La red de Ibercoop logró contratos de otras tres consejerías

Los tentáculos del caso Ibercoop se extienden por varios departamentos de la Comunidad. La Dirección regional de Empleo, que dirige Juan Navarro, no fue la única que concedió subvenciones y contratos a las 12 empresas de esa red levantada por Cipriano Uceda Aragoneses, ex socio de Navarro. La Consejería de Educación adjudicó un curso de formación a una de esas firmas en un concurso público al que se presentó también otra sociedad del engranaje. Otras lo consiguieron de Hacienda o Presidencia.

Los vericuetos burocráticos y administrativos por los que se manejaba perfectamente el grupo Ibercoop para conseguir subvenciones y contratos del Gobierno regional, de acuerdo a la legalidad, quedaron ayer patentes. Varias empresas de esa red han trabajado estos años no sólo para la Consejería de Economía, sino para la de Hacienda, Educación y Presidencia.La Consejería de Educación sacó a concurso en 1991, en los boletines oficiales de la Comunidad y del Estado, un curso de metrología y calibración por un importe de 30.164.000 pesetas dentro de un programa técnico profesional. Seis empresas se mostraron interesadas y reclamaron información. Al final, sin embargo, sólo se presentaron tres: Ingecon, Hades 87 y Centro Experimental Didáctico Antonio Bartolomé Uña. La primera quedó descartada por falta de experiencia. Las dos segundas forman parte de la trama de Ibercoop, empresas a las que desde la dirección de Empleo, dirigida por Navarro, se les adjudicaron entre 1989 y 1992 contratos por más de 235 millones de pesetas. Centro Experimental Didáctico, que ofertó el precio más barato, quedó desechada por no demostrar clasificación empresarial.

Hades 87 efectuó el curso -de 550 horas y para 100 alumnos- con informes favorables de la Universidad, Politécnica y el Tribunal de Cuentas. El 80% de los alumnos se insertaron posteriormente en el mercado de trabajo. Estos buenos resultados recomendaron repetir la experiencia en 1992. Hades 87 volvió a presentarse, pero no fue elegida.

El Centro de Cooperación y Desarrollo Empresarial (CCDE), otra empresa de la red Ibercoop, se ha centrado en la Consejería de Hacienda. En 1993, la Dirección regional de la Función Pública remitió información sobre cuatro cursillos de reuniones operativas a 25 empresas especializadas. Contestaron 16. El CCDE se llevó dos por valor de 924.000 pesetas. Los alumnos -21 por curso- destacaron el nivel ofrecido por la empresa.

En 1994, Hacienda adjudicó a CCDE un curso de sistemas e información por 483.000 pesetas. Concurrieron ocho ofertas y los alumnos valoraron la formación con una nota de ocho puntos sobre diez. Ese año, esta consejería dio otro cursillo, de motivación y organización, a ese mismo centro por 462.000 pesetas. Se presentaron 14 empresas. En este caso, los alumnos dieron un nueve de nota a sus profesores. La Dirección regional de la Mujer, dependiente de la Consejería de Presidencia, concedió en 1991 una subvención a Ibercoop, empresa madre de la trama, por un proyecto por el que se contrató a siete mujeres.

Comisión en privado

La Asamblea de Madrid estudiará esta semana las normas para regular la comisión de investigación de este caso, tras el mandato expresado el jueves por todos los partidos políticos en el pleno del Parlamento regional. La mesa y la junta de portavoces tratarán hoy este asunto, pero no tendrán tiempo para especificar los detalles de esa comisión: quién será su presidente, cuántos sus componentes o si debe ser pública o privada.El reglamento de la Asamblea determina que estas comisiones no pueden ser públicas. El PP pedirá hoy que se modifique esta norma (ya había formalizado una proposición de ley en ese sentido en junio pasado y que aún no se ha debatido) para permitir el acceso a los medios de comunicación.