Dudas y objetivos

LA POLíTICA presupuestaria es uno de los pocos instrumentos que les quedan a los Gobiernos para definir y alcanzar algunos de sus objetivos. En un entorno de tan elevada integración económica y financiera internacional como el actual, la capacidad de los Gobiernos para llevar a cabo políticas macroeconómicas autónomas es escasa, incluso en las decisiones de exacción de ingresos públicos y de realización de los gastos. En las circunstancias actuales, ese margen de maniobra de los Gobiernos se encuentra además limitado por los elevados déficit públicos que desde la década pasada registran la casi totalidad de los países industrializados. El resultado es ese volumen de deuda pública, también situado en cotas excepcionales, que va absorbiendo una parte cada vez mayor del gasto en concepto de intereses. La percepción de las implicaciones adversas derivadas de unas finanzas públicas descontroladas sobre la estabilidad de las economías ha llevado a los Gobiernos de la OCDE a mantener como prioridad la consolidación fiscal. Los mercados financieros llevan meses ilustrando, con su exigencia de elevadas remuneraciones a los títulos de deuda pública, los efectos más adversos de esa situación. El caso español vuelve a ser lamentablemente representativo. Es poco probable que el proyecto de Presupuestos del Gobierno sea recibido favorablemente por esos mercados.El presidente del Gobierno, en su intervención televisiva del jueves, hizo uso de sus habilidades pedagógicas para transmitir los propósitos de ese proyecto, pero no señaló si con él se asegura de forma efectiva el necesario saneamiento de las finanzas públicas. Tampoco explicó las consecuencias -sobre el propio déficit, sobre la deuda pública y sobre la inflación- de los propuestos aumentos del gasto público y los impuestos. El aumento de los impuestos indirectos in crementará la inflación, probablemente en mayor me dida que la prevista por el Gobierno. Las esperanzas de mayor rigor pueden frustrarse y acabar en mera pretensión de contentar a unos y otros y en serias dudas sobre la voluntad y la capacidad de las autoridades para reducir los desequilibrios. Tan importante como transmitir a los beneficiarios, de algunas ventajas incorporadas en ese proyecto -empresarios, pensionistas, funcionarios- la buena nueva es asegurar que las ventajas se mantendrán más allá de la vigencia del Presupuesto y que son compatibles con el saneamiento de las finanzas públicas.

No son menores las dudas acerca de la capacidad para cumplir con lo presupuestado, que vienen avaladas por la experiencia, pese a la considerable mejora del último año. La ejecución presupuestaria no ha estado marcada precisamente por el rigor. A la memoria vienen algunos dictámenes del Tribunal de Cuentas en los que se han denunciado prácticas que dejan en mal lugar al Parlamento, que cada año aprueba la ley presupuestaria.

El Gobierno deberá explicar al Parlamento la compatibilidad. entre esos Presupuestos y los objetivos del programa de convergencia. También ha de explicar cómo va a distribuir justamente el esfuerzo fiscal. Y la oposición está obligada a demostrar que disponen de alternativas viables para administrar esas finanzas públicas atendiendo a los intereses generales. Las descalificaciones globales a las que se dedican frecuentemente algunos de los portavoces de los partidos de la oposición resultan ya casi menos creíbles que algunas de las piruetas macroeconómicas que suele realizar el Gobierno cuando llega septiembre.