FMI: un tributo ídeológico al liberalismo

A estas alturas, son muchos los comentaristas que han explicado los orígenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sus objetivos iniciales y sus resultados a lo largo de 50 años. La valoración de su actuación es. bastante dispar, pero al menos se puede concluir que hay algunas cuestiones difícilmente discutibles: no son instituciones destinadas a distribuir la riqueza mundial, la solidaridad no está entre sus prioridades y el principio democrático que rige su actuación se expresa mediante la fórmula de un dólar, un voto.Las instituciones de Bretton Woods nacieron hace 50 años en un mundo muy distinto al de hoy. Actualmente la democracia pluralista -para satisfacción de organizaciones que, como la UGT, han defendido esta clase de régimen y han luchado por su establecimiento dentro y fuera de España- ha alcanzado una aceptación casi universal como mejor forma para regir los Estados. Un mundo caracterizado por la desaparición de los bloques político-militares, la liberalización comercial internacional, la libre circulación de capitales y empresas, el progreso de las comunicaciones, la desregulación financiera y la hipertrofia en los mercados especulativos. En este contexto, estas instituciones se han quedado un tanto anticuadas. Pero en todo caso, si las instituciones de Bretton Woods quieren servir a los objetivos de lograr altos niveles de empleo y de ingreso real en todo el mundo, tal y como aparece en sus estatutos, deberían introducir cambios fundamentales en su línea de actuación.

Pero al margen de orígenes, objetivos y resultados, hemos de coincidir en que para la mayoría de la gente de la calle, hablar de Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial es hablar de las dificultades de los países pobres con su deuda exterior y de recomendaciones constantes a políticas de ajuste donde la creación de empleo y los aspectos sociales aparecen siempre como una variable residual.

Incluso en los últimos tiempos, el Fondo Monetario Internacional ha dado una vuelta más a la tuerca e incide de manera insistente en la necesidad de privatizar al máximo, desregular el mercado de trabajo y disminuir los programas de protección social. Son muchos años repitiendo las mismas reglas, y muchos los años en los que estas políticas se practican y sin embargo de cada' crisis salimos con un nivel de desempleo muy superior al de, la anterior y sin solucionar a nivel global los graves problemas sociales de fondo.

En los países pobres estas políticas se concretan mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural en aras de la modernización, mientras que en los países industrializados esta modernización consiste en aproximarse a las condiciones de vida y de trabajo y a los niveles salariales de los tercermundistas para ser competitivos en los mercados mundiales.

Para hablar del caso concreto de nuestro país, en España las orientaciones del Fondo Monetario Internacional han formado parte a menudo de los objetivos de política económica y sus resultados en términos de empleo son por todos conocidos. Sin duda, los defensores más apasionados del liberalismo económico dirán que el problema es que no se han planteado estas políticas con toda su dureza, que no se termina de confiar todo al mercado, que el sector público sigue ocupando una gran parte de nuestra economía, que hay que reducir el gasto social, que los salarios no están suficientemente disciplinados o que la desregulación de nuestro mercado de trabajo ha sido muy tímida, pero lo cierto es que por sus resultados estas políticas no han funcionado en ninguna parte y los problemas de desempleo son cada vez mayores en España, en Europa y en el mundo, al tiempo que el ideario del liberalismo económico penetraba con fuerza en los objetivos de política económica de la mayoría de los Gobiernos.

En nuestro país, según el cuadro macroeconómico del Gobierno para 1995, la economía crecerá un 2,8% en términos reales y sin embargo la tasa de paro se situará a final del periodo alrededor del 24%, es decir, en términos similares a los de 1994 y ello después de una reforma del mercado laboral que iba a aumentar considerablemente, nos decían, las posibilidades de empleo de nuestra economía.

Eso sí, ahora tenemos un 24% de desempleo, sobre una población activa muy reducida, con un 40% de temporalidad en el sector privado y una fuerte desregulación de nuestro mercado de trabajo, y todavía el Fondo nos dice, que hay que insistir en la prioridad de reducir la inflación y el déficit, en disminuir salarios, en instaurar el despido libre y en un mayor recorte de los gastos sociales. Por ello, no es de extrañar que cada vez que el FMI recomienda algo para nuestro país, las personas comprometidas con una política progresista y que colocamos el pleno empleo como una prioridad irrenunciable, encendamos la señal de alarma.

En lo relativo a los países del llamado tercer mundo, las políticas aplicadas, siguiendo las recomendaciones de las instituciones de Bretton Woods, no han resuelto los males endémicos que padecen estos países, sino que en la mayoría de los casos han contribuido a agravarlos. A pesar de que las recetas propuestas por estos organismos. se presentan como las únicas posibles, especialmente después de la desaparición de los bloques, la miseria, el hambre, las epidemias, el analfabetismo, son escenas de la vida cotidiana para millones de personas. Al tiempo, los desequilibrios no dejan de aumentar: cada vez se profundiza más la brecha entre el Norte y el Sur, y se agudizan las diferencias sociales dentro de los países.Son los sectores más débiles de estos países los que han tenido que pagar la factura de las políticas de ajuste y desregulación, que han conllevado la reducción de las prestaciones sociales y la regresión de las condiciones de trabajo, a la vez que continúan utilizándose métodos represivos para contener las lógicas protestas de los trabajadores y los sindicatos, produciéndose en muchos casos sistemáticas violaciones de los derechos humanos y sindicales, denunciadas por diferentes asociaciones internacionales y especialmente por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. La asistencia de estas instituciones debería estar condicionada al respeto de la democracia y de los derechos humanos y deberían centrarse mucho más en las necesidades básicas, entre ellas la educación y la salud, ya que además de ser socialmente importantes preven los recursos humanos necesarios para el desarrollo.Dichas políticas de ajuste fueron impuestas por el FMI con el fin de garantizar que estos países dedicaran todos sus esfuerzos al servicio de la deuda. La obligación de cumplir los compromisos con el Fondo ha supuesto un enorme sacrificio para las economías de los países pobres,, los cuales, teniendo en cuenta las condiciones draconianas impuestas para la concesión de créditos, terminan pagando mucho más de lo que han recibido. Se produce así un trasvase de recursos desde el Sur hacia el Norte, cuando debería ser lo contrario.Teniendo en cuenta que no existen instancias políticas democráticas a nivel internacional que intervengan en el control de estas decisiones, los Gobiernos no deberían escudarse en supuestas recetas neutrales a la hora de tomar medidas que afectan a todos los ciudadanos y que, a menudo, se presentan en los discursos oficiales como indiscutibles, sin considerar otras alternativas.

Es indudable que deben establecerse nuevas reglas en las relaciones internacionales que permitan a los países más pobres salir del subdesarrollo y la miseria. Estas relaciones deben basarse en la solidaridad, y no en una competencia desmedida por ganar mercados, reduciendo las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. Son necesarias políticas para aumentar la demanda global y para garantizar altos niveles de empleo.

Para que se establezca una democracia plena y se pueda garantizar la paz, deben llevarse a cabo medidas que favorezcan la aproximación de los niveles de desarrollo y la cohesión entre las diferentes zonas del mundo. Éste es, sin duda, un camino largo y difícil, pero necesario en el fúturo. Una de estas medidas debe ser la utilización por parte de los países ricos del 0,7% del PIB para la cooperación al desarrollo, tal como recomienda Naciones Unidas y defienden diferentes colectivos y organizaciones polítícas y sindicales, entre ellas la UGT, así como la condonación de la deuda a los países más necesitados.

Por otra parte, as instituciones encargadas de regular las relaciones econórnicas internacionales deberían ser controladas democráticamente, con la, plena participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones, ya que en la actualidad funcionan como una sociedad anónima donde el país más poderoso del mundo tiene, en la práctica, derecho de veto. En, este sentido, tal vez una propuesta a considerar sería hacer depender estas instituciones del control de Naciones Unidas. Ciertamente, las transformaciones que se están produciendo en el mundo requieren respuestas nuevas, que trascienden el ámbito del Estado y precisamente por ello se deben poner en marcha normas para que el establecimiento de las reglas de juego no quede en manos de unos pocos, sino que se haga con la participación de todos.