Gobierno pide un dictamen juridíco sobre la Ley de Privatizaciones

La Comisión de Subsecretarios examinó ayer el borrador de la Ley que regula la Continuidad de la Actividad Empresarial en caso de Enajenación de Participaciones Públicas, vulgo Ley de Privatización. La Comisión decidió requerir. un informe técnico-jurídico sobre el texto del borrador, para contar con la seguridad de que no podrá ser rebatido por instancias jurídicas superiores. La preocupación fundamental de los redactores del texto -el Ministerio de Industria- radica en que la venta de acciones de empresas públicas no sea compatible con el posterior control que se reserva el Gobierno, de acuerdo con el texto del proyecto. En la práctica, la Ley supone una minusvaloración de los derechos políticos de las acciones de empresas públicas compradas por inversores privados.

Las expectativas del departamento son que el borrador sea aprobado el próximo Consejo de Ministros o el siguiente. El gobierno en su conjunto ha recibido bien la propuesta de norma privatizadora, en cuanto que deja manos libres al Ejecutivo para ampliar a voluntad los límites de la privatización del sector público y resuelve drásticamente los problemas posteriores de coordinación con el sector público, con una fórmula similar a la Ley Balladur. No obstante, se han suscitado ciertos temores sobre probables acusaciones de intervencionismo, debido precisamente a esa reserva de control.