La ayuda a la red de y empresas prosiguió pese a la alarma del interventor regional
El director regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, Juan Navarro Barrios, compareció ayer en la Asamblea de Madrid y explicó durante tres horas su actuación en el caso Ibercoop. Esta cooperativa ha dado nombre al escándalo político desatado esta semana tras conocerse que esa dirección general había concedido subvenciones por más de 235 millones de pesetas a 12 empresas dirigidas por Cipriano Uceda Aragoneses, ex socio del propio director general. Juan Navarro negó trato de favor a su ex socio, pero admitió un posible fraude en la utilización de esas ayudas.Las supuestas irregularidades, según apuntó ayer Navarro ante la Comisión de Economía convocada urgentemente por el Parlamento regional, fueron observadas por la Intervención General de Hacienda de la Comunidad en diciembre de 1992, que alertó entonces de este hecho a la Consejería de Economía.
Días más tarde, el director de Empleo puso su cargo a disposición del consejero, José Luis Fernández Noriega; éste rechazó su dimisión e inició una investigación interna, que corroboró más tarde, en el verano de 1993, las sospechas del interventor. Pese a ello, Navarro otorgó en ese periodo, y hasta septiembre de 1993, más de 100 millones de pesetas en subvenciones a empresas del grupo Ibercoop, según documentación aportada por el PP.
En su intervención de ayer, Navarro tan sólo convenció de su inocencia política en la gestión de la Dirección de Empleo, cargo que desempeña desde 1989, a su consejero y a los diputados del PSOE. IU y PP coincidieron en poner en duda, cuando menos, su capacidad para el puesto por el daño patrimonial causado a la Comunidad "en la entrega a fondo perdido de esas subvenciones".
Juan Navarro admitió que todas las ayudas concedidas a esa red de empresas relacionadas don Uceda por trabajos de asistencia técnica -69.250.000 pesetas- se han demostrado irregulares en su utilización y aseguró que tales cantidades fueron reclamadas hace un año para que fueran devueltas. El reintegro no se ha producido porque está pendiente de que se pronuncie sobre este contencioso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El director de Empleo no aportó ayer cifras precisas, pero sí asumió que permitió nuevas subvenciones a esas mismas empresas porque legalmente no se había demostrado todavía ninguna irregularidad y no podía perjudicarlas.
Aunque Navarro no fue ayer muy claro en este extremo, este fraude en la utilización de fondos públicos tiene que ver con manejos administrativos de los responsables de esa red, a los que él calificó como "profesionales de las subvenciones".
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Juan Navarro califica de "profesionales de las subvenciones" a las empresas de su ex socio
VIENE DE LA PÁGINA 1El director regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, Juan Navarro Barrios, afirmó ayer, en su comparecencia urgente en la Asamblea, que las empresas del caso Ibercoop no eran ficticias y que sí desarrollaban alguna actividad además de pedir subvenciones a varias administraciones. "Sí, posiblemente han utilizado excesivamente las subvenciones y son unos profesionales de las subvenciones, pero de ahí a una mafia hay un buen trecho", subrayó.
La única irregularidad destacada por el polémico informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Comunidad de Madrid en 1991 -todavía secreto por estar sujeto a la fase de alegaciones-, observa precisamente que la Dirección Regional de Empleo otorgó ese año a la cooperativa Ibercoop 12.930.000 pesetas (véase El País Madrid del domingo). El tribunal apunta que Navarro pudo infringir la Ley de Incompatibilidades de cargos públicos.
El propio Navarro eleva esa cifra de subvenciones a Ibercoop a tres millones más. Ibercoop fue fundada en diciembre de 1986 por Cipriano Uceda Aragoneses y el propio Navarro, entre otros socios.
Mala relación con Uceda
Navarro explicó ayer que en realidad nunca fue socio de Uceda porque, la misma tarde de la constitución de esa cooperativa ante notario, tanto Cipriano Uceda como los cinco socios restantes se echaron atrás. No aportó documentos al respecto. Sí mostró, en cambio, su baja laboral en Ibercoop un año más tarde. Navarro etiquetó ese periodo de la empresa como "irregular", y arguyó que, como esta entidad cambió todos sus socios en 1989, él ya nada tenía que ver con ella cuando los nuevos directivos acudieron a la consejería en busca de subvenciones.
Entre los nuevos socios emergentes en Ibercoop en 1989 surgen nombres que se cruzan con Cipriano Uceda en otras empresas de la red.
El director regional de Empleo -siempre con tono pausado- basó su defensa de ayer en aportar datos, fechas y nombres para justificar todas sus actuaciones como "legales" y acordes a la normativa. En este sentido, afirmó: "No ha habido fraude en la concesión de subvenciones porque las he propuesto sin inculcar los principios de igualdad, concurrencia y objetividad".
Sobre la subvención a su ex cooperativa Ibercoop, Navarro explicó que él no estaba presente en el grupo de trabajo que la aprobó y en el que participaron representantes empresariales, por lo que considera que se "inhibió", como exige la Ley de Incompatibilidades. Los sindicatos, en esa ocasión, no acudieron. El PP, por el contrario, considera que Navarro debió explicar por escrito su inhibición, para que constase documentalmente.
No negó Navarro la existencia de la red de empresas Ibercoop, que él mismo elevó, con nombres y apellidos, a 12 y que definió como "trama".
El grupo de empresas Ibercoop, según Navarro, lo forman Centro Odontológico, SA; Manufacturas Dentales, SAL; Laboratorio Móvil de Calibración; Compañía Internacional Dental; Centro de Planificación Familiar Salud y Mujer, SAL; Coprodema, SCL; Hades Informática; Centro Experimental Didáctico Antonio Bartolomé Uña, SC; Hades 87, SA; Sanidad Dental, SA; Centro de Cooperación y Desarrollo Empresarial, SC. Todas estas sociedades tienen cruzados muchos nombres de sus consejos de administración y son dirigidas, con distintas responsabilidades, por Cipriano Uceda Aragoneses.
Tampoco ocultó Navarro en su exposición de ayer en la Asamblea que conocía a Uceda. Dio incluso cantidades exactas del dinero que recibieron de su dirección esas firmas entre 1989 y 1992 por subvenciones, y que situó exactamente en 235.302.552 pesetas: 69.250.000 pesetas por asistencias técnicas, 35.530.000 por proyectos generadores de empleos y 130.522.552 pesetas por cursillos de formación.
Navarro no sólo reconoció el supuesto fraude por el mal uso de 69 millones de las asistencias técnicas. También aclaró que los 35 millones entregados a proyectos para crear empleos han sido reclamados por no mantener las empresas los trabajos tres años. Sobre lo que hicieron esas firmas con los 130 millones para formación se limitó a justificar que los resultados tienen difícil comprobación.
Todos esos argumentos convencieron al portavoz del PSOE, Juan Antonio Ruiz de Penagos, quien dudó incluso de que la persistencia de la comisión de investigación sobre el caso tuviese ya algún sentido.
La portavoz de IU, Teresa Nevado, eludió evaluaciones morales sobre el comportamiento de Navarro, pero puso en duda su capacidad de gestión y solicitó muchas aclaraciones que éste no pudo, no quiso o no tuvo tiempo de contestar.
"Una inmoralidad"
Carmen Álvarez Arenas, del PP, fue explosiva: "Usted ha cometido una inmoralidad política que con el nuevo Código Penal ya estaría tipificada como delito de tráfico de influencias. 0 usted es un incapacitado, insolvente o ignorante, o ha favorecido a sus amigos. En cualquiera de los dos casos, debería dimitir". Esta diputada matizó su acusación anterior contra Navarro: le había definido como "capo de una red mafiosa", y ayer dijo que "encabezaba una mafia". Álvarez Arenas increpó al consejero de Economía, presente en la sala, para que atreva a llevarla a los tribunales como éste había amenazado anteriormente y volvió a recordar tras el debate.
Álvarez Arenas acusó a Navarro de montar a posteriori una estrategia de cartas, actuaciones e investigaciones precisamente tras ser alertado, en diciembre de 1992, por la Intervención General de Hacienda. "¿Qué habría pasado si Hacienda no hubiera avisado?", se preguntó la diputada del PP.
Navarro postergó ayer su posible dimisión a los resultados de la comisión de investigación. Pero aclaró que su renuncia será irrevocable si el dinero ahora perdido por la Comunidad -casi 105 millones- no se reintegra totalmente.
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