normalmente familiares, sociales o personales, se vean en esa situación tan difícil de tener que abortar, no tengan que ir a la cárcel". Y remachó: "Ese es nuestro planteamiento, así de sencillo, y creo que la sociedad puede entender perfectamente esto".