Respuesta política

LA COMISIÓN que investiga la financiación irregular de los partidos no ha empezado con buen pie. La primera votación planteada en su seno ha sido para excluir, con el apoyo del PSOE, los casos específicos que afectan a los nacionalistas catalanes y vascos (casinos y tragaperras). La argumentación es peregrina, por mucho que la haya apoyado el presidente del Gobierno. Si se trata de controlar la acción de los Ejecutivos catalán y vasco, es lógico que los órganos competentes sean los respectivos Parlamentos autónomos. Si estamos ante unos casos que supuestamente aportan datos sobre la financiación irregular de dos partidos con representación en las Cortes, no puede hablarse en seno de un conflicto de competencias.Lo que justifica precisamente la existencia de esta comisión es el propósito de estudiar en su conjunto, de una vez por todas, la financiación irregular, en mayor o menor medida, de todos los partidos políticos. Algo que sólo unos pocos reconocen en público, pero que nadie discute- en privado. Sólo un diagnóstico compartido de este problema, que ha contribuido más que cualquier otro al descrédito de los políticos, permitirá tratar de resolver de una vez una de las herencias pendientes de la transición. Desde que el caso Filesa desvelé la dimensión del problema, los partidos han utilizado cada escándalo como arma de desprestigio del adversario; pero han sido incapaces de dar una respuesta política de conjunto a algo que les afecta a todos,, sin excepción.

La comisión podría ser el marco adecuado para producir esa respuesta, a condición de que sus componentes actúen de buena fe. Algo que se ha echado en falta en la estrategia ideada por los nacionalistas catalanes. La intervención del presidente del Gobierno en el debate público ha sido interpretada por la oposición como una prueba adicional de la existencia de un pacto de defensa mutua.

Pero tampoco el PP parece especialmente interesado en contribuir a encontrar esa respuesta 'Política conjunta. Ya de entrada quiso reducir el alcance de la investigación al caso Filesa. Para ello ha sostenido que el caso Naseiro, cuya relación con sus propias finanzas es tan evidente como la de Filesa con las del PSOE, había dejado de existir una vez sobreseído, por defectos de forma, el proceso judicial abierto en su día. Pero la investigación parlamentaria es independiente del proceso penal: no persigue determinar la culpabilidad de las personas, sino esclarecer unos hechos de los que podrían derivar responsabilidades políticas.

La virtualidad de esta comisión para establecer un diagnóstico compartido es, precisamente, que en ella se borra esa barrera, en gran parte casual, de la distinta suerte corrida en los juzgados por los distintos casos. También sería indiferente su paso, como casos particulares, por los Parlamentos: el de las tragaperras -contra lo que ahora se ha alegado- no llegó a ser investigado en el de Vitoria porque lo impidió la mayoría formada por el PNV y el PSOE; el de Casinos fue dictaminado de manera exculpatoria para CiU merced a la mayoría absoluta de este partido en el de Cataluña .El de Naseiro no se investigó porque se opuso a ello... el PSOE, que no quería crear un precedente aplicable al caso Guerra.

Esas diferencias no borran la evidencia de que todos los casos tienen que ver con métodos de financiación irregular de los partidos. Las pruebas conocidas por la opinión pública (cintas de Naseiro, facturas de Filesa y Casinos, dictamen del Tribunal Vasco de Cuentas sobre 2.500 máquinas ilegales ... ) hacen que sólo pueda albergar dudas quien tenga interés en ello. Luego, hay un problema político que afecta a todos los partidos. También a Izquierda Unida, aunque sus procedimientos fueran diferentes y menor la cuantía de su financiación opaca. Y, por supuesto, comprende a partidos que dejaron de pagar sus deudas bancarias con el truco de su refundación y cambio de nombre. Esas evidencias no desaparecen porque se incluyan, o no, los Casinos de Cataluña, la Operación Roca o cualquier otro asunto en la Esta de los investigables por la comisión.

La respuesta penal será la que los jueces determinen, y la comisión no podría, aunque lo pretendiera, interferir en ella; pero la respuesta política sigue pendiente. Una respuesta que debe proyectarse al futuro, pero no excluye, sino todo lo contrario, una valoración de lo ocurrido: un, diagnóstico -necesariamente autocrítico- de los factores que han determinado el fracaso del sistema actual de financiación: incapaz de evitar el tráfico de influencias, tendente al despilfarro, nada transparente, sin mecanismos eficaces de control y sanción... Sólo tras un reconocimiento explícito de esa realidad tendrán credibilidad las propuestas de modificación del marco legal que puedan emanar de la comisión.